MÉXICO, 27 de enero (apro).- China es desde hace años el escenario de un particular tipo de turismo: el de trasplantes de órganos. En uno de los últimos bastiones del comunismo, un ciudadano extranjero puede encontrar en unos pocos días el riñón, el hígado o el corazón por el que en su país tendría que esperar meses o años. Desde noviembre de 2006, Huang Jiefu, viceministro chino de Salud, ha aceptado en varias ocasiones que la mayoría de los órganos trasplantados provienen de prisioneros ejecutados. Por ejemplo, en marzo de 2010, durante una conferencia sobre donación y trasplante de órganos que se realizó en Madrid, Huang reconoció que 90% de los órganos trasplantados se extraen de ejecutados. Admitió que ello “no cumple con las prácticas estándar internacionales ni éticas”, por lo que su país preparaba “una posible prohibición de la pena de muerte” que le dejaría sin órganos, según publicó el diario El País el 23 de marzo de 2010. En ese ámbito, China supera con creces a Estados Unidos. De hecho, el gigante asiático es el país que más aplica la pena capital, incluso para delitos no violentos, como la evasión fiscal. Algunas organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos sostienen que detrás del lucrativo negocio de la venta de órganos (un trasplante de corazón o de pulmón cuesta más de 150 mil dólares) se oculta una realidad más siniestra: el asesinato de presos políticos o de conciencia, particularmente los practicantes de Falun Gong, para extraerles los órganos y trasplantarlos. Esa es la conclusión a la que llegaron los abogados canadienses David Kilgour y David Matas, quienes en 2006 iniciaron una investigación a partir de la denuncia presentada en este sentido por los miembros Falun Gong. Esta disciplina espiritual, que mezcla ejercicios físicos y de meditación de la escuela budista con elementos de la tradición filosófico-religiosa del taoísmo, fue fundada en 1991 por Li Hongzhi, y en poco tiempo alcanzó una espectacular expansión en China. En 1999 sus practicantes, que aseguran ser entre 70 millones y 100 millones en todo el mundo, la mayor parte de ellos en el país comunista, comenzaron a ser duramente reprimidos por el régimen de Beijing, que califica a Falun Gong, también denominada Falun Dafa, como una secta maligna. Desde entonces, miembros de esta disciplina han denunciado que cientos de miles de seguidores han sido detenidos e internados en centros de detención o “campos de reeducación”, donde se les tortura física y psicológicamente para que renuncien a sus creencias, se les somete a trabajos forzados y a algunos de ellos, afirman, se les ejecuta sin condena para extraerles órganos. “Extracciones forzadas” La práctica de torturas y de sometimiento a trabajos forzados está ampliamente documentada y ha sido denunciada por todo tipo de organismos internacionales de derechos humanos, desde la ONU hasta Amnistía Internacional, con base en las denuncias de miles de sobrevivientes de estos centros de detención, muchos de los cuales se han exiliado. Sin embargo, el tema de la extracción forzada de órganos es más peliagudo y más difícil de comprobar, ya que, obviamente, es una práctica de la que no hay sobrevivientes. David Kilgour, exviceministro de Estado de Canadá, y David Matas, abogado canadiense especializado en derechos humanos, iniciaron una investigación sobre este tema en 2006. “Cuando empezamos a investigar, Matas y yo pensamos que íbamos a descubrir que no estaba pasando, pero cuanto más avanzábamos, más convencidos estábamos de que estaba sucediendo”, afirma en entrevista con el reportero Kilgour, quien desde la publicación de su primer informe al respecto, en julio de 2006, se ha dedicado, junto con su colega, a denunciar en todo el mundo la extracción forzada de órganos de los adeptos de Falun Gong y a buscar más pruebas y testimonios que corroboren su acusaciones. Él y Matas recopilaron en 2009 las conclusiones de sus pesquisas ampliadas en el libro Bloody harvest (“Cosecha sangrienta”) y en 2010 fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz. El primer hecho que llamó la atención de los dos abogados canadienses es que la cifra de trasplantes en China creció exponencialmente a partir, precisamente, del inicio de la represión de