Una comisión de expertos internacionales concluye que en Chile persisten obstáculos para juzgar a Pinochet

SANTIAGO DE CHILE.- Si de impunidad en Chile se trata, Augusto Pinochet es la prueba viviente: acusado de miles de crímenes contra la humanidad cometidos dentro y fuera de Chile, contra chilenos y extranjeros, espera el fallo de los lores que debaten su “inmunidad soberana como exjefe de Estado”, argumento que apoya el gobierno chileno.
Si tal inmunidad es reconocida, Pinochet regresará a Chile y seguirá amparado en su Constitución, en su fuero parlamentario como “senador vitalicio” y en la obsecuencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente ya ha hecho público su apoyo al exdictador.
Por lo anterior, una delegación de tres integrantes de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos viajó a Chile, donde permaneció entre el miércoles 3 y el miércoles 10 de marzo. Su misión fue investigar si aquí existen reales posibilidades de juzgar a Pinochet por genocidio, secuestro y tortura.
Como se sabe, la defensa de Pinochet en Londres ha reivindicado la territorialidad de la justicia chilena para delitos cometidos en Chile.
Las conclusiones a que llegó esta delegación fueron en el sentido de que existen innumerables obstáculos para juzgar a Pinochet en Chile, sin que puedan revertirse en el corto plazo.
Aunque el informe final será entregado en abril próximo, la delegación anticipó estos conceptos en conferencia de prensa realizada en Santiago, el miércoles 10.
Entre los impedimentos para juzgar a Pinochet en Chile, mencionaron la Ley de Amnistía de 1978, la interpretación excluyente de la justicia civil por la justicia militar y el fuero parlamentario del exdictador.
El secretario general de la Federación, el francés Claude Katz, enfatizó que el principal obstáculo para hacer justicia en el caso Pinochet es la Constitución de 1980, a la que calificó como “un decreto-ley”, ya que consagra un Senado que tiene como misión clave impedir que se realicen reformas constitucionales que permitan terminar con los obstáculos para impartir real justicia.
Explicó que la composición del Senado, con senadores designados, es decir, no elegidos por voto popular, y la incorporación a partir de 1998 del propio Pinochet en calidad de senador vitalicio, hablan por sí mismas, y que la composición de la Corte Suprema también es determinante, dado que algunos de sus miembros fueron nombrados durante el régimen militar.
Como confirmación de lo anterior, la Corte Suprema anunció el jueves 11 que rechazó el exhorto del juez español Baltasar Garzón para bloquear las cuenta bancarias de Pinochet y su familia en Chile, con la finalidad de que los fondos depositados en ellas fueran destinados a pagar indemnizaciones a las víctimas de sus crímenes.
Katz añadió que constataron la existencia de una “presión considerable” de las Fuerzas Armadas, expresada en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que en materia de justicia se traduce en una falta de independencia de los tres poderes del Estado.
La delegación estuvo integrada también por el español Antonio Doñate y el argentino Juan Carlos Capurro.
Las conclusiones definitivas de esta delegación serán dadas a conocer simultáneamente en París, Madrid y Buenos Aires. Previamente, el informe será enviado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, la cual dedicará una sesión especial a Chile el 24 de marzo.
La Federación Internacional de las Ligas por los Derechos Humanos, junto a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional Suiza, son las más importantes en la materia. Actúa por misiones y observaciones judiciales, de las cuales ha realizado mil 100 desde su creación. Cuenta con 103 ligas asociadas en 86 países, entre ellas la Corporación de Promoción y Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU), de Chile, que preside la abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado canciller Orlando Letelier.
Durante su misión en Chile, los delegados se entrevistaron con el canciller José Miguel Insulza, los subsecretarios de Justicia y del Interior, el director de Gendarmería, el juez Juan Guzmán Tapia –quien tiene a su cargo la investigación de 19 querellas en contra de Pinochet–, representantes de organismos defensores de derechos humanos y de partidos políticos, con excepción del derechista Renovación Nacional, que concedió la cita para una fecha posterior a la partida de los delegados. Otro tanto ocurrió con la Fundación Pinochet.
La única autoridad que no les concedió audiencia fue precisamente el presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, quien se excusó argumentando no tener tiempo.

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