El despojo de Holbox

No obstante que 980 hectáreas de la isla Holbox se encuentran en litigio en el Tribunal Agrario y en la Suprema Corte, la Semarnat ya autorizó a un grupo empresarial el desarrollo de un proyecto turístico en esos terrenos en disputa. Los ejidatarios que eran dueños de esas tierras denuncian las trampas y engaños con que los despojaron de su patrimonio, en tanto que los depredadores que impulsan el proyecto se aprestan a levantar su infraestructura en esa isla del Caribe mexicano, considerada área natural “protegida”.

ISLA HOLBOX, QR.- Sin importar el hecho de que en tribunales agrarios y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se siga actualmente un litigio por los delitos de despojo y fraude en perjuicio de más de 65 ejidatarios de esta localidad, propietarios originales de un conjunto de tierras afectadas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó ya la construcción de un proyecto turístico en esta isla.
El proyecto implicará la inversión de 850 millones de dólares en los próximos siete años y convertirá este santuario del tiburón ballena en propiedad de un consorcio encabezado por empresarios yucatecos, presuntos prestanombres de un exgobernador quintanarroense, y consorcios inmobiliarios.
“Por órdenes de Felipe Calderón” –afirma Carlos Odriozola Mariscal, abogado de los ejidatarios– el proyecto llamado Península Maya Developments –cuyos accionistas principales son los empresarios Fernando Ponce García, embotellador de Coca Cola en la península de Yucatán, y Germán Ahumada Russek, presidente del Consejo de Administración y director general del Consorcio Ara– se presentó en una reunión privada con las autoridades de la Semarnat el 9 de agosto de 2011.
El director general del consorcio del mismo nombre –Península Maya Developments– es Jean Louis Guinchard, director ejecutivo de Real Development Partners, especialista en la operación de grandes desarrollos turísticos y vinculado con la consultora Ernst & Young.
El director ambiental es Patricio Martín Sánchez, quien antes fue abogado en Quintana Roo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y fue cooptado por los empresarios después de haberlos criticado duramente por el riesgo de devastación ecológica del proyecto; el director legal y de Relaciones Institucionales es José Menéndez Medina. También se incorporó como segundo director general José Antonio Ortega, de la consultora Especialistas Ambientales.
En la trama de inversiones y despojo de las tierras está implicado asimismo Jaime Manuel Zetina González, primo del exgobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, exempleado de Fernando Ponce García y exsecretario de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial de la gobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco.
Zetina, identificado en la isla como prestanombres de González Canto, de la noche a la mañana se convirtió en propietario de 12 lotes en Holbox, como consta en los folios 185115 y 185101 del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, y en la escritura pública número 498 del notario número 33, José Francisco Peniche Segura, del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Hay otro interesado en la isla: el empresario yucateco Arturo Millet, vinculado con el diputado federal nuevoleonés Felipe Enríquez, compadre de Enrique Peña Nieto y operador político de éste en los gobiernos de Ortega Pacheco en Yucatán y de González Canto en Quintana Roo. Algunos habitantes de Holbox presumen una rivalidad entre Millet y Ponce García, pero otros advierten que aun así pueden formar parte del mismo negocio.
Según el documento entregado a la Semarnat, titulado Península Maya Developments –cuya copia obtuvo Proceso– el plan es desarrollar para fines turísticos e inmobiliarios 980 hectáreas para la construcción de tres “hoteles boutique”, 45 para 866 lotes residenciales exclusivos (villas y condominios), 1.5 hectáreas para un área comercial, 69 para “lotes de preservación” y un Centro de Interpretación Ambiental.
Según las cifras del proyecto, hasta la fecha hay una inversión de 100 millones de dólares y se tienen programados 600 más en la segunda fase y 150 adicionales para la compra de bienes y servicios.
Sus promotores presumen que se trata de un “desarrollo verde”, protector del medio ambiente, “que no sólo contempla la conservación a perpetuidad de 90% del predio y un manejo responsable de los recursos naturales de la isla y fuentes alternativas de energía, sino que está planeado bajo una filosofía de conservación de la riqueza natural de Holbox”.
Además dicen que se necesita un programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam –en la parte continental del municipio de Lázaro Cárdenas, al que pertenece Holbox, y donde se pretende edificar una ciudad dormitorio para los trabajadores del complejo turístico–, donde hay una enorme biodiversidad… aunque no indican cómo preservarla.
A la Semarnat le piden “respaldo institucional” para “facilitar los procedimientos y reducir los obstáculos innecesarios”, pero no mencionan en el proyecto de más de 40 cuartillas los litigios pendientes en el Tribunal Unitario Agrario 44 de Chetumal por el despojo de la tierra ejidal ni los juicios de amparo agrario TUA-44-474/2009 que están en trámite de revisión en la SCJN.
Sí argumentan, en cambio, la necesidad de ser los únicos desarrolladores en la isla, considerada una de las últimas joyas vírgenes del Caribe mexicano:
“Al tener la ventaja de tener (sic) un solo actor controlando una gran extensión de tierra en Isla de Holbox, resulta en una enorme ventaja que facilita la gestión con las autoridades y permite al desarrollador generar amplios espacios de conservación que además generarán importantes fuentes de empleo, negocio y un mejoramiento definitivo: el de las comunidades y las vidas de sus habitantes.”
Una semana después de que se presentara el plan ante la Semarnat, el 16 de agosto de 2011, Felipe Calderón se trasladó de Cozumel a Holbox, donde vacacionó unos días. Su anfitrión fue Fernando Ponce.
La columna Templo Mayor del periódico Reforma publicó en aquella ocasión:
“Quienes pasan los últimos días del periodo vacacional en la isla yucateca Holbox se sorprendieron de ver merodeando a un Puma.
“Pero no, no era un carnívoro de cuatro patas y atemorizante rugido, ni uno de los integrantes del equipo campeón de futbol nacional.
“En realidad, era uno de los helicópteros de la flotilla presidencial que al parecer fue de avanzada, en preparación a la visita de Felipe Calderón, quien esta semana vacaciona en playas quintanarroenses.”