Falun Gong, pese a que las ejecuciones en ese país se han mantenido estables de acuerdo con los datos de observadores independientes, ya que Beijing no ofrece cifras oficiales. Como subraya en entrevista con Apro Alejandro Centurión, de la ONG Médicos contra la Extracción Forzada de Órganos (DAFOH, por su sigla en inglés), con sede en Washington, “China es una cultura adversa a la donación de órganos”, pues la gran mayoría de sus habitantes cree en la reencarnación y es reacia a la idea de dejarse alguna de las partes de su cuerpo en el tránsito de una vida a otra. Pese a esto, “es, con alrededor 10 mil trasplantes al año, el segundo país con más trasplantes del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos”, agrega Centurión. Pero esto no ha sido siempre así. En los seis años anteriores al inicio de la persecución contra Falun Gong, entre 1994 y 1999, China registró un total de 18 mil 500 trasplantes. En los seis años siguientes, de 2000 a 2005, la cifra se triplicó: 60 mil. Todo ello, destaca Kilgour, sin la existencia de un programa de donación de órganos para promover esta práctica. El gobierno chino admitió en 2006 que 95% de los donantes eran presos condenados a muerte. Sólo el restante 5% de los órganos provenía de familiares o donantes voluntarios. Algunas ONG cifran el número de ejecuciones anuales en unas 8 mil, pero deducen esa cantidad precisamente a partir del número de trasplantes, ya que el régimen comunista es totalmente opaco a la hora de informar sobre la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, esta metodología no ofrece ninguna explicación al brusco incremento de operaciones que se produjo a partir de 1999. Otros organismos, como Amnistía Internacional, calculan que la cifra se mantiene en promedio en unos mil 700 reos ajusticiados al año. Por lo tanto, una vez sumado el 5% de donantes voluntarios, ¿de dónde sale el resto de órganos hasta llegar a los 10 mil? “De los 60 mil trasplantes de órganos que, de acuerdo con un portavoz, fueron efectuados entre 1999 y 205”, responde Kilgour. Expone: “Matas y yo restamos aquellos que provenían de personas reportadas como criminales ejecutados y otras fuentes de órganos tradicionales, y sobraban 41 mil 500 casos”. Tras recopilar datos y testimonios, y después de atar cabos, “concluimos que provenían de prisioneros practicantes de Falun Gong”, añade. Desde que esta práctica espiritual quedó proscrita, sus seguidores han estado acudiendo a Beijing para protestar y manifestar que el Falun Dafa no es una secta, sino algo inocuo para la sociedad. Miles de ellos han sido arrestados y llevados a centros de detención o campos de reeducación. Allí pueden estar detenidos hasta cuatro años sin ningún tipo de sentencia ni acusación formal. Son forzados a realizar productos artesanales que luego son comercializados, incluso en el extranjero, y presionados, muchas veces mediante la tortura, para que renuncien a sus prácticas firmando un documento en el que denuncien a Falun Gong. Algunas organizaciones de derechos humanos ha identificado este tipo de centros repartidos por todo el país con capacidad para varios cientos de miles de personas. La mayoría de los internos son adeptos de Falun Gong, pero también criminales comunes y miembros de otros grupos perseguidos por el régimen comunista, como la minoría étnica uigur o los tibetanos. De acuerdo con testimonios expresos, al cabo de un tiempo los practicantes de Falun Dafa son liberados y enviados a sus regiones de origen, donde se informa a las autoridades locales, que continúan con la presión sobre aquellos que no hayan renunciado a sus creencias. Son vueltos a detener con frecuencia y sus familias y amistades pueden sufrir represalias, como ser despedidos de sus trabajos o no poder asistir a la escuela. Por ello, muchos de ellos se niegan a proporcionar sus nombres a la policía al ser arrestados, y son identificados en los centros de detención con un número. Así pues, existe un gran número, imposible de calcular, de prisioneros cuyas familias no pudieron conocer su paradero y de los que no se ha podido seguir el rastro y saber si han sido puestos en libertad o no. Testimonios Kilgour y Matas recopilaron testimonios de exreos que fueron testigos de que en