El diputado Avila denuncia: la impunidad del Ejército forma del pacto de transición. La Contraloría General de Chile comprueba graves desvíos económicos en la Fuerza Aérea, pero su comandante en jefe no renuncia

SANTIAGO DE CHILE.- “La impunidad se ha entronizado de tal manera en Chile, que ni siquiera la confirmación de graves denuncias acerca de irregularidades en el manejo de los fondos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que comprometen a su comandante en jefe, general Fernando Rojas Vender, es suficiente para propiciar su salida de ese cargo”, afirma el diputado Nelson Avila, amenazado de muerte por cursar esas denuncias.
El parlamentario del Partido Por la Democracia (PPD) –integrante de la coalición de gobierno– agrega que la inercia del Ministerio de Defensa ante sus denuncias, y pese a que ha sido constatado por la Contraloría General de la República, “parece formar parte del pacto implícito de la transición, que deja a las Fuerzas Armadas manejar los recursos presupuestarios sin interferencias. El Ejecutivo dispone de herramientas legales para actuar, pero no lo hace. El presidente (Eduardo) Frei posee atribuciones para actuar cuando se observa un comportamiento como éste, pero no las usa”.
Una alta fuente de inteligencia advirtió a Avila sobre la existencia de un plan para atentar contra su vida, por lo cual el gobierno le otorgó protección policial.

La piedra en el zapato

Las denuncias de Avila contra la FACH comenzaron en mayo de 1998 y aún no terminan. El diputado denunció la internación ilegal en el país de 23 cajas caratuladas como “pertrechos” que, sin embargo, contenían muebles de ratán destinados a una casa de veraneo del comandante Rojas Vender. Al entrar como “pertrechos”, esos muebles no fueron sometidos a fiscalización aduanera y, en consecuencia, no pagaron los impuestos correspondientes (Proceso 1135)
En julio de 1998, Avila denunció que otros 300 bultos habían entrado ilegalmente, también consignados como “pertrechos” por la FACH y que contenían whisky, perfumes franceses y artículos para deportes náuticos, incluyendo motos acuáticas. Ese mismo mes denunció irregularidades en la compra de equipos de comando y control conjunto de las Fuerzas Armadas, como parte del llamado “Proyecto Atlas”.
Otra denuncia del legislador se relacionó con la internación –también en calidad de “pertrechos”–, de 2 millones 246 mil kilos de carne argentina, con un costo superior a siete millones de dólares. De esa carne –internada entre julio de 1996 y julio de 1998– apenas 12% fue destinado a la alimentación de los efectivos de la FACH, mientras el resto fue comercializado por funcionarios de esa institución (Proceso 1137).
Según un informe de la Contraloría, “los antecedentes fueron remitidos al servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas para los fines pertinentes”.
Nuevas denuncias de Nelson Avila provocaron otra investigación de la Contraloría General de la República, que determinó que Conrado Ariztía O’Brien, amigo personal del general Rojas Vender, se ha beneficiado de diversas adquisiciones de la FACH al actuar como intermediario. Aunque es civil, Ariztía actúa como nexo entre la institución armada y sus proveedores.
La investigación demostró también la instalación de cortinas y el “alhajamiento” del hospital institucional por la empresa Corel Ltda., propiedad de Elizabeth Nordheimer Fernández, esposa de Ariztía.
Avila denunció, además, la compra por la FACH de pasajes aéreos por un millón 224 mil dólares para viajes al extranjero y otros 530 mil dólares en viajes nacionales. Esas compras se hicieron a la empresa Exprinter S.A., con la que la FACH opera, sin contrato, desde 1990. Una de las funcionarias de Exprinter a cargo de esas operaciones es Paulina Rojas Sotta, hija de Rojas Vender.
Las múltiples denuncias de Avila produjeron, en 1998, la renuncia de dos generales de la FACH: Eitel Von Müllenbrock y Ettore Rossi. Sin embargo, el general Rojas Vender, máxima autoridad de esa institución, está empeñado en no dejar su cargo hasta julio próximo, según calendario preestablecido.
Al respecto, Avila dice: “Es increíble que ante denuncias tan graves y su comprobación, el responsable máximo de la FACH no deje su cargo, que es lo que ocurriría en cualquier país del mundo en Estado de derecho”.
Y exige: “El gobierno debiera dar una señal muy nítida en cuanto a que no se va a pasar por alto esta situación tan grave. Estoy convencido de que las responsabilidades mayores radican en el comandante en jefe de la FACH. Ningún jefe de servicio puede justificarse en subalternos, como ya lo hizo Rojas Vender con los generales Von Müllenbrock y Rossi. Con su permanencia en el cargo, Rojas Vender hace a su institución un daño difícil de reparar”.
Informe comprometedor

