SAN SALVADOR (apro).- Los salvadoreños recibieron el 2012 sin mucho entusiasmo. La razón: los altos niveles de inseguridad y la crisis económica. El más pequeño país de América continental es considerado de los más peligrosos del mundo. Registra asesinatos como si estuviera en la guerra que quedó en la historia 20 años atrás. El 2011 terminó con 4 mil 354 asesinatos. La cifra es superior a la del año previo, cuando se contabilizaron 3 mil 987 homicidios agravados. Es decir, en 2011 se cometieron 367 asesinatos más que en 2010. Organismos de Naciones Unidas (ONU) en reiterados estudios sitúan a El Salvador como uno de los tres países más violentos e inseguros del mundo, junto con las también naciones centroamericanas Guatemala y Honduras. El gobierno, el primero de izquierda que dirige los destinos de esta pequeña nación, prometió mejorar la seguridad pública. Sin embargo, la situación es más grave que nunca. El presidente Mauricio Funes destituyó en noviembre pasado al ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar; quitó de la conducción del Gabinete de Seguridad a quien se considera su brazo derecho y mentor político: Hato Hasbún. Finalmente, en los últimos días de diciembre destituyó al director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Linares. Los tres funcionarios apartados de puestos clave de la seguridad pública pertenecen al exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad partido de gobierno en El Salvador. En el Ministerio de Justicia y Seguridad, y como coordinador del Gabinete de Seguridad, Funes designó al exgeneral David Munguía y en la OIE se especula que nombrará a alguien de confianza de Munguía. Las destituciones de Melgar y Linares, así como el apartar a Hasbún de la coordinación de todo el sistema de seguridad no le ha caído en gracia al partido de gobierno, el FMLN, y se han dado protestas de líderes exguerrilleros, quienes constantemente han estado midiendo fuerzas con el presidente Funes en distintas materias políticas. “Manodurismo” También se especula que habrá cambios en la Policía Nacional Civil (PNC), que se manifestarán en renuncias o en destituciones. Y entre las filas de la PNC hay malestar ante la eventualidad de que un exmilitar llegue a la coordinación del Sistema de Seguridad y se retorne al fracasado “manodurismo” en la lucha contra la violencia criminal, por lo que el cambio en la PNC es delicado y Funes tratará de no desarticular toda la estructura policial. El “manodurismo” en los dos últimos gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fue un método político-mediático para bajar los niveles de la percepción de inseguridad que manifestaba la población. Ello es lo que en la actualidad se está implementando con capturas masivas de supuestos pandilleros; retenes con soldados fuertemente armados y rostros enmascarados en la carreteras del país; más presencia de soldados y policías en las calles. Lo cierto es que el partido izquierdista resiente los fracasos y el déficit en la gestión de Funes, lo cual le está restando simpatías con vistas a las próximas elecciones para alcaldes y diputados en marzo de 2012. En recientes encuestas de opinión, el partido ARENA ya está por encima del FMLN en cuanto a apoyos. De ganar ARENA las elecciones de 2012, estaría abonando terreno para las presidenciales de 2014, lo que le permitiría retornar al poder que perdió frente a su máximo y antagónico rival: la exguerrilla izquierdista. Estabilidad o estancamiento Por otra parte, el gobierno de El Salvador publicó a finales del año pasado un comunicado en el que celebra que la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor´s mantenga la calificación de la deuda salvadoreña en BB-. El título de dicha comunicación era El Salvador mantiene la estabilidad económica. “El Salvador cierra 2011 con una perspectiva de estabilidad macroeconómica gracias a la acción responsable del gobierno con el cumplimiento de las metas fiscales, según la calificadora Standard & Poor's Ratings”, dice la nota de prensa de Casa Presidencial. Hace poco menos de un año la misma agencia rebajó la nota de la deuda salvadoreña. El gobierno señaló entonces que entre las razones esgrimidas había tintes políticos. En aquella ocasión, la calificadora argumentó que el clima de división política entre el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN creaba incertidumbre en los inversionistas, razón por la cual rebajaba la calificación de BB a BB-. “El problema es que algunos técnicos, algunos miembros de esas calificadoras, tienen un claro sesgo ideológico. Entonces se van a escuchar sólo lo que quieren oír. Pero sin entrar en polémica, nosotros no compartimos esas calificaciones porque creemos que no han sido suficientemente objetivos con base en la realidad”, dijo sobre esa rebaja el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia, en una entrevista a un medio local. En esta ocasión, Standard & Poor´s también hizo referencia al clima político en el país, aunque más que a la polarización entre gobierno y partido oficial, se refiere a la que existe en la Asamblea Legislativa, que según la agencia demora las reformas necesarias tendentes, desde su punto de vista, hacia una mayor flexibilización de las reglas del juego económico en el país. Asimismo, la calificadora apuntó que si en las elecciones legislativas del próximo mes de marzo esa polarización se profundiza, será aún más difícil la toma de decisiones y que esas reformas se hagan realidad, algo que podría afectar a la calificación de la deuda soberana. Standard & Poor´s señala que el déficit del Estado salvadoreño fue en 2011 de alrededor de 4% del PIB, mientras que pronostica que en 2012 bajará hasta 3.2%. También registró el crecimiento de poco más de un punto del PIB en 2011 y previó un desempeño similar en 2012, señalando que El Salvador ha sido uno de los países más impactados por la crisis económica mundial que se inició en 2008. Entre los aspectos positivos que destaca el informe de Standard & Poor´s están la firma del Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos, la reciente aprobación de la reforma del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en general la hoja de ruta que para las medidas económicas del gobierno supone el Acuerdo de Stand By que el gobierno firmó en 2009 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el comunicado del gobierno, estas consideraciones de la calificadora coinciden con las expresadas por la misión del FMI que estuvo recientemente en el país haciendo la evaluación periódica que establece el Acuerdo de Stand By. El comunicado afirma que en su último informe el FMI “expresó su satisfacción por el compromiso del gobierno con el cumplimiento de las metas fiscales y su responsabilidad con el manejo de los fondos públicos”. También la Corporación del Reto del Milenio tomó en cuenta ese buen hacer de la administración Funes para conceder un segundo ciclo de ayudas al país, señala finalmente el comunicado.