Organizaciones civiles, abogados y familiares de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos en diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, insisten en que fueron militares quienes se los llevaron. Y aun cuando han expuesto su caso ante instancias nacionales, y de que organismos de la ONU y tribunales interamericanos se han solidarizado con su causa, hasta ahora lo único que ha hecho la Sedena es devolver el expediente a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones. Pero los tres jóvenes no aparecen y la dependencia sigue sin responder

Después de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.

En su edición del 25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desaparición de los tres jóvenes y las vicisitudes de sus familiares y abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua.

En su litigio inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la Procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján, comandante del referido batallón.

“También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes” (Proceso 1747).

Sin embargo, el general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera.

Este semanario informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”.

“Fue éste quien en un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos, acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en casa habitación’”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1842, ya en circulación)