ciertos centros a veces se llevaban a cabo pruebas médicas y exámenes de sangre de los internos, pero únicamente de los de Falun Gong. Esto desconcertaba a los prisioneros, pues no encajaba con las torturas o los malos tratos a los que eran sometidos habitualmente. Algunos sospechaban que podía ser para futuros trasplantes, pues para llevarlos a cabo es necesario comprobar la compatibilidad de la sangre y de los tejidos del donante y el receptor, por lo que intentaban negarse a dichos procedimientos. Paralelamente, como muestran las cifras oficiales, el número de trasplantes de órganos se ha multiplicado sin una causa aparente que lo justificara. Varios hospitales chinos ofrecen órganos desde hace años. Y la efectividad de sus servicios es desconcertante para los estándares del resto de países, pese a que muchos de éstos cuentan con programas de donación de órganos. “En los países occidentales, en general el tiempo de trasplante para hígado y riñón es de dos a cinco años. En China es de una o dos semanas y en algunos casos de días”, señala Centurión. “Un paciente llamaba y decía que quería un órgano y le respondían: ‘venga en una semana’ o ‘venga a hacerse unos análisis y se lo hacemos’”, relata. Kilgour y Matas entrevistaron a diversos pacientes de otros países que se habían sometido a un trasplante en China. Estos les contaron que, por un nada popular precio (27 mil dólares por un riñón, por ejemplo), les hicieron pruebas de compatibilidad en hospitales chinos con hasta cuatro riñones en dos semanas o les encontraban un riñón a los dos días de haberse puesto en contacto con un intermediario o incluso el mismo día de ingreso en un hospital. Entre las pruebas recogidas por los dos investigadores canadienses, que tuvieron que llevar a cabo sus averiguaciones fuera de China, porque nunca recibieron permiso para entrar en el país, también hay llamadas telefónicas encubiertas a hospitales chinos haciéndose pasar por pacientes interesados en un trasplante. Varios centros les ofrecían órganos en un breve plazo de tiempo. Y cuando los falsos enfermos les pedían expresamente órganos procedentes de adeptos de Falun Gong, la respuesta era afirmativa. Los seguidores de Falun Gong practican ejercicios y meditación rutinariamente y tienen un estilo de vida particularmente sano, pues esa es una de las bases de su filosofía, por lo que sus órganos son muy apreciados en China. “Nosotros gozamos de una mejor salud. Normalmente no fumamos, no bebemos alcohol. Por eso la gente pide órganos de practicantes de Falun Gong”, explica Liwei Fu, una ciudadana taiwanesa presidenta de la Asociación Falun Dafa en Buenos Aires. En el citado libro de Kilgour y Matas aparece una llamada falsa al Centro de Trasplantes de órganos de la Universidad de Medicina de Zhengzhou, en la provincia de Henan (en el este de China). Esta llamada se hizo en el marco de la investigación de los dos canadienses. Un doctor que se identificó como Wang no se sorprendió cuando le pidieron específicamente un órgano proveniente de un adepto de Falun Gong. Más bien al contrario. “He oído que los riñones de los practicantes de Falun Gong son mejores. ¿Tiene de este tipo?”, pregunta el supuesto cliente. “Sí, sí, elegimos riñones jóvenes y saludables”, le responde el médico. “¿Es del tipo de los que practican eso del Falun Gong?”. “Respecto a eso, puede usted quedarse tranquilo. Disculpe que no le pueda decir más por teléfono”. Pero para Kilgour la prueba más contundente de la ejecución, sin condena de por medio, de presos de Falun Gong para extraerles los órganos, es el testimonio de una exiliada que estaba empleada como enfermera de un hospital de Sujiatun, en la provincia de Liaoning (al nordeste de China), en el que también su exmarido trabajaba como cirujano. La mujer, a la que identifica sólo como ?Annie”, como medida de protección, le contó que su exesposo le había confesado que entre 2001 y 2003 extrajo cientos de córneas de presos de Falun Gong. El procedimiento, tal como el doctor le explicó a su mujer, era tan sencillo como macabro, y coincide con otros testimonios aislados de extracción de órganos de condenados a muerte. La víctima era inyectada con algo que le causaba un paro cardiaco. Pero aunque su corazón dejaba de