Los riesgos de la transición

Nuevos testimonios indican que la matanza en el estadio de futbol de Port Said fue planeada. El propósito: descarrilar el proceso mediante el cual la junta militar entregará el poder a un gobierno civil antes de julio. Con un nuevo Parlamento dominado por los Hermanos Musulmanes y en un contexto de protestas populares y enfrentamientos violentos, la cúpula castrense juega a la carta de presentarse como indispensable ante el riesgo de la anarquía o del extremismo islámico…

EL CAIRO.- Poco a poco surgen nuevos indicios de que la matanza en el estadio de futbol de Port Said –el miércoles 1 y que dejó un saldo de 74 muertos y más de mil heridos– fue premeditada.
Esto atizó las protestas y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que continuaban una semana después de la tragedia. Además miles de egipcios se preparaban para la huelga general de este sábado 11, cuando se cumple el primer año de la caída del dictador Hosni Mubarak. La convocatoria a la huelga se basa en una demanda: el retiro del poder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA, la junta militar que dirige el país) y la instauración de un “gobierno de salvación nacional”.
Dentro del Parlamento –surgido después de agotadoras jornadas electorales entre noviembre y enero pasados– la correlación de fuerzas no favorece a los militares. La principal bancada, la de los Hermanos Musulmanes, se deslinda del CSFA y a la vez evita caer en posiciones religiosas extremas.
En la sesión del martes 7 ocurrió un hecho anecdótico pero significativo: Mamdouh Ismail, representante salafista (islamismo extremista), se levantó de su asiento y comenzó a cantar “Alahu akbar” (Dios es el más grande) para hacer un azan (llamado a la oración). Pero lo mandaron callar. No lo hizo un miembro de los partidos laicos o cristianos, sino otro islamista: Saad al Katatny, líder de los Hermanos Musulmanes, quien funge como presidente del Parlamento.
“¡A rezar a la mezquita!”, le espetó Al Katatny. “¡Usted no es más musulmán que cualquiera de nosotros!”.
El intercambio de gritos duró tres minutos. Al final pareció quedar claro un hecho: en Egipto sigue existiendo una separación entre el Estado y la mezquita… al menos por el momento.
Otro signo de los nuevos tiempos: durante décadas los mandos militares y policiacos aplicaban con descuido el truco de negar los abusos contra los civiles sin importarles que ciudadanos y periodistas exhibieran evidencias, pues no había instituciones que se atrevieran a contradecirlos. Ahora el Parlamento anunció que formará una comisión que investigará la matanza en el estadio de Port Said. Ello disgustó a la Junta Militar.
En los cafés de la capital egipcia dos temas acaparan los debates: la persecución oficial contra ONG nacionales y extranjeras y saber qué intereses y personajes están detrás de las provocaciones que han derivado en matanzas, como la del partido de futbol del miércoles 1 o la de los manifestantes cristianos el pasado 9 de octubre.
La creación de comisiones de investigación no es una novedad en Egipto. Los militares han recurrido a ellas para distraer la atención en cada escándalo y mandar el asunto a la congeladora. Pero ahora hay una diferencia: el recién electo Parlamento se juega en esa comisión su prestigio. Si sus conclusiones incriminan al CSFA o al gobierno del primer ministro Kamal Ganzouri, habrá motivo para un enfrentamiento abierto entre el ejército y el Legislativo, lo que atizará el conflicto que no se apaga en las calles.
Además se forzará a los Hermanos Musulmanes, la organización que controla 45% de los 508 escaños, a escoger entre su silenciosa alianza táctica con el CSFA y su compromiso declarado con el pueblo y la revolución.

