MONTERREY, N.L. (apro).- Activistas y ciudadanos se reunieron esta mañana frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia en el caso de sus familiares desaparecidos y que ese ilícito sea inscrito en el Código Penal de la entidad. Convocados por la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), unas 50 personas llevaron mantas, pancartas y cartelones con los nombres de familiares y personas que han desaparecido en los últimos años en Nuevo León. En la Explanada de los Héroes, detrás de una gran manta que decía “Desaparecidos, ¿dónde están? Justicia”, los manifestantes se quejaron del retraso que hay en las investigaciones para esclarecer las ausencias. En otra manta, cubierta con fotografías de secuestrados, denunciaron: “Han transcurrido 233 días desde la primera reunión con la Procuraduría estatal y a la fecha no se ha encontrado a nadie”. El texto se refería a la reunión que el procurador Adrián de la Garza sostuvo el 8 de junio pasado con el poeta Javier Sicilia e integrantes de la Caravana por la Paz, en que las autoridades se comprometieron a reactivar expedientes de desapariciones en la entidad. También se quejaron de que en el Congreso local los legisladores se abstuvieron de hacer de la desaparición forzada una ley, como lo propuso Cadhac en mayo de 2011. La religiosa Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac, explicó que este delito contiene tres elementos: privación ilegal de la libertad, aquiescencia del Estado y negación a dar información sobre el paradero de la persona. La activista recordó que después de presentar la iniciativa, la Comisión de Justicia del Congreso de Nuevo León creó mesas de trabajo en las que participaron representantes de los tres niveles de gobierno, sociedad civil y hasta un representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la iniciativa fue congelada y Cadhac teme que los legisladores la modifiquen para atenuarla y entonces sí aprobarla, lo que le restaría la efectividad buscada. Hasta ahora, aclara, las desapariciones forzadas son únicamente tratadas legalmente como privaciones ilegales de la libertad, lo que deslinda del hecho a las autoridades involucradas. Al finalizar la protesta, ningún funcionario de gobierno recibió a los inconformes. En entrevista, Morales Elizondo dijo que si bien Cadhac y familiares de desaparecidos han tenido reuniones periódicas con diputados y PGJE, “aún no se palpa la justicia y los desaparecidos siguen ausentes”.