El “tamaulipazo”, hacia otro ridículo

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las acusaciones no son nuevas. Desde hace años se sabe de las veleidades de los exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de sus negocios y de sus presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico sin que nunca haya prosperado ninguna denuncia en su contra. Ahora, la “infidencia” de un empleado de la SCT que motivó al gobierno federal a admitir su tamaulipazo –es decir, que los tres están bajo investigación desde 2009–, ha servido para lo mismo: para nada y para poner en ridículo, una vez más, al gobierno de Felipe Calderón.

Fue a raíz de una infidencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que el gobierno federal terminó por admitir que desde 2009 comenzó a investigar a los exmandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado.

Las indagatorias que implican a los tres antecesores del gobernador Egidio Torre Cantú incluyen los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, así como el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010.

Apenas se conoció la noticia, la dirigencia nacional del PRI y su precandidato presidencial Enrique Peña Nieto declararon que se trata de una declaración de guerra. El propósito, dijeron, es minar las posibilidades del partido de recuperar la Presidencia de la República; incluso advirtieron que es posible que haya más denuncias de este tipo contra otros priistas.

Eugenio Hernández Flores insiste en que se trata de golpes mediáticos que pueden poner en riesgo la elección presidencial. Asegura que no sólo enrarecen el ambiente político, sino que buscan polarizar más a la sociedad y desestabilizar el país, afectado ya por la violencia exacerbada y el narcotráfico.

No obstante la reacción del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a los tres exmandatarios desde hace años por actos de corrupción, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas.

Asimismo, reportes obtenidos por este semanario indican que en Estados Unidos se comenzó a investigar a Yarrington Ruvalcaba en 2002, cuando aún era gobernador, por su presunta participación en un negocio con Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo (Proceso 1397).

El lunes 30 de enero por la mañana, varios medios informaron sobre un oficio que la PGR remitió el día 13 a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para comunicarle que los tres exmandatarios priistas y alrededor de 50 allegados suyos y familiares no podían abandonar el país.

Jaime Carranza, comandante del aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, envió el 30 de enero un escrito al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que solicitaba su apoyo “para no autorizar la salida del país a los ciudadanos incluidos en el oficio de la PGR”.

Al día siguiente, Carranza fue destituido por el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, por “extralimitarse en sus funciones”, pues la orden no era impedirles la salida del país, sino sólo reportar sus entradas y salidas.

Horas después, la PGR confirmó que Cavazos, Yarrington y Hernández estaban siendo investigados por la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, en tanto que Reforma informó sobre una averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) abierta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los tres exmandatarios.

Según el documento, la indagatoria se inició en enero de 2009, luego de la captura en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los fundadores de Los Zetas. El detenido declaró que entre 1998 y 1999 trabajó en Tamaulipas como agente comisionado de la extinta Policía Judicial Federal y que durante ese lapso protegió a Cárdenas Guillén.

Testigo protegido por autoridades de México y de Estados Unidos en el juicio que se realizó contra Cárdenas Guillén en el vecino país, Soto Parra expuso también que Cavazos, Yarrington y Hernández incluso realizaron varios viajes para encontrarse con el líder del cártel del Golfo.

 

Viejas querellas

 

El jueves 2, La Jornada destacó que a raíz de las declaraciones de Soto Parra se iniciaron tres indagatorias más que abrió la SIEDO. Una de ellas, radicada en Matamoros, en realidad se reinició, pues desde 2007 había denuncias sobre la presunta vinculación de funcionarios de la administración de Hernández Flores con el crimen organizado.

La segunda está relacionada con el asesinato de Rodolfo Torre y la tercera es contra Cavazos Lerma por la designación, en 1993, de Raúl Morales como subprocurador, pese a que era abogado del mítico narcotraficante Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego, fundador del cártel del Golfo.

El viernes 3, Reforma informó que, según la averiguación de la SIEDO, Cavazos, Yarrington y Hernández hicieron negocios millonarios con la construcción de casas a través de prestanombres pero con dinero de Los Zetas y del cártel del Golfo.

