Un grupo de sobrevivientes de la familia juarense Reyes Salazar, algunos de cuyos miembros fueron asesinados por el Ejército, consiguieron asilo político en Estados Unidos. El gobierno de ese país finalmente comprobó que corren peligro en México, ya que militares y policías pretenden silenciar sus críticas y sus exigencias de justicia para cada una de las víctimas de sus abusos. MÉXICO, D.F. (apro).- Recibió la noticia el 23 de enero, sólo cuatro días después de que el gobierno de Estados Unidos aprobó su solicitud de asilo. Ahora Saúl Reyes Salazar, su esposa y sus tres hijos tienen una esperanza de vida. En México dejan media familia: sus muertos, sepultados en el panteón del Valle de Guadalupe, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron asesinados por el Ejército Mexicano a partir de 2008, cuando invadieron el pueblo escudados en la guerra contra el narcotráfico. Con su anuencia, el gobierno de Estados Unidos reconoció que los Reyes Salazar han sido activistas sociales y defensores de los derechos humanos desde los años noventa. El asilo implica también que en México la vida de esta familia es amenazada por el gobierno en su afán de acallar sus críticas. Entrevistado en San Francisco, California, Saúl Reyes revela la mezcla de sentimientos que lo invadió al enterarse: “No es el proyecto de vida que tenía planeado, pero insistir en quedarme significaba morir, abandonar mis sueños. Es verdad que la vida te quita, pero también te da. Debía asumir la oportunidad que me estaba ofreciendo de continuar, aunque fuera por un camino diferente. Abandoné todo. Hay que empezar, pero no importa ¡Estoy vivo!”. Su esposa, sus tres hijos y él tenían visas estadunidenses. El 4 de abril del año pasado decidieron abandonar México. En El Paso, Texas, se presentaron con el abogado experto en asilos políticos Carlos Spector, quien meses antes obtuvo la aprobación de refugio para la activista Cipriana Jurado. En la solicitud que envió a la oficina de asilo político del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, el litigante expuso: “Saúl Reyes y su familia tienen un miedo fundado de persecución por ser miembros de un grupo social particular (defensores de derechos humanos). Específicamente, creen que existe una posibilidad razonable de ser perseguidos por el Ejército Mexicano y la Policía Federal mexicana como resultado de su activismo político desde 1998, cuando él y su familia participaban enérgicamente en la organización de una serie de demostraciones y protestas en contra de la Policía y del Ejército por abusos recibidos (de estos cuerpos armados).” Señala que ese mismo año, con otros miembros de su comunidad y activistas políticos de los dos países, participaron en el bloqueo del Puente de las Américas, localizado entre Ciudad Juárez y El Paso. Además, Saúl Reyes y su familia fueron miembros del grupo que con manifestaciones y protestas lograron que en octubre de 1998 el estado de Texas cancelara la construcción de un basurero nuclear en la Sierra Blanca. Recuerda que “muchos de los miembros de su familia, amigos y colegas han sido asesinados como consecuencia de su desenvolvimiento político: Julio César Reyes Salazar (sobrino, asesinado en noviembre de 2008); así como sus hermanos: Josefina (muerta el 30 de enero de 2010), Rubén (muerto el 18 de agosto de 2010), María Magdalena y Elías (ejecutados el 7 de febrero de 2011) y Luisa Ornelas de Reyes (cuñada, muerta el 7 de febrero de 2011). También señala a los activistas sociales Marisela Escobedo (asesinada el 16 de diciembre de 2010), Armando Villarreal Martha (muerto el 23 de marzo de 2008) y a Manuel Arroyo Galván (muerto el 29 de mayo de 2009)”. En su parte final, la solicitud de asilo, cuya copia tiene Proceso, es contundente: “La familia Reyes y/o los defensores mexicanos de derechos humanos y activistas que el gobierno mexicano no hace (por) o no puede proteger, tienen un miedo bien fundado de persecución pasada y futura… La familia Reyes ha sido perseguida, amenazada y acosada por los militares mexicanos por su opinión y activismo político. Miembros de la familia, colegas y amigos han sido brutalmente asesinados…”. Finalmente, a finales de enero la USCIS le notificó que los Reyes Salazar son elegibles para recibir asilo en Estados Unidos. El exterminio   “Con el veredicto, Estados Unidos reconoce que existen motivos suficientes para que yo reciba la protección de las leyes de su país, por el riesgo que corre mi vida en México. Ello, sustentado en todos los crímenes cometidos en contra de mi familia y el riesgo latente con que vivimos por las amenazas de muerte recibidas”, explica Saúl Reyes. En marzo de 2008, con el pretexto de combatir