MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) denunció que el Estado mexicano viola convenios internacionales al aplicar políticas discriminatorias que dejan en la indefensión a indígenas y migrantes centroamericanos. En un informe entregado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), AI exhibe la falta de interés de México por cumplir con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De manera sistemática, agrega, los migrantes “en situación irregular” son víctimas de “abusos cometidos por bandas delictivas y funcionarios públicos. Los agravios más frecuentes contra los migrantes en México, subraya, son las extorsiones, malos tratos, secuestros, violaciones, asesinatos y reclutamiento forzoso por parte de las bandas delictivas. Y destaca que entre agosto de 2010 y abril de 2011 fueron descubiertos 255 cuerpos de migrantes enterrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. En su informe, Amnistía Internacional responsabiliza a los gobiernos federal y estatales por no abordar “de forma efectiva los casos de xenofobia y discriminación contra migrantes”, a quienes para colmo, insiste, “se les niega habitualmente el acceso a la justicia o a la protección, debido a que no pueden acceder a mecanismos adecuados de protección o presentación de denuncias”. La organización reconoce los esfuerzos del gobierno federal para modificar la legislación en materia de migración, así como la elaboración de la Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes. Sin embargo, apunta, “no se han producido mejoras notables en la prevención y castigo de los abusos, y rara vez se hace rendir cuentas a los funcionarios públicos implicados”, y mucho menos existe una base de datos sobre migrantes desaparecidos para la realización de las investigaciones y la identificación de cadáveres. En cuanto a la discriminación de la que son víctimas los pueblos indígenas, toma como referencia datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del Programa de la ONU para el Desarrollo, que sostiene que pese “a las medidas adoptadas por el gobierno, los pueblos indígenas sufren una desigualdad muy superior a la de cualquier otro grupo poblacional y tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda y otros servicios básicos”. En tanto, la encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2010 señala que las personas indígenas “consideran que la discriminación representaba el principal problema al que se enfrentaban”. Los ejemplos más claros de la política discriminatoria, puntualiza AI, se reflejan en la falta de atención médica. Así, mientras el índice promedio de mortalidad materna en 2010 era de 51.5 por cada 100 mil nacimientos, “en los tres estados con mayor población indígena (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) el promedio de muertes maternas era de 82.5 por 100 mil nacidos vivos”. En materia de acceso a la justicia, Amnistía Internacional documenta que los indígenas son sometidos a todo el proceso judicial “sin contar con la debida asistencia y sin comprender la naturaleza del proceso”, ante la falta de intérpretes, además de que “a los presuntos delincuentes indígenas se les impide con frecuencia defenderse de forma efectiva contra la acusaciones, lo que da lugar a juicios sin las debidas garantías y condenas injustas”. Resalta que cuando se ha demostrado la inocencia de indígenas injustamente juzgados, no se conoce “ningún caso en que una persona indígena hay obtenido reparación por haber sido detenida y procesada injustamente”. Otras situaciones discriminatorias entre los pueblos indígenas, añade, son las presiones de los gobiernos federal y estatales ante “proyectos de infraestructura y de extracción de recursos que afectan sus tierra comunales”, pasando por alto “los mecanismos jurídicos existentes y de los propios indígenas, como la legislación agraria y las prácticas de toma de decisiones comunitarias, y no se llevan a cabo procesos de consulta participativos, de buena fe, con todos los miembros de las comunidades afectadas”, lo que ha dado lugar al incumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El último punto abordado por la organización internacional se refiere a los actos de “acoso e intimidación” de que son objeto los defensores indígenas de derechos humanos, que han sido víctimas de asesinatos, encarcelamientos injustos, amenazas y acoso, entre otros agravios.