El gobierno de Felipe Calderón y la alcaldía de la ciudad chihuahuense proclaman que los homicidios disminuyeron drásticamente y la policía municipal volvió a encargarse de la seguridad. Ahora el problema es que su jefe, el militar Julián Leyzaola, se atribuye la misión de “pacificar” el territorio a su manera: a costa de los derechos de la población y con impunidad para sus efectivos, así que los juarenses tienen que cuidarse de narcos, militares y policías de los tres niveles de gobierno

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Escondida en una casa en ruinas, con montes de escombros en lugar de piso y huecos donde alguna vez hubo puertas o ventanas, la señora Padilla Martínez asoma la cabeza poco a poco. Hasta cerciorarse de que está fuera de peligro, se acerca. Desde su refugio cuenta que en noviembre su hijo mayor, Jorge (que llevaba sus mismos apellidos) fue “levantado” por policías municipales del puesto de hamburguesas que atendía. Su cadáver fue encontrado al día siguiente, en el fondo de un mirador, arrojado como cualquier perro muerto.

Para conseguir los 15 mil pesos que costó el entierro hipotecó la casa donde vivía. Veló un ataúd sellado, pues la Fiscalía Estatal de Justicia le pidió que no lo abriera. Cuando fue citada a declarar ante el Ministerio Público recordó que unos policías molestaban a Jorge Andrés y comían en su puesto sin pagar. Lo dijo. En un descuido del agente hojeó el expediente y encontró las fotos de su hijo de 24 años encuerado, con la piel quemada, la cara deformada, cinta canela en la boca, el cráneo deshecho.

Por el periódico se enteró de que la noche del homicidio otros tres jóvenes habían sido detenidos por los mismos patrulleros; iban a ser presentados como una célula de sicarios desactivada. Desde la cárcel, los otros detenidos denunciaron que los policías mataron a Jorge.

“Nosotros vimos cuando el secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, y los policías que nos detuvieron golpearon hasta causarle la muerte en la estación de Policía a Jorge Andrés Padilla (…) Y después de matarlo a golpes, vimos y escuchamos cuando el señor Leyzaola les ordenó que al muerto lo fueran a aventar al camino real para que no quedara evidencia”, indica el escrito enviado por los presos e integrado como declaración en la carpeta del caso de Padilla, como reportaron los diarios locales.

Tres días después, mientras la señora Padilla cocinaba en el comedor de una maquila, unas vecinas le avisaron que corriera a su casa. La encontró en llamas: esa mañana seis hombres habían entrado y acribillado a sus dos hijos mayores (de 20 y 14 años), después los rociaron con diesel y les prendieron fuego. Sus otros seis hijos, todos chiquillos, observaron desesperados. Sus súplicas a los asesinos para que se apiadaran fueron en vano.

“Todo se vino el día que dije que eran los policías los que los molestaban. Fue mi culpa. Sé que fueron policías los que me los mataron, me acabaron a los más grandes. Se portan igual que los sicarios pero más descarados. Los sicarios no matan a golpes, al primero me lo mataron de los golpes que traía, seguro lo torturaron porque les dijo que ya no les iba a dar nada, porque los policías son los que cobran la cuota”, dice mientras escala los cascajos de la casa abandonada adonde se mudará para esconderse. Sólo le falta poner triplay a puertas y ventanas.

La historia de la señora Padilla es una más en esta frontera que desde 2008 está en guerra y donde se cometieron uno de cada cinco asesinatos del país. La ciudad/laboratorio donde el gobierno federal probó diferentes estrategias de seguridad en las que a la gente sólo le quedó clara una cosa: que cualquiera puede morir víctima de sicarios, soldados, policías federales y ahora también de municipales. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1842, ya en circulación)