al narcotráfico, el Ejército empezó a cometer abusos, saqueos, desapariciones forzadas y torturas en el Valle de Juárez. “Ante las injusticias, apoyada por toda la familia y cientos de personas más, mi hermana Josefina empezó un movimiento a favor de la desmilitarización –relata Reyes–. Los soldados allanaron su casa en varias ocasiones. En una, en agosto de 2008, el Ejército se llevó a su hijo Miguel Ángel, acusado de pertenecer al cártel de Juárez. Lo tuvieron desaparecido y ella exigía que se le juzgara legalmente. Al final lo soltaron. “Un mes después, en noviembre, su hijo Julio César fue asesinado durante una boda, a 50 metros de un vehículo militar. Los soldados declararon que no vieron ni escucharon nada, ¡era imposible!” La familia exigió la aclaración del caso y Josefina –quien durante años exigió que se castigaran los feminicidios de Ciudad Juárez– no dudó en denunciar el crimen en instancias internacionales. El 4 de septiembre de 2009 su hijo Miguel Ángel, El Sapo, fue detenido nuevamente por militares, junto con Rodolfo Escajeda, El Riquín, identificado como uno de los principales operadores de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Hasta la fecha no se le ha dictado sentencia a Miguel Ángel, preso en un penal de Tamaulipas. Saúl Reyes afirma que Josefina no quiso saber más de él: “Está el registro del penal. No lo visitaba”. Josefina empezó a recibir amenazas. Delincuentes del Valle de Juárez repartieron volantes para exigir que la activista abandonara el pueblo; le daban 24 horas o la asesinarían. Ella se mudó a Juárez y siguió con su labor social hasta el 3 de enero de 2010, cuando fue asesinada: “Por la carretera, en el ejido El Sauzal, se encontraba en su negocio de venta de barbacoa. Varios hombres trataron de secuestrarla, ella se resistió y le dispararon”. Sus hermanos Saúl, Rubén, Elías, Marisela y Olga continuaban exigiendo al gobierno del estado y al federal que atrajeran el caso de Josefina y de su hijo Julio para castigar a los asesinos. Aún en duelo, el 18 de agosto del mismo año, la familia recibió otro golpe. Un comando intentó levantar a Rubén, quien opuso resistencia. Lo ejecutaron. “En los meses que siguieron –dice Saúl– continuamos exigiendo justicia. Elías dio una entrevista al programa Punto de Partida, fue muy duro en sus críticas al gobierno. A los pocos días fue secuestrado junto con su esposa Luisa Ornelas y mi hermana María Magdalena. Ellas viajaban en una camioneta junto con mi mamá (doña Sara). Cinco kilómetros antes de llegar a Guadalupe, una camioneta bloqueaba la carretera. Hombres encapuchados bajaron del vehículo a Luisa, a doña Sara y a su nieta.” En la edición 1791 de Proceso doña Sara narró que le pidió a los sujetos que dejaran a Elías y quiso sacar de la camioneta a Madgalena, pero no pudo porque estaba desmayada. “Subieron a Luisa, cerraron la puerta y se subió uno a manejar. Nomás vimos mi niña y yo cómo arrancaron las camionetas”, contó. Prosigue Saúl: “De ahí iniciamos un plantón frente a la Fiscalía del Estado en Ciudad Juárez y presentamos la denuncia por desaparición forzada, pero ahí se negaron, querían levantarla por extravío de personas. Estuvimos hasta el día 15 sin que tuviéramos ningún resultado por parte de las autoridades. Decidimos trasladar una parte del plantón a la Ciudad de México, frente al Palacio de Minería. Haríamos una huelga como medida de presión. A las cuatro de la tarde anunciamos esa movilización y a las ocho incendiaron la casa de mi mamá, que se encuentra a 80 metros de un retén militar en Guadalupe. “Nosotros continuamos con el Plantón en Minería y acudimos a la Cámara de Senadores; ahí nos visitó el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y le exigimos justicia. Dos días después, un sobrino encontró los cuerpos de Elías, Luisa y María Magdalena. Estaban torturados. Habían sido sepultados entre cal. Cuando la presión fue mucha en Chihuahua y en la Ciudad de México, las autoridades iniciaron un rastreo. Fue cuando los desenterraron para que pudiéramos encontrarlos.” Después la amenaza se abatió sobre ellos: “Trasladamos los cuerpos a Ciudad Juárez, fui a identificarlos –relata Saúl–. Hicimos el servicio funerario frente a la fiscalía, los sepultamos en el panteón de Guadalupe y, a nuestro regreso a Juárez, recibimos llamadas a nuestros celulares, algunas provenientes del teléfono que llevaba mi hermano al ser secuestrado. Eran amenazas de muerte, nos decían que no entendíamos, que no nos callábamos la boca, que si continuábamos hablando seguíamos nosotros, que nos cortarían la cabeza. Las llamadas duraron dos o tres días, pero no podíamos esperar mucho tiempo a entender el mensaje: era muy