Aunque la Comisión Federal de Competencia rechazó la fusión entre Televisa y Iusacell, no todo está escrito. Falta conocer el dictamen final y es probable que el duopolio televisivo apele exitosamente la decisión del órgano regulador. En toda esta maraña de leyes, reglamentos y regulaciones se advierte un afán de gatopardismo: que todo cambie para que todo permanezca. Los mismos monopolios, las mismas prácticas que lesionan el interés de los consumidores, los mismos abusos… La noche del pasado 24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC), sólo se tenía claro que dos comisionados votarían contra la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos a favor. Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC y Rodrigo Morales Elcoro, integrantes de ese organismo desde el sexenio anterior y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos –como la megamulta contra Telcel por mil millones de dólares–no querían apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50% de las acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista principal de TV Azteca. Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafusión”: Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (Proceso1838). Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron a la CFC en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron –a favor de la fusión– que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, deCarlos Slim. Curiosamente ambos también votaron contra la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1840, ya en circulación)