Como viejos hacendados

Para adueñarse de la isla los empresarios encabezados por Ponce “reprodujeron los métodos de los viejos hacendados de Yucatán que acaparaban toda la tierra para volverse ellos los únicos propietarios”, advierte el abogado Carlos Odriozola Mariscal.
Odriozola asesora desde hace poco más de un año a la mayoría de los ejidatarios que demandaron a Ponce y a su yerno Ermilo Castilla Roche por haberlos despojado de su tierra con engaños, comprándoles a un precio mucho menor los 116 lotes originales, formando un fideicomiso fraudulento que maneja el concesionario de Coca Cola en el sureste y quedándose también con una extensa parte de terreno que era área natural protegida y llega hasta Cabo Catoche, el extremo septentrional de la península de Yucatán.
“Existen más de mil parcelas, propiedad de los Ponce en Holbox. El problema es que en el Registro Agrario Nacional desaparecieron todo el expediente anterior de la isla”, advierte Odriozola.
La documentación obtenida por Proceso indica que Ponce García les compró por 5 millones de pesos los títulos de propiedad a 65 de los 116 ejidatarios, pero también los derechos sobre tierras de uso común. Fueron 2.5 millones de pesos por las parcelas de 4.5 hectáreas, con 100 metros de playa y 400 metros de fondo, y 2.5 millones de pesos por la cesión de derechos ejidales en su totalidad.
De acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el valor catastral de cada uno de estos 116 lotes es de 99 millones de pesos y no cinco. Es decir, Ponce García pagó 5% del valor mínimo de estas tierras.
Fernando Ponce, concesionario también de Vokswagen, Porsche, International Cummings, Toyota y otras grandes trasnacionales en el sureste mexicano, logró convencer a los ejidatarios de que vendieran sus tierras con la celebración de un contrato de “prestación de servicios” para realizar trabajos que normalmente hacen gratis instituciones como el INEGI, la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional (RAN): la modificación de los planos del ejido, la titulación de solares urbanos, la constitución de una sociedad mercantil para beneficio de los ejidatarios y la preparación de un “plan maestro” y una “estrategia comercial”.
El 17 de enero de 2006 se constituyó en Mérida el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, en el que participaron como fideicomitentes los ejidatarios y como fiduciario el banco JP Morgan.
El contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Manuel Correa Mena. Fernando Ponce García y Ermilo Castilla Roche convencieron a los ejidatarios para que aportaran sus parcelas de 4.5 hectáreas cada una al citado fideicomiso para que fueran ofrecidas al “mejor postor”.
Resultó que el fiduciario (JP Morgan) ya tenía comprador para todas las tierras: era el propio Ponce a través de la empresa Península Maya Development en contubernio con Península Maya Group, propiedad de Castilla Roche, su yerno en ese momento.
El 1 de octubre de 2008, Ponce y Castilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hectáreas. Según los testimonios recabados entre los propios ejidatarios, los trasladaron a Yucatán, los pasearon por las zonas arqueológicas, los llevaron de compras y finalmente con el notario 33, José Francisco Peniche Segura. Ahí les entregaron dos cheques de aproximadamente 2.5 millones de pesos cada uno.
En diciembre de 2008 hubo una asamblea general de ejidatarios que decidió expulsar a los 65 que vendieron. Acordaron que la cesión de derechos sobre el uso común de tierras se hiciera a favor de Germán Ahumada Alduncin, propietario de Casas Ara y padre de Germán Ahumada Russek, actual accionista del proyecto, junto con Ponce García.
Luego aparecieron nuevos “ejidatarios” que, asegura Odriozola Mariscal, en realidad son parte de las familias más pudientes de Yucatán y operadores políticos de Félix González Canto, entonces gobernador de Quintana Roo. La lista de éstos es larga, pero baste mencionar que todos esos nuevos “ejidatarios” en realidad son empresarios exitosos que viven en algunos de los barrios más exclusivos de Mérida: las colonias Campestre y Club de Golf La Ceiba, y los fraccionamientos Montecristo y Prado Norte.
La trama de intereses se complicó desde que, el 30 de junio de 2009, nueve familiares de igual número de ejidatarios demandaron la nulidad de la aportación que hicieron al fideicomiso que formaron con Ponce García. La demanda se radicó en el juicio agrario 250/2010 en el Tribunal Unitario Agrario, distrito 44, con sede en Chetumal.
En Holbox se especula que detrás de estos nueve demandantes, a quienes llaman “los talibanes”, están los intereses de Arturo Millet, vinculado con el diputado federal por Nuevo León, Felipe Enríquez, y cercano también al exmandatario González Canto.
El 3 de junio de 2010, el comisariado ejidal presentó una demanda de nulidad de la asamblea de enajenación de bienes y de la asamblea del 28 de diciembre de 2008 en la que se separó a 65 ejidatarios. La demanda se radicó en el juicio agrario 312/2010 del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, en Chetumal.
El magistrado Benjamín Arellano Navarro, del mismo Tribunal Agrario de Chetumal, falló el 14 de julio de 2010 a favor de los nueve ejidatarios. Menos de dos meses después, el 1 de septiembre de 2010, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, removió a Arellano Navarro y nombró en su lugar a Georg Rubén Silesky Mata, quien, al parecer, ha actuado a favor de los intereses empresariales que están tras el litigio de despojo y fraude en Holbox.
Martínez Guerrero es consuegro de Roberto Hernández, expresidente de Banamex, quien adquirió la mayoría de las haciendas henequeneras en Yucatán y que tiene intereses en otras zonas e islas de Quintana Roo.