Los tratos, indica el documento, iniciaron en 2002, durante la gestión de Yarrington, a través de Mohamed Farough Fatemi, un empresario de 35 años. El mandatario compró en Altamira una superficie de 250 hectáreas por las que sólo pagó 15 pesos por unidad para diseñar un complejo residencial a la orilla del mar con el concurso de Constructora Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon.

Mohamed Farough es ubicado como uno de los prestanombres de los tres exgobernadores; los otros son Fernando Cano Martínez y Óscar Gómez Guerra, cuñado de Hernández Flores.

Y pese a que en la indagatoria de la PGR (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) se citan tres averiguaciones integradas en una sola, en varios momentos los tres exmandatarios han sido mencionados en otras investigaciones por denuncias diversas en las que se les acusa de haber permitido la incidencia de los cárteles del narcotráfico en procesos electorales de Tamaulipas.

En el caso de Yarrington, las denuncias en su contra datan incluso de 1998, cuando el abogado José Luis González Meza y el embajador de México en Nicaragua, José Puente León, presentaron una en su contra ante la PGR (expediente 146/DGMPE-EB/98), en la que lo acusaban de “tráfico de influencias y lavado de dinero proveniente del cártel de Osiel Cárdenas Guillén”.

El 1 de febrero de 2005, inmerso Tamaulipas en una ola de violencia creciente, Reforma publicó un desplegado en el que un presunto empresario tamaulipeco (Rogelio Villa García) acusaba a Yarrington de estar vinculado con Cárdenas Guillén:

“Durante el gobierno de Yarrington se reestructuró, creció y fortaleció a un nivel muy elevado el cártel de Osiel Cárdenas”. Y se cuestionaba: “¿financia al exgobernante en su pretensión de ser considerado uno de los prospectos del PRI a la candidatura presidencial?”.

Yarrington, quien ya había terminado su gestión, declaró que el documento era un infundio. El firmante del desplegado, Villa García, nunca fue localizado (Proceso 1475).

Al año siguiente, José Antonio Guajardo Anzaldúa, candidato del PT al ayuntamiento de Río Bravo, denunció la intromisión del cártel del Golfo en el proceso de elecciones municipales. Fue asesinado el 29 de noviembre de 2006. En esa ocasión el gobernador Hernández Flores logró que el PRI ganara la mayoría de las alcaldías y las diputaciones locales.

 

Es una campaña mediática

 

La semana pasada, cuando se supo que Cavazos, Hernández y Yarrington eran investigados por la PGR, este último escribió en su cuenta de Twitter:

“Me entero de que mi nombre aparece en un alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”. El reportero intentó localizarlo para conocer su posición. Yarrington nunca contestó el teléfono.

Cavazos Lerma, candidato del PRI a senador, declaró el martes 31 que hasta el momento no había sido notificado de la investigación; aseguró que se trata de una estrategia del gobierno de Felipe Calderón “con intenciones político-electorales”.

“Los de enfrente –arguyó– están utilizando la guerra sucia para subir en las encuestas. Si no les funciona, entonces van a dar el siguiente paso, que es la guerra negra; es decir, la crispación, el enfrentamiento y la violencia.”

Según Cavazos, es sospechoso que ahora el gobierno panista saque a relucir esta investigación, sobre todo porque, aclaró, él dejó la gubernatura hace 13 años. Y retó: “El que nada debe, nada teme”.

Hernández Flores tiene reseca la boca y pide agua cuando empieza la entrevista con Proceso. Asegura que está tranquilo y, al igual que sus dos correligionarios, insiste en que se trata de una medida mediática en contra del PRI: “Estoy limpio –dice–. No me voy a amparar, no voy a huir”.

Admite, sin embargo, que sabía que en 2009 fue denunciado junto con Yarrington y Cavazos por un panista que presentó la demanda ante la PGR vía internet, no por Soto Parra. Pero se trató de un escopetazo, comenta, pues no aportó ningún elemento de prueba, ningún soporte jurídico o legal.

Mientras se realiza la entrevista, el precandidato presidencial de su partido, Enrique Peña Nieto, estaba en Tamaulipas en un evento en el que refrendó su apoyo a Cavazos, aunque aclaró que no defenderá a nadie, pues cada uno de los acusados debe defenderse conforme a la ley. Hernández dice que su caso no impacta al PRI ni a Peña Nieto.

