MADRID, (apro).- Baltasar Garzón dijo que como juez estaba “obligado” e hizo “lo que tenía que hacer” al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Argumentó que lo hizo porque existió un “plan sistemático de exterminio” con detenciones ilegales, torturas y desaparición forzadas en el contexto de crímenes contra la humanidad durante la dictadura, lo que lo convierte, subrayó, en un “delito continuado” de acuerdo con las leyes internacionales. Garzón rechazó que su decisión tuviera una motivación ideológica --“los jueces no estamos para ideologías”, dijo--, o de protagonismo porque, reiteró, actuó como lo ha hecho en muchos otros casos. Antes, al inicio de la vista oral de hoy, el Tribunal Supremo rechazó todas las cuestiones previas planteadas por su defensa, a cargo de Gonzalo Martínez-Fresneda, y por el fiscal de ese alto tribunal, Luis Navajas, lo que implicó la continuación del juicio contra Garzón, que lo enfrentaría a una pena de 20 años de inhabilitación, por presuntamente cometer el delito de prevaricación (tomar una decisión judicial a sabiendas que es injusta). Antes y después de la sesión, el equipo de Garzón se mostró pesimista ante esta decisión del Tribunal Supremo, porque la Sala respaldó la instrucción del juez Luciano Varela, cuestionado por la defensa y por el fiscal que consideran que su actuación había sido “insólita” e “insostenible”. Varela, quien ha dado una inusual celeridad a la causa contra Garzón, fue criticado por Garzón porque, en su opinión, orientó y corrigió los distintos escritos de la parte acusadora, las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad. Pese a las evidencias aportadas, la Sala resolvió que al margen de los “excesos” denunciados, los hechos no tienen “entidad material suficiente” para declarar la nulidad del juicio, como lo pidieron el día 24 tanto la defensa del juez Garzón como el fiscal Navajas. Garzón se negó a responder a las preguntas del abogado de la acusación, por “no estar legitimada” para estar en el juicio. Al responder a preguntas de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, Garzón mantuvo la tesis de sus autos judiciales, al advertir que la desaparición forzada de más de 114 mil personas en un contexto de crímenes contra la humanidad “es un delito permanente”. Consideró que luego de recibir el caso por el sorteo de la Audiencia Nacional, era su “obligación” investigar las denuncias de los familiares de las víctimas. Y consideró que existen similitudes en la forma de actuar del régimen dictatorial español con los “crímenes de guerra nazis”, instrucción que tramita el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Subrayó que en este caso, contradictoriamente, la fiscalía no se opuso a abrir dicha investigación. También se refirió la Ley de Amnistía de 1977, que sus acusadores aducen violentó, al apuntar que no violó esa ley, porque en ningún caso los crímenes contra la humanidad tienen este carácter político. Recordó que los delitos de lesa humanidad tienen permanencia en el tiempo y se siguen produciendo, sin importar el momento en que haya iniciado dicho delito, porque sus efectos no cesan, por ello, dijo, no fue necesario recurrir a la Ley de Amnistía en la causa judicial por la que se le acusa. Familiares de víctimas del franquismo recibieron a Garzón a la entrada del Tribunal Supremo, con pancartas, consignas de apoyo y aplausos. Como en sesiones anteriores, Garzón estuvo acompañado por sus antiguos compañeros de la Audiencia Nacional, los jueces Fernando Andreu y Santiago Pedraz, así como la fiscal Dolores Delgado. El juicio contra Garzón continúa este miércoles 1, con la declaración de testigos.