“La doncella deseada”

Los empresarios que quieren estas tierras “saben que Holbox es una princesa que nació rica. Es la doncella deseada. Ellos deliberadamente nos engañaron”, afirmó don Edgardo Efraín Zapata Jiménez, uno de los ejidatarios que encabezan las demandas contra Ponce García.
“Son los grupos de poder económico de Yucatán los que están detrás. Aparentemente Arturo Millet y Fernando Ponce están peleados, pero ellos pueden ponerse de acuerdo y quedarse con grandes extensiones de estas tierras, como lo hicieron en la península”, respondió Zapata Jiménez, al preguntarle qué ha pasado con los principales grupos empresariales que ambicionan las tierras.
“Lo malo no está en el desarrollo, sino en la negociación sucia. Nosotros teníamos el apoyo de Félix González Canto, pero él fue quien nos dio la estocada final”, advierte.
El ejidatario relató el momento en que se llevó a cabo la asamblea donde los 65 cedieron sus derechos agrarios. “Pegamos el grito en el cielo cuando las parcelas fueron cedidas al banco JP Morgan. El gobierno de Félix estaba comprado y coludido con Fernando Ponce. No hizo nada para defendernos”, afirmó.
“¿Cómo es posible que el Registro Agrario Nacional no nos haya dicho nada, no nos haya advertido? Todo fue por debajo del agua. La entonces delegada del RAN calificó de inmediato la operación”, se quejó el ejidatario.
En el momento de la venta fraudulenta, la delegada del RAN era la exalcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña. La misma funcionaria a la que los pobladores de isla Blanca señalan como promotora del megaproyecto turístico para construir 9 mil 600 cuartos de hotel en un área natural protegida (Proceso 1837). Como en Holbox.

Comentarios

Load More