ZACATECAS, Zac. (apro).- Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas detuvieron a Eduardo Ruiz Fierro, oficial mayor en el gobierno de Amalia García, por su presunta responsabilidad en la comisión de peculado, tráfico de influencias y malversación de recursos públicos. La captura de quien fuera uno de los principales colaboradores de la ahora aspirante perredista al Senado se concretó ayer en la Ciudad de México. Ruiz Fierro compareció este mediodía ante el juez de la causa, en la cual pidió que los medios de comunicación no divulguen el contenido de la diligencia. De acuerdo con las irregularidades detectadas por la Contraloría estatal, el exfuncionario incurrió en un presunto quebranto por 240 millones de pesos. En el expediente del caso, se le involucra en el sobrepago de 16 millones de pesos por la adquisición de bienes y servicios. Además, de la compra de un equipo de circuito cerrado para la Feria Nacional de Zacatecas, por el cual se habrían pagado cerca de 7 millones de pesos, cuando su precio real era de 616 mil pesos. La orden de aprehensión fue emitida el pasado sábado 11 por el juez de garantía y tribunal de juicio oral del distrito judicial de la capital del estado, bajo la causa penal 31/2012. El proceso penal alcanza también a otros exservidores públicos, cuyos nombres no fueron revelados. Esta es la primera acción de este tipo derivada del arqueo realizado a los gastos hechos durante su gestión por la exgobernadora García Medina y varios de sus colaboradores, algunas de las cuales fueron denunciadas públicamente por su sucesor, el priista Miguel Alonso Reyes. El actual gobernador ordenó al contralor interno Guillermo Huízar emprender una auditoría a fondo sobre varios rubros, dependencias y obras de al menos los dos últimos años del sexenio de García Medina, particularmente a la Oficialía Mayor, Secretaría de Finanzas, Agricultura, y empréstitos contratados directamente por la exgobernadora perredista, entre otros rubros. Por este proceso, Amalia García obtuvo un amparo judicial que la habría librado de los requerimientos efectuados por la Contraloría para comparecer y justificar asuntos como un contrato crediticio por 300 millones de pesos contraído justo al final de su sexenio. Sin embargo, la Contraloría integró un expediente de denuncia contra otros exfuncionarios, entre ellos el oficial mayor Eduardo Ruiz Fierro, mismo que turnó a la Procuraduría el 2 de junio del 2011 por los supuestos delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la custodia de documentos y ejercicio indebido de funciones públicas. La Procuraduría inició la carpeta de investigación 16/2011 en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que fue consignada ante el juez el 23 de enero. Según el contenido de esta investigación –que reúne 45 tomos con más de 50 testimoniales y peritajes en contabilidad tomados con proveedores y contratistas en varias entidades– se corroboró la presunta responsabilidad del exoficial mayor en la desaparición de expedientes con información sobre adquisiciones, adjudicación indebida de contratos; expedientes sin el contrato respectivo, las cotizaciones o el dictamen de justificación previstas por la Ley de Adquisiciones del estado. Como ejemplo, se cita la detección de 17 contratos por 38 millones de pesos que, dados los montos, debieron ser licitados. Otros expedientes incluidos en esta investigación carecen de la garantía o soporte documental también requerido por la Ley de Adquisiciones. Ruiz Fierro fue capturado por agentes de la Policía Ministerial de Zacatecas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando éste arribó al parecer procedente de un vuelo de Morelia. Poco después de las 22 horas de anoche ingresó a los separos de la Ministerial en la capital zacatecana, y por la madrugada, al Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, para enfrentar el proceso en su contra. Entrevistado vía telefónica, el presidente estatal del PRD, Gerardo Espinosa, pidió al gobernador Miguel Alonso no utilizar el caso para atacar a su partido, e hizo un llamado al Tribunal de Justicia a asumir su autonomía plenamente para garantizar un debido proceso y el respeto irrestricto a las garantías del inculpado. También demandó públicamente la intervención de la Comisión Estatal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que den seguimiento al proceso y constaten su transparencia y el correcto desahogo del mismo. “Estaremos al pendiente del juicio y de que no se vaya a tratar de un asunto meramente político, que no haya chivos expiatorios del gobierno porque no han podido comprobar otras acusaciones al gobierno anterior… no queremos que se vuelva un michoacanazo este asunto”, advirtió el dirigente perredista.