El exmandatario evita aludir de manera directa al cártel del Golfo y a Los Zetas; sólo habla del “crimen organizado” y se refiere a sus dirigentes como “esas personas”, “esos señores”.

Durante la entrevista Hernández Flores insiste en que es inocente. Dice también que antes de dejar la gubernatura habló con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien le confirmó que sí había una investigación en su contra. Desde entonces, asegura, no ha sido llamado a declarar.

Pero cuando el reportero le pregunta sobre los tres atentados que sufrió, de su supuesto encuentro con Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, quien al parecer lo golpeó, de que su hermano Eduardo también fue golpeado por los narcos y de que habían matado a algunos de sus caballos, Hernández Flores toma más agua y demora la respuesta. Al final dice.

–Todo eso es absolutamente falso. Nunca hubo un atentado contra mí ni contra miembros de mi familia; jamás tuve comunicación con esas personas. Fui muy cuidadoso en estos temas, me cuidé en extremo porque tenía claro que no debía hacerlo y que no me fueran a culpar por eso; fui intachable en mi sexenio y afortunadamente mis caballos están bien, nunca hubo un atentado o un ataque contra alguna de mis propiedades. Son falsas esas aseveraciones; totalmente falsas.

–¿Tampoco contra su familia, porque hay una versión de que su hermano Eduardo fue golpeado por uno de esos grupos criminales y usted lo llevó al hospital?

–No, para nada. Afortunadamente nunca tuvimos esos problemas. Hubo otras amenazas, pero las normales, en el ejercicio del poder; nada fuera de eso. A finales de 2008 mi esposa sufrió una balacera, fue atacada por la Policía Federal en Ciudad Victoria. Afortunadamente no pasó a mayores.

“Me llamó el presidente de la República para atenuar las cosas, me mandaron a personal de la Policía Federal a disculparse. Yo entendí que fue una equivocación”..

–¿No teme que se agarren de aquellos mensajes del cártel del Golfo en los que lo acusaban de ser miembro de Los Zetas y le llamaban Z-1?

–Pues yo no sé de esos mensajes. A mí no me llegaron este tipo de acusaciones. ¿Quién dijo eso? –pregunta Hernández Flores.

–Salieron en Tamaulipas hace unos años…

–No, no. A mí nunca me han involucrado en ese tipo de acusaciones; jamás me han involucrado. Siempre actué dentro de la ley: como gobernador hice un gran esfuerzo para combatir eso. Desgraciadamente esos esfuerzos conjuntos con la federación no han dado los resultados que todos quisiéramos.

–¿Es cierto que no quería declarar por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú?

–Cuando mataron a nuestro candidato en 2010, la procuraduría estatal inició la investigación. Días después la PGR atrajo la investigación. Yo les dije que quería declarar porque podría aportar algunos elementos; era importante mi declaración. Así lo hice, siendo gobernador. Declaré por escrito a la PGR, así debe constar en el expediente.

–¿Está pensando en un amparo?

–No. Vamos a ver primero de qué se trata. Yo estoy muy tranquilo y quiero que resalte eso. Fui muy cuidadoso de hacer todo dentro de la legalidad. He sido empresario desde 1982. En ese ámbito soy exitoso y eso me ha permitido tener recursos. Tengo justificados todos y cada uno de mis bienes; tengo plenamente apoyado cualquier tipo de situación financiera.

–¿Está usted limpio?

–Estoy limpio y listo para ir a declarar. Estoy listo para aclarar cualquier tipo de situación ante la PGR o cualquier institución que así me lo requiera.

–¿No se va esconder, no se va amparar?

–No, no me voy a esconder. Por el momento quiero saber cuál es mi situación jurídica. De qué se nos acusa (Yarrington, a Cavazos y a mí) o de qué se nos puede acusar.

E insiste: “No van a encontrar nada. Lo peligroso es que usen los dimes y diretes de los testigos protegidos, una figura desgastada, desacreditada que nuestro sistema judicial debe revisar”.

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José Gil Olmos, reportero desde 1998. Colaboró en el periódico El Nacional y en el diario La Jornada. Desde el 2001 es reportero de la revista Proceso. Es autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte la virgen de los olvidados, Los reporteros mexicanos en la guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán.

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