latir, seguía teniendo actividad cerebral. Es decir, técnicamente seguía viva. Después de extraerle los órganos, el cuerpo era incinerado en el crematorio del hospital. Nadie reclamaba los cadáveres porque se desconocían sus identidades. El testimonio de Annie ha sido puesto en duda por algunos organismos relacionados con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en China, pero Kilgour lo considera verídico y coherente respecto de otros testimonios en lo referente a la extracción de órganos de ejecutados. El investigador reconoce que en 2007, después de que el gobierno chino aprobó una nueva ley que prohibía la venta de órganos, se redujo considerablemente el número de trasplantes, pero al año siguiente la cifra volvió a recuperarse. Además, atribuyó ese bajón más bien a otra legislación recién aprobada que establecía que a partir de ese momento todas las condenas a muerte debían ser revisadas por el Tribunal Supremo del Pueblo, lo que retrasó muchas ejecuciones. Lo que sí se ha mantenido, admite, es una reducción del “turismo de trasplantes”. “Los chinos que necesitan trasplantes estaban furiosos de tener que esperar meses e incluso años para ser trasplantados, mientras la prioridad la recibían los extranjeros. Así que las prioridades tuvieron que cambiar a fin de manejar el descontento local”, asegura Kilgour. Aun así, dice, siguió encontrando ofertas de órganos en páginas de Internet de hospitales dirigidas a clientes de otros países, escritas en inglés y en árabe. “Pruebas endebles” Kilgour, que ha tenido que desarrollar toda su investigación en otros países, ya que el régimen comunista chino no les ha autorizado a él ni a Matas a entrar en el país, se queja amargamente de que el gigante asiático utiliza su emergente poderío económico para presionar a otros países y poner en sordina las denuncias del horrible crimen que supone matar a miles de personas para robarles sus órganos. A la vez, el régimen chino continúa con su feroz ataque contra Falun Dafa, mediante la represión interior y mediante la propaganda en el exterior. “Ellos detestan particularmente a Falun Gong, porque está en toda China. No es un cristianismo importado. Ni es como los tibetanos, que están circunscritos sólo a una parte del país. Falun Gong está en todos los estratos de la sociedad, todas las edades, todos los contextos sociales: diplomáticos, soldados, miembros del Partido Comunista... Lo consideran un enemigo interno”, afirma. “En China hay una mezcla de totalitarismo político y un capitalismo caníbal. Y esa combinación da este tipo de resultados”, critica Kilgour, que mantiene junto con Matas una lucha casi quijotesca por demostrar al mundo que el país asiático está utilizando a los presos de conciencia de Falun Gong como donantes forzados de órganos. El régimen chino lo niega vehementemente. En julio de 2006, tras la primera publicación de la investigación de Kilgour y Matas, la embajada china en Canadá emitió dos comunicados rechazando sus conclusiones. En ambos comunicados dijo textualmente: “China se ha atenido a los relevantes principios rectores de la Organización Mundial de la Salud suscritos en 1991, prohibiendo la venta de órganos humanos y estipulando que debe obtenerse previamente el consentimiento de los donantes y que éstos pueden rechazar la donación hasta el último minuto”. Además, “China ha promulgado una reglamentación de los trasplantes de órganos humanos que prohíbe explícitamente la venta de órganos y establece un conjunto de normas médicas para el trasplante de órganos en un intento de garantizar la seguridad médica y la salud de los pacientes”. El 30 de mayo de 2007, durante un simposio de trasplante de órganos en Tel Aviv, la embajada china en Israel dijo en otro comunicado que el informe de Kilgour y Matas contenía “pruebas verbales sin fuentes, testigos no comprobables y una gran cantidad de observaciones basadas en palabras como ‘probablemente’, ‘posiblemente’, ‘quizás’ y ‘se dice que’. Todo esto sólo puede poner en tela de juicio la verdad del informe”. Sin embargo, mientras el gobierno chino mantenga el hermetismo y no dé información sobre su récord en la aplicación de la pena capital y expliqué de dónde provienen los órganos que trasplanta, persistirá la sospecha.