Indicios

Según la Federación Internacional de Futbol Asociado, el equipo Al Ahly, de El Cairo, es el mejor de África. Es también el más odiado por sus rivales en Egipto. Siempre hay gran tensión en sus partidos, en particular cuando enfrenta al también cairota Zamalek y a Al Masri, de Port Said.
“He ido a centenares de encuentros y nunca nos han dado la oportunidad de enfrentarnos con los seguidores de Al Ahly o de cualquier otro equipo”, afirma Zador Abdel, un joven contador recién egresado de la universidad que apoya al Zamalek.
Explica: “Desde antes de llegar al estadio la policía nos separa de los aficionados del equipo contrario. Adentro del estadio hay barreras y fosos y muchos agentes de la policía. Al que comete desórdenes lo echan de inmediato o lo arrestan. Cuando salimos lo mejor es irnos a casa rápido porque hay mucha presión policiaca y nos detienen con cualquier pretexto. No hay posibilidad de buscar pleito con los rivales”.
Ocurrió lo contrario el miércoles 1 en Port Said. Desde el principio había un ambiente inusitado de agresión contra Al Ahly y sus seguidores. En declaraciones al diario El País, Óscar Elizondo, un argentino que forma parte del cuerpo técnico del equipo, recordó: “Vimos desde la banca escenas surrealistas, como personas que pasaban a nuestro lado sin identificación y soltando amenazas. Algunos de nuestros jugadores salieron a calentar y tuvieron que volver porque les lanzaron piedras”.
Al finalizar el encuentro, que ganaron los locales 3 a 1, supuestos fanáticos de Al Masri atacaron en las gradas a los simpatizantes de Al Ahly e invadieron la cancha. Mientras los jugadores del equipo visitante se refugiaban en los vestidores, en las gradas y en la cancha los agresores emprendían una cacería masiva con garrotes y cuchillos. Muchos murieron producto de heridas hechas con estas armas; otros porque fueron lanzados desde lo alto de las gradas; también murieron personas por asfixia o aplastamiento al encontrar que las puertas metálicas de la salida estaban cerradas.
Los policías –que suelen imponer el orden con violencia– esta vez “permitieron que la fanaticada local atacara con palos, petardos y armas blancas a la nuestra, que estaba en una zona acotada”, dijo Elizondo, quien concluyó: “(El ataque) estaba totalmente premeditado”.
Lo mismo denunciaron las Águilas Verdes, los porristas del Al Masri, el equipo contrario. Aseguraron que había infiltrados entre sus filas. Dos héroes del futbol egipcio, el capitán de Al Masri, Karim Zekri, y su hermano Mohamed, hablaron largamente el domingo 5 para el sitio de internet commentmideast.com.
Karim, de 26 años, reveló que los policías exhortaron a seguidores de Al Masri a enfrentarse con los de Al Ahly. “Vayan a romperles la cara; ellos dicen que ustedes no son hombres”, decían los agentes.
El futbolista aseguró que vio a 10 personas armadas con espadas frente a unos 50 de agentes de la policía que no se movieron. Karim denunció que las luces del estadio se apagaron “y esto fue una de las principales causas del desastre porque (al querer escapar) las personas se estrellaban unas contra otras”.
Desde un principio el asunto pintaba mal porque los encargados de la seguridad “no estaban revisando a los asistentes al entrar al estadio –lo cual es muy raro– ni pedían los boletos”, recordó Mohamed. “Y por primera vez en la historia de nuestra ciudad, el gobernador y el jefe de la policía faltaron al partido”, añadió.
Según los hermanos, un hombre fue detenido y confesó que más de 600 personas que no residen en Port Said fueron contratadas por un miembro del Partido Nacional Democrático (PND), la organización que dirigió Mubarak, hoy oficialmente disuelta. Ese misterioso hombre “les pidió matar y crear caos en el estadio”.