claro lo que nos estaba pasando como para no creerlo”. La familia se refugió en la Ciudad de México. En dos meses que permanecieron ocultos no sintieron la protección del gobierno federal: sólo les dieron un teléfono celular para que llamaran en caso de que se sintieran en peligro. Por eso se dispersaron. Algunos están exiliados en El Paso, otros en Oklahoma u otros lugares. “Fue el exterminio de la familia”, afirma Saúl. En junio de ese año llegó a El Paso la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que se incorporó una de las hermanas Reyes. Días antes, el lunes 13, Saúl declaró que la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia era la “caravana de la esperanza”: “Es el sueño de todos los asilados. Yo quiero volver a llevar flores a la tumba de mis hermanos”. Dos días después de su declaración, las cruces de las tumbas de sus hermanos, su cuñada y su sobrino fueron arrancadas. Unas aparecieron tiradas cerca de un destacamento militar y otras en un cruce vial. Ahora, dice Saúl, “estoy en una situación en la que puedo empezar a hacer planes. Mi vida va a cambiar totalmente. En México abandonamos las propiedades, los negocios, media familia en el panteón… pero ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante y de trabajar. De una esperanza de vida diferente, pero no significa que olvidemos lo que dejamos porque el gobierno mexicano tiene pendiente una deuda con nosotros: investigar qué sucedió. Lo más probable es que sigan criminalizando a mi familia, conocemos al gobierno mexicano y sabemos de lo que es capaz. –¿De qué? –se le pregunta. –De ensuciar la memoria de las personas, de negarse a cumplir con su compromiso de seguridad. Y es capaz de soltar asesinos confesos, como en el caso de Rubí Frayre Escobedo. A diferencia de Saúl, su sobrino Jorge Reyes, el hijo de 19 años de María Magdalena –su hermana asesinada el 7 de febrero de 2011– no tenía visa. Solicitó asilo al llegar al puente fronterizo, pero lo retuvieron varios días. Desde que fue liberado por el abogado Spector vive en Nuevo México a la espera de que lleguen su abuela Sara y uno de sus primos. Él dice a Proceso que para los Reyes Salazar “escapar significó vivir”. Mexicanos en el exilio   En entrevista, se le pregunta al litigante Carlos Spector: –Además de la aceptación de que corren un grave riesgo de quedarse en México, ¿qué indica el que Estados Unidos le haya concedido asilo a la familia Reyes? –Con la victoria de Saúl tenemos ganados los casos de asilo más sonados de México: Cipriana, Mónica Arias (cuñada de Juan Manuel Escobedo, hijo de Marisela Escobedo) y Alejandro Hernández Pacheco (reportero de Televisa). Ello nos indica que el gobierno estadunidense acepta lo que todo mundo sabe: que el gobierno mexicano trata de silenciar la disidencia o ignorar los ataques contra ellos, coordinándose con los cárteles. –¿Con los cárteles? –¡Claro! Tenemos testimonio de 30 o 40 personas que vivían en Guadalupe, quienes saben perfectamente que el Ejército llegó a esa región para apoyar al cártel de Sinaloa, y que esta organización se quedó con el dominio de la plaza desde que atraparon a El Riquín Escajeda. El abogado, ante la imposibilidad de representar a todos los mexicanos que le han solicitado promover su asilo político, eligió llevar gratuitamente los casos de los defensores de derechos humanos y activistas sociales. Tiene acreditados 23 casos de activistas asesinados en Ciudad Juárez, “coincidentemente” desde 2008, año en que llegó el Ejército. “Lo vemos como una limpieza ideológica o genocidio. Con el exilio, el gobierno mexicano espera que su activismo se acabe, que se callen, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Formaron la agrupación Mexicanos en el Exilio para iniciar un movimiento de conciencia en Estados Unidos. Estarán en Tucson y Phoenix, Arizona y Dallas. “Saúl trabaja en California, Oregon y Washington. Posteriormente, junto con Cipriana y Jorge Reyes, asistirán en la Universidad de Austin y con la comunidad judía para decir lo que sucede en México, con testimonios directos de las familias afectadas. Esto se repetirá en todo el país.” Es contundente: “¿Cómo es posible que Estados Unidos siga financiando al Ejército Mexicano a través del Plan Mérida? Éste debe cancelarse por el papel que la fuerza castrense ha jugado en la violación a los derechos humanos: no han tenido éxito en disminuir la venta ni el consumo de drogas. “Además queremos atacar el mito de que los 60 mil muertos y toda esa violencia están relacionados con los narcotraficantes, que todos los involucrados son narcos. Ninguno de los casos que defendemos está relacionado con la delincuencia, todos son crímenes de Estado.”