MÉXICO, D.F. (Proceso).- El umbral del siglo XXI estuvo marcado por sucesos culturales sin precedentes: el 21 de febrero de 2006 el director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (el Met), el aristócrata Philippe de Montebello, firmó un acuerdo con el Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales de Italia y restituyó a este país 21 antigüedades, entre ellas la crátera firmada por Eufronios (siglo VI a. C.), un alfarero de la antigua Grecia. Esta pieza la había adquirido el Met de la mafia suiza, conocida como Organización Criminal Medici. Como antecedente de este hecho se halla el caso de Marion True, la antigua curadora de arte antiguo del Museo Paul Getty de Los Angeles, California, quien fue procesada en Roma bajo el cargo de conspiración por haber adquirido un lote de antigüedades romanas de “procedencia dudosa”. El director de ese recinto, Michael Brand, se vio obligado a recomendar a su Consejo la restitución de antigüedades empleando el eufemismo de la “procedencia dudosa” para el caso, entre otros, de la famosa estatua conocida como Getty Kouros. Frederick Schultz, uno de los comerciantes de arte más importantes en Estados Unidos, fue incriminado en la Corte de Nueva York por haber vendido una cabeza de oro del faraón Amenhotep II, reclamada por Egipto. La segunda Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto. A pesar del optimismo que pueden infundir estos hechos y otros semejantes, los claroscuros se multiplican: en marzo de 2006 Shelby White donó a la Universidad de Nueva York 200 millones de dólares para promover un instituto de estudios de arte antiguo. En medio de la controversia en torno a la adquisición de bienes culturales de “procedencia dudosa”, el Met organizó una exposición de más de 200 piezas de arte griego, romano y del cercano oriente, al tiempo que inauguraba (abril de 2007) el Patio de Leon Levy y Shelby White en las instalaciones de ese recinto. La prestigiosa revista American Journal of Arqueology denunció que el 90% de esta colección es de “procedencia dudosa” y las autoridades italianas sostienen que las antigüedades contenidas en ella provienen de excavaciones ilícitas. En 2000 la Universidad de Cornell recibió 1679 tablillas cuneiformes provenientes de Ur, en tanto que la de Harvard recibió otro lote importante de ese tipo de piezas. Ambas instituciones, sin embargo, se abstuvieron de formular “preguntas incómodas” al momento de recibir los objetos, como puede constatarse en el Programa de Publicaciones Arqueológicas Shelby White-Leon Levy. Algunas de las colecciones más importantes existentes en Estados Unidos no tienen determinado el origen de sus piezas. Para revelar la magnitud de este aserto, basta con mencionar que la colección Zollman de arte precolombino únicamente tiene determinado el 8% del origen de todo su acervo; la Fleischman de arte clásico el 8%; la Leon Levy y Shelby White de arte clásico, el 17%; la Ortiz, de arte clásico del Viejo Mundo, el 21%; la Alsdorf, formada por piezas de arte hindú, himalayo y del sureste asiático, el 0%, y la Eilenberg, de arte hindú y del sureste asiático, el 5%. Estas referencias son meramente indicativas de las graves proporciones que ha alcanzado el tráfico ilícito de arte antiguo en el ámbito internacional, actividad que se ha constituido en uno de los negocios más rentables del crimen organizado y del terrorismo internacional, sólo después del narcotráfico y la venta ilegal de armamento. En defensa de este Shibboleth, la Interpol inició un programa que intenta combatir ese tráfico ilícito, aun cuando en el caso de Irak ha destacado solamente dos oficiales. Los países de destino no han hecho más: Scotland Yard tiene adscritos únicamente cuatro oficiales, y el FBI –por medio de su equipo de despliegue rápido contra crímenes de arte– cuenta con ocho agentes. Sin duda el Comando de Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural, en el caso de Italia, es el que se ha significado por ser un cuerpo de élite para el combate de este tipo de crímenes; adicionalmente a sus tareas, junto con la Unesco formó en el ámbito internacional una división de “cascos azules culturales”, que intervienen solamente a petición expresa de un Estado. Los últimos conflictos bélicos en la antigua Yugoslavia, en Afganistán y en Irak reavivaron el debate sobre la eficacia de las normas internacionales en caso de conflictos armados. En los tribunales de Nüremberg y de Tokio, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, se estableció que la confiscación, destrucción y daños a los bienes culturales constituían crímenes de guerra y, por consiguiente, quedaban sujetos a penalidades; criterio que ha sido ratificado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la Corte Penal Internacional.   Irak: el robo de la memoria histórica   Las antigüedades provenientes de la región de Mesopotamia cobraron especial interés a partir del siglo XIX, cuando los imperios francés y británico ubicaron sitios patrimoniales con base en fuentes bíblicas y clásicas. Por primera vez se pudo identificar la localización de Nínive y Babilonia. En el siglo XIX Paul Emile Botta, cónsul francés en Mogul, inició las exploraciones en los palacios asirios de Khorsabad, la antigua Dur Kurigalzu, y en Nínive, y remitió al Louvre las planchas de los muros con los monumentales leones alados decorados con los tesoros de los reyes asirios; su colega Layard hizo lo propio pero enviando las piezas al Museo Británico y al Met. Con mayor orden, los estadunidenses exploraron Nippur en expediciones auspiciadas por la Universidad de Pennsylvania. Las tablillas cuneiformes ahí obtenidas permitieron la reconstrucción de partes de la historia antigua de esa ciudad sumeria y el desarrollo de los estudios de la lengua acadia, entre otros aspectos que enriquecieron el conocimiento universal. Aun cuando bajo la legislación otomana los monumentos arqueológicos pertenecían al Estado, esto no fue impedimento para que universidades y bibliotecas norteamericanas acumularan documentos, manuscritos y sellos cilíndricos de alto valor de la cultura sumeria, muchos de ellos provenientes de Umma y Drehem. El Museo de Irak, concomitantemente con el Servicio de Antigüedades de ese país, fue fundado en 1922 bajo la dirección de Gertrude Bell, quien auspició una legislación que es réplica de la otomana anterior y que reafirmó la defensa del patrimonio nacional iraquí. No obstante ello, el pillaje continuó. Ya bajo la vigencia de ese conjunto de leyes, los arqueólogos Richard Cooke y Richard Starr, el primero británico y el segundo estadunidense, fueron procesados por contrabando de piezas arqueológicas. Sydney Smith, uno de los directores de la sección de antigüedades del Museo Británico, emitió un memorándum a propósito de estos hechos, pero en el que se mostraba más preocupado por la autenticidad de las piezas que por su compra ilícita…   Del robo del arte…   Al término del mandato británico y la independencia del Reino de Irak, la tendencia de la compra ilícita de antigüedades iraquíes cambió drásticamente, toda vez que hacia 1936 esa nación adoptó una legislación más estricta en la materia. Ese tipo de piezas y los bienes arqueológicos continuaron siendo considerados propiedad del Estado. La Segunda Guerra Mundial es un parteaguas en lo que atañe a la protección del patrimonio cultural de Irak. Los arqueólogos y filólogos iraquíes en el extranjero se vieron obligados a regresar e iniciaron excavaciones bajo la autoridad del Estado, si bien auxiliados por el británico Seton Lloyd. El incremento del precio del petróleo le permitió a Irak invertir recursos en la protección de su patrimonio cultural, lo que se tradujo en una disminución sustantiva de las excavaciones ilícitas y la exportación de tesoros arqueológicos. La revolución de 1958 trajo la virtual eliminación de las excavaciones ilícitas. Desde entonces y hasta 1990 se ejerció un control rígido en ese rubro, gracias siempre a los excedentes petroleros de los años setenta. También desde entonces el Servicio de Antigüedades de Irak pudo emplear a un número mayor de personal, incluidos guardias y representantes museísticos regionales, y, con ello, aplicar en forma más estricta la ley protectora de bienes culturales, de modo que en el