“Al estilo kemalista”

Que los seguidores de Al Ahly apoyen a un equipo que despierta grandes resentimientos no se ve como la causa real de la agresión. Eso sólo los hacía víctimas más propicias. Los integrantes de su porra, “los ultras”, han ganado fama por el papel de liderazgo que han asumido sobre el terreno en los enfrentamientos callejeros en El Cairo, siempre del lado de los revolucionarios.
En un ambiente de desorganización, donde cada cual asume iniciativas individuales, sus vínculos de solidaridad los han ayudado a resistir ofensivas de la policía militarizada y a montar contrataques. Sus cánticos, que se elevan sobre los muros construidos para proteger el Ministerio del Interior, irritan a los agentes gubernamentales. Ahora han pagado por sus acciones. Ahora los egipcios se preguntan quién les pasó la factura. La respuesta puede estar ligada a otra cuestión de mayor calado: ¿Quién está orquestando provocaciones que generan decenas de muertes?
Entre los jóvenes que acuden a la plaza Tahrir –centro y símbolo de la revolución– hay consenso: el CSFA es el responsable de estos hechos. Y ofrecen una explicación: La junta militar intenta asustar a los egipcios, convencerlos de que sólo los militares pueden impedir que el país siga deslizándose hacia la anarquía. Ello permitiría que el CSFA prolongue su permanencia en el poder.
Sin embargo los miembros de la junta militar –encabezada por el mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi– parecen incómodos ante esta situación. Debido a que su gestión ha sido torpe tanto en lo político como en lo económico, su imagen ha sufrido un gran deterioro y esto pone en peligro su futuro.
Las fuerzas armadas controlan gran parte de la economía nacional. Sus compañías abarcan desde la construcción hasta la industria armamentista. Además conservan un poder supraconstitucional que les permite escapar al control de las instituciones civiles.
Por ello su interés estaría en montar un nuevo régimen que asegure su papel político y sus privilegios empresariales. Según analistas egipcios, intentarían diseñar un régimen que otorgue al ejército un papel de tutelaje de la democracia similar al que estableció Mustafa Kemal Atatürk en Turquía, el cual prevaleció durante más de 80 años, hasta que fue desmontado por el actual primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.
“Mubarak tuvo éxito en desviar las preocupaciones de sus oficiales militares hacia la economía”, explica Islam Lofti, miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición la Revolución Continúa. “Sus intereses financieros en el viejo régimen inhibieron la idea de derrocar al presidente y purgar las instituciones del Estado”, añade.
La ola de enfrentamientos y la crisis política de noviembre obligaron al CSFA a adelantar su calendario y convocar a elecciones presidenciales para junio. Ya hay un nuevo Parlamento en funciones y un comité trabaja, con la supervisión de la junta militar, en la redacción de una nueva Constitución. Si el calendario se cumple, el CSFA entregaría el poder a un nuevo Ejecutivo antes de julio.
Ese calendario no garantiza la permanencia de los militares en el gobierno pero permitiría el ingreso al nuevo gobierno de miembros civiles del antiguo régimen, muchos de los cuales conservan cotos de poder. Uno de ellos: el Ministerio del Interior. Éste controla a la policía militarizada, cuyos miembros, en uniforme o vestidos de paisano, han llevado el peso de la represión contra las protestas.
Desde hace un año los revolucionarios demandan la renuncia del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y la destitución en esta dependencia de funcionarios del depuesto régimen de Mubarak. Varios parlamentarios se sumaron a esa exigencia a raíz de la matanza del estadio de Port Said. Señalan que Ibrahim, junto con exintegrantes del PND, sería uno de los interesados en descarrilar el proceso democrático.
La investigación del Parlamento sobre la matanza en el estadio podría aportar las evidencias si no se convierte en un asunto de segundo orden, marginado por otra prioridad: el riesgo de que los partidos musulmanes extremistas –que ocupan asientos en el Parlamento– intenten convertir Egipto en una república islámica.
Ese riesgo podría llevar a una alianza extraña: si los cristianos, los musulmanes moderados y los laicos –entre los que se encuentran los jóvenes de la revolución– se convencen de que la sharia (ley islámica) les va a ser impuesta, podrían terminar por preferir el menor de los males: los militares.
Se concretaría así el tutelaje militar al “estilo kemalista”, que garantizaría el laicismo en el país. Es lo que quiere el CSFA.

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