VALPARAÍSO (apro).- El extenso conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche entró en fase crítica. La chispa la encendió, hace un mes, el gobierno de Sebastián Piñera al culpar a la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de ser autora del incendio forestal que derivó en la muerte de seis brigadistas que combatían el fuego. Ello ocurrió el pasado 5 de enero en un predio de Forestal Mininco, perteneciente al grupo Matte, ubicado en el municipio Carahue, provincia de Cautín, región de la Araucanía. “Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y, en consecuencia, creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a los criminales que presuntamente están detrás de ellos”, dijo ese mismo día el presidente Piñera en La Moneda. El mandatario anunció la aplicación de la ley antiterrorista contra quienes resultaran responsables del señalado incendio. Al atardecer de ese 5 de enero Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior, aclaró el sentido de las palabras del presidente. “Hace pocos días –dijo el ministro- se destruyó un helicóptero destinado a apagar incendios forestales. Y ese atentado terrorista fue reivindicado por la CAM. A partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de incendios que pueden ser intencionales”'. Un día después, Hinzpeter presentó la querella criminal por “incendio terrorista” ante el Juzgado de Letras de Carahue invocando la citada normativa de excepción. La CAM, a través de un comunicado redactado desde la cárcel El Manzano, de Concepción, por su líder Héctor Llaitul, negó cualquier responsabilidad de su organización en el mencionado incendio. Sostuvo que dichas acusaciones “buscan consolidar la aplicación de la ley antiterrorista como una herramienta válida para enfrentar a todos los movimientos sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbran mayores movilizaciones y luchas”. Llaitul cumple una pena de 25 años de prisión por liderar una supuesta emboscada contra un fiscal del Ministerio Público que habría ocurrido en octubre de 2008, acusación que Llaitul niega. La intensión del gobierno de Piñera de criminalizar a los mapuche quedó en evidencia dos semanas después de ocurrida la tragedia. El 18 de enero la policía encontró a los responsables de los incendios: Jorge Aburto y Jorge Urrutia. Se comprobó que éstos no eran los campesinos chilenos, sino que se dedican a la fabricación de carbón. A estos se les escapó el fuego mientras realizaban sus labores productivas. Al percatarse de esto el gobierno se desistió de la querella por Ley antiterrorista. Maniobra mediática Desde el retorno a la democracia, en 1990, la Ley Antiterrorista ha sido aplicada casi exclusivamente contra los mapuches. Al menos 220 personas de este pueblo originario han sido condenadas o procesadas en virtud de su aplicación. En entrevista con Apro el abogado Nelson Miranda señaló que “la estrategia del gobierno de achacar la culpa de los incendios a los mapuches busca, entre otras cosas, ocultar el desastre ambiental y social provocado por las forestales que con sus extensos monocultivos han secado el territorio mapuche siendo una de sus consecuencias los incendios forestales”. El jurista dice que a partir de estas acusaciones “se ha tejido toda una maniobra comunicacional que busca más que nada encarcelar a la mayor cantidad de mapuches posible como ha quedado comprobado en las últimas semanas en las que ha habido numerosas formalizaciones judiciales en la zona de Malleco, las que no han llegado a ningún puerto porque los montajes eran demasiado burdos”. Miranda cita como ejemplo de esto el caso de Javier Levinao Esparza quien el 1 de febrero fue formalizado judicialmente en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Collipulli. La Fiscalía local lo acusó de haber provocado - en octubre pasado- un incendio en el sector Chiguaihue de la comuna de Ercilla (Malleco). Al carecer de pruebas, la misma Fiscalía solicitó su libertad seis días después. Esto ocurrió luego que el abogado Miranda demostró que el día y a la hora de iniciado el mencionado incendio Levinao se encontraba trabajando en la construcción de un camino muy cerca de su comunidad como se podía verificar en el libro de ingreso a las faenas. Desacato policial La acusación contra la CAM fue convertida por no pocos medios de comunicación masiva como una acusación contra los mapuche. A partir de esto se fue generando una campaña encubierta en contra de las comunidades que reivindican la devolución de tierras ancestrales. Esta campaña dio el piso para una fabulosa ofensiva de la policía militarizada en contra de decenas de comunidades en conflicto con el Estado y con las grandes empresas forestales. La comunidad José Guiñón, del Municipio Ercilla (Provincia de Malleco) fue asaltada el 8 de enero por unos 200 policías quienes entraron disparando bombas lacrimógenas y balines de goma y plomo. La violencia de los hechos fue tal que generó las protestas de importantes organismos y personajes de renombre mundial. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en carta al presidente Piñera fechada el 18 de enero, expresó que “a raíz de la exposición a las bombas lacrimógenas lanzadas a su hogar, Teresa Millaqueo, integrante de la comunidad José Guiñon y con ocho meses de embarazo, tuvo que ser atendida de emergencia en el Hospital de Victoria, con un cuadro clínico de grave intoxicación, después de haber inhalado los gases y esperado hasta dos horas para la llegada de la ambulancia. Otro comunero, José Mariman Loncomilla, se asomó por la puerta al escuchar los tiros, y fue entonces cuando recibió los disparos en el estómago y en el brazo que le dejaron heridas de balas de goma”. La operación contra la comunidad José Guiñón fue dirigida por el tristemente célebre jefe de la Novena Zona de Carabineros, general Iván Bezmalinovic. Con este violento proceder Carabineros desacataba un amparo judicial ordenado por la Corte de Apelaciones de Temuco –el 21 de diciembre de 2011- en el que se acogía la solicitud presentada por el abogado Miranda en representación de la asediada comunidad Wente Winkul Mapu (Malleco) la que ha sido continua y violentamente allanada por fuerzas policiales en los últimos meses. La sentencia de la Corte dispone que Carabineros de Chile “no deberá emplear ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos” prohibiendo específicamente el uso de lacrimógenas. La Corte ordenó también a Carabineros no ocupar violencia desmedida en contra de mujeres, niños y ancianos, y declaró que los ataques contra la comunidad Wente Winkul Mapu eran ilegales. Esta sentencia supuso un gravísimo revés a la estrategia represiva del estado para con los mapuches. Miranda señaló que en uno de los allanamientos a la citada comunidad “participaron entre 200 y 300 efectivos policiales provistos de tanquetas, helicópteros. Hubo abundante lanzamiento de bombas lacrimógenas, disparos de perdigones de goma y de plomo, y resultaron heridos 3 comuneros, dos de ellos mujeres”. Llama la atención que todo ese despliegue militar tuvo como excusa la búsqueda de animales robados a colonos chilenos, delitos que tampoco fueron probados. Los sucesos antes relatados parecen no ser la excepción sino la regla desde que Piñera lanzara las acusaciones contra los mapuches. El 11 de enero unos 250 efectivos de Carabineros asaltaron la comunidad mapuche José Jineo Ñanco (Provincia de Cautín) en busca de manifestantes que bloquearon la carretera Panamericana 12 kilómetros al sur de Temuco (capital de la Región de la Araucanía), en protesta por la inminente construcción de un aeropuerto en lo que ellos consideran es territorio mapuche. El hecho trascendió debido a la difusión que hicieron los afectados de un video en que se muestra a un carabinero golpeando con su fusil a una mujer desarmada que portaba un bebe en sus brazos. Otra decena de comunidades han sido allanadas en las últimas semanas. Este clima de represión ha tenido como respuesta un incremento en las movilizaciones de comuneros mapuches. El 30 de enero miembros de la comunidad autónoma de Temucuicui (Malleco) ingresaron a un fundo colindante a su propiedad y después de realizar una rogativa, instalaron un rewe (tótem) señalizando de esta manera el recinto sagrado donde se realizarán las distintas ceremonias. Mediante un comunicado dado a conocer ese mismo día sostuvieron que esa actividad se realizaba “dentro del marco de recuperaciones de tierras realizados por las comunidades mapuche”. Tres días antes la comunidad Ahilla Varela, anunció que haría “ocupación permanente y definitiva del Fundo Curaco” (provincia de Malleco) que reclaman como propio. Sucia política El abogado Miranda sostiene que el gobierno, junto con la criminalización de la protesta mapuche, está realizando acciones destinadas a hacer entrar en disputas intestinas al pueblo mapuche. “Lo que está pasando, que es muy peligroso para el desarrollo de la vida tranquila de los comuneros, es que el Gobierno está entregando tierras ancestrales reclamadas por determinadas comunidades, que están actualmente ocupadas por colonos o por empresas forestales, a comunidades empobrecidas de zonas alejadas”. Miranda asegura que está práctica se está extendiendo en toda la Provincia de Malleco que es “la zona roja del conflicto”. Es lo que ocurrió con la comunidad Wañako Millao la que el 8 de febrero fue informada que las 300 hectáreas del fundo La Estrella ( en reclamación) fueron compradas por el Estado -a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena- y entregadas a una comunidad mapuche de la zona de Lautaro (Provincia de Cautín). Según se afirma en un comunicado emitido aquel mismo día por la Alianza Territorial Mapuche “la comunidad Wañako Millao no permitirá que sus tierras sean nuevamente ocupadas de manera arbitraria siendo el Gobierno el responsable único de cualquier hecho inesperado que pueda ocurrir”. La Alianza Territorial aseguró que con esta práctica se reiteran los mismos vicios cometidos por los gobiernos anteriores con las consecuencias nefastas que ello ha significado entre las comunidades”. Los comuneros de Wañako Millao ocuparon ese mismo día el señalado fundo. Un día después arribó al lugar un importante contingente policial. Miranda dice que los reveses judiciales y las derrotas comunicacionales provocadas al gobierno han conseguido frenar parcialmente la represión en el territorio mapuche. Sin embargo, asegura que “en el Wallmapu –territorio mapuche- hay una ocupación militar horrible”. Ampara sus dichos en el hecho que las fuerzas de la policía tienen una especie de campamento militar en las cercanías de la comunidad de Chequenco que está habitualmente provista de helicópteros, tanquetas, carros lanza gases y numerosos vehículos de traslado de efectivos. “Las camionetas –asegura Miranda- las pone la empresa Forestal Mininco (grupo Matte) para que la utilice la policía militarizada como ha quedado demostrado en los diversos procesos judiciales. Esto demuestra que los policías chilenos ofician de empleados de las forestales”. Aunque los conflictos más violentos se producen en Malleco, todo el territorio mapuche se encuentra convulsionado. En la Provincia de Arauco las comunidades mapuches se encuentran movilizadas en defensa del Lago LLeu LLeu (de carácter sagrado para los mapuches) ante la amenaza de emplazamientos auríferos. En la Región de los Ríos cientos de mapuche huilliche resisten la ya iniciada construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Pilmaiquén. Situación similar es la que se vive en Neltume donde la transnacional Endesa, con el apoyo del Estado, intenta construir una megarepresa.