El informe de la Contraloría asienta que los montos de las adquisiciones de la FACH realizadas con intermediación de Ariztía O’Brien entre agosto de 1995 y junio de 1998, ascienden a más de 15 millones de dólares, lo que habría redituado un beneficio de alrededor de un millón de dólares para el intermediario. Al menos parte de estos negocios se habría hecho con fondos de la Ley Reservada Nº 13.196, los que sólo pueden utilizarse mediante decreto supremo.
Respecto del “alhajamiento” del hospital institucional, se confirma la existencia del “Proyecto Magneto” adjudicado a Corel Ltda. por un total de alrededor de 200 mil dólares. Y agrega el informe: “Utilizando similar procedimiento, esto es, sin solicitar cotizaciones a otros proveedores, se adjudicó posteriormente a la misma firma la provisión e instalación de cortinas para las dependencias de 1º y 2º pisos del hospital”.
El informe señala también la constatación de un pago de 11 millones de pesos –equivalentes a 24 mil dólares– por concepto de “un proyecto de diseño, coordinación y supervisión del alhajamiento” del centro asistencial a la misma empresa Corel.
La Contraloría exigió el reembolso de esta última cantidad al  erario nacional.
Acerca de los boletos de avión comprados a Exprinter, la Contraloría confirma las cifras de Avila, pero aclara que corresponden sólo a 54.26% de los boletos al exterior y a 97.48 de los boletos nacionales comprados por la FACH entre 1995 y 1996.
Respecto de la carne argentina, el informe habría confirmado que fue ingresada al país como “pertrechos”, que tuvo un costo superior a los siete millones de dólares y que el Estado habría dejado de percibir más de dos millones de dólares por concepto de impuestos de aduana y de IVA, dado que la carne fue comercializada con particulares.
Sobre el informe, el acusador asegura: “El texto confirma a cabalidad mis denuncias sobre la responsabilidad del comandante en jefe, general Fernando Rojas Vender, en los hechos denunciados. La civilidad debe hacer fuerzas para que alguien tome cartas en el asunto, porque tengo la impresión de que en cierto ámbito del aparato del Estado se forma parte de los pactos implícitos en nuestra transición para que no se investigue”.

El gobierno, cauteloso

El lunes 8 de marzo, el presidente Eduardo Frei se reunió en privado con el general (retirado) Ramón Vega, predecesor de Rojas Vender en la Comandancia en jefe de la FACH y actual senador designado. Aunque no se informó sobre lo tratado en ese encuentro, se da por descontado que fue acerca de la situación que afecta a la institución armada por el informe de Contraloría General de la República.
La reunión se dio en medio de insistentes rumores acerca de negociaciones entre el gobierno y la FACH para una renuncia anticipada y pactada de Rojas Vender. Nada se ha dicho oficialmente. Una alta fuente gubernamental declaró al vespertino La Hora: “Aquí dentro existe la sensación de que el general Rojas Vender debió haber renunciado”. Otras fuentes informaron que la situación de Rojas Vender es cada vez más insostenible dado que el informe de la Contraloría es concluyente respecto de su responsabilidad en los hechos denunciados por Avila. Sin embargo, el gobierno aún no define su posición frente a estos hechos.
El miércoles 10 el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, se reunió durante varias horas, en la Academia de Guerra de la FACH, con Rojas Vender y otros integrantes del alto mando de la FACH. El tema central tuvo que ser el informe de Contraloría y la posible renuncia anticipada de Rojas Vender.
Como es costumbre, al término de esa reunión Guzmán evitó referirse a lo tratado con el alto mando de la FACH, pero anticipó “el pleno respaldo del gobierno a la gestión del comandante en jefe de la FACH, general Fernando Rojas Vender, quien ha tenido un comportamiento que corresponde a lo que tiene que hacer cuando hay denuncias en esta materia”. Agregó que el general “se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa e inmediatamente ha iniciado los procedimientos que corresponden”.
Ante estos comentarios del ministro, Avila criticó: “La consecuencia más grave de una actitud como ésta es que deja en la ciudadanía y en la opinión pública la sensación de que la impunidad es una norma. Esto consagró a la impunidad”.
La posibilidad de un retiro anticipado de Rojas Vender fue descartada por Guzmán, quien reiteró que su período constitucional concluye el 31 de julio próximo.
Avila considera que el gobierno tiene miedo de pedir la renuncia a Rojas Vender porque podría repetirse una situación ocurrida en 1994, cuando el presidente Patricio Aylwin pidió la renuncia al entonces director general de Carabineros –policía militarizada–, general Rodolfo Stange, quien se limitó a responder públicamente: “No me voy”. Y no lo hizo.
Lo anterior, porque la Constitución vigente, que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, establece la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. Todo indica que Frei no quiere enfrentar el bochorno de su antecesor.
El diputado Avila insiste en que no renunciará a la función fiscalizadora para la cual fue elegido y reelegido por voto popular. Por ahora circula con custodia policial, además de tener asesores de inteligencia que le han indicado un cambio en su rutina diaria, todo esto a raíz de informes confiables acerca de un plan para acallarlo definitivamente.

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