PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Puebla rechazó los señalamientos que hizo en su contra el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en el sentido de que limita el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública. En un comunicado, la Secretaría de Finanzas asegura que la información gubernamental del gasto público y la recaudación fiscal es pública y gratuita en esta entidad. Y agrega que en la página de Internet del gobierno del estado (http://transparencia.puebla.gob.mx/AnalisisFinanciero/pdfs/NOVIEMBRE_2011.pdf.) se detalla información al respecto. “Aquí se pueden encontrar los ingresos detallados por tipo de impuesto. Los provenientes de derechos y productos por secretaría, los derivados de multas y recargos, las participaciones obtenidas por cada uno de sus fondos, los incentivos económicos a los que se hace acreedora la hacienda pública estatal, los recursos de aportaciones federales y por convenios”, señala el texto. Precisa que en materia de egresos, “la información se desglosa por capítulo de gasto, señalando el ejercicio en servicios personales, materiales y suministros; servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; inversión pública, inversión financiera, participaciones a municipios, aportaciones e intereses; comisiones y otros gastos de la deuda pública”. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, con la publicación de la información financiera en forma mensual, el gobierno del estado se apega a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. No obstante, admite que en caso de que el ciudadano requiera documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, deberá pagar por las copias certificadas correspondientes, “cuyo costo es equivalente a los recursos humanos, materiales y servicios que se canalizan para procesar dicha solicitud y así garantizar que son copia fiel de los documentos originales, por ejemplo, del documento que comprueba la distribución de participaciones a municipios”. Además, justifica que esa disposición en la Ley de Ingresos no es nueva y data del año 2009. Añade: “En caso de que un ciudadano no quiera pagar el costo de las copias certificadas, tiene la opción de acceder a la información en las oficinas de gobierno donde se resguardan dichos documentos”. En lo que respecta a una posible acción de inconstitucionalidad, el gobierno de Rafael Moreno Valle dice respetar la libertad que tienen los organismos y ciudadanos de inconformarse ante las autoridades, “por lo que, en su caso, se dirimirán las diferencias ante las instancias legales correspondientes”. La víspera, el IFAI respaldó la solicitud que hizo la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información (Comaip), para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República promuevan la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos para 2012, donde se establece que la información fiscal y presupuestaria sólo podrá obtenerse mediante solicitud expresa y pago de 80 pesos por foja. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C. (Amedi) señaló que desde el pasado 23 de noviembre hizo un llamado al Congreso local para que evitara la aprobación de ambos artículos de la Ley de Ingresos de 2012, en virtud de que –subrayó– son atentatorios al Artículo 6º constitucional. “Recuperando una redacción de la Ley de Ingresos 2011, el artículo 73 de la Ley de Ingresos 2012 prevé que la información y la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público, así como la relativa a la operación recaudatoria y las resoluciones de carácter fiscal, se entregará al solicitante únicamente en forma impresa y certificada, previo el pago de los derechos correspondientes, que en este caso asciende a 80 pesos por hoja”, precisó la Amedi-Puebla. Por lo que toca al artículo 76, obliga al solicitante a acreditarse con Clave Única de Registro de Población (CURP), “lo que inhibe también el ejercicio del derecho de acceso a la información”. La Asamblea Popular de Pueblos de Puebla (APPP) también se sumó a los señalamientos sobre la opacidad que ha prevalecido en el gobierno de Moreno Valle. En particular, los activistas demandaron información sobre los gastos que ha realizado la actual administración para promover en los medios la imagen del gobernador, so pretexto de su primer informe de gobierno.