mercado negro internacional únicamente podían encontrarse algunas piezas de importancia menor provenientes de la región. En 1967 se reinauguró el Museo Nacional iraquí, y en los setenta se crearon museos regionales en todas las provincias. El Servicio de Antigüedades de ese país cobró una excelente reputación en el Medio Oriente, e Irak se destacó por ser una de las naciones líderes en la protección de su herencia cultural. La situación descrita, sin embargo, cambió drásticamente después de la Guerra del Golfo en 1991. A raíz del caos que suscitaron las revueltas ocasionadas por la invasión estadunidense en el sur y el norte, 13 de los 19 museos regionales fueron saqueados y más de 5 mil piezas de alto valor ingresaron al mercado negro internacional. A estos eventos habría que agregar otros que marcaron la cotización de bienes culturales de la región en el mercado negro: por ejemplo, la quiebra de la Bolsa de Nueva York en los ochenta, que obligó a los inversionistas a buscar valores-refugio. Las subastas de las colecciones Erlenmeyer y Moore desorbitaron los precios de los bienes culturales provenientes de la región que abarcó la antigua Mesopotamia. De inmediato surgieron traficantes de bienes culturales, especialmente en la región desértica entre los ríos Tigris y Éufrates, en especial en Umma. A finales de los noventa los sellos cilíndricos sumerios rebasaron la cota de los 100 mil dólares; un sello real neoasirio que se trató de comercializar ubicándolo como proveniente de un supuesto reino iraní alcanzó los 400 mil dólares. Un efecto paralelo y previsible del comercio ilícito fue la aparición de falsificaciones, que llegaron incluso a confundir a los expertos. Un tercer evento marcó el curso del pillaje: la restricción de vuelos en el territorio iraquí, que impidió que las zonas arqueológicas, especialmente del sur, fueran sobrevoladas por helicópteros, lo que sin duda favoreció el saqueo. Prueba de ello es que en 1994 se incrementó dramáticamente la oferta en el mercado negro internacional de bienes culturales provenientes de Umma, Umm al-Hafriyar (región cercana a Nippur), de un centro alfarero y de Adab. Especialmente grave es el caso de Isin (ciudad que alcanzó su desarrollo en el tercer milenio a. C.), actualmente Ishan al-Bahriyat, que fue totalmente saqueada.   …al arte del robo   En los años noventa, la escalada del tráfico ilícito de bienes culturales llegó a ser de tal magnitud a nivel internacional que un importante y conocido coleccionista radicado en Nueva York sostenía que era la época de oro para coleccionar. No resulta ocioso mencionar que la prohibición de que se importaran productos provenientes de la región en Estados Unidos no se hizo extensiva a los bienes culturales, que circulaban libremente en territorio de ese país. Cualquier medio se utilizaba para la exportación ilícita: automóviles diplomáticos, la vía saudita, jordana y la kurda –en esta última el gobierno iraquí había perdido todo control–. Muy pronto los bienes culturales iraquíes aparecieron en las tiendas de antigüedades de Amán, Damasco y Alepo; algunos llevaban aparejados “documentos”, elaborados en la propia Jordania, que pretendían legalizar las piezas sustraídas ilícitamente, cuando resulta una obviedad que provenían de la región que abarcó la antigua Mesopotamia, y no del territorio de aquel país. Para dimensionar esta catástrofe cultural basta mencionar que en la década de los noventa un fuste amputado de una estatua esculpida en piedra negra fue ofrecido en venta en el mercado de Londres. La estatua, que fue destruida en sus partes inferior y superior, era de especial relevancia, ya que narraba la rebelión de las ciudades del sur de Babilonia en contra de Samsuiluna, hijo y heredero de Hamurabi, encabezada por un “rey de Sumeria”, título infrecuente en esa época. La cota de ese objeto de enorme valor histórico, provista de documentación suiza, alcanzó la suma de 400 mil dólares. Actualmente se sabe que la pieza se encuentra en posesión de un coleccionista italiano, con lo que el conocimiento universal perdió una valiosa y única oportunidad de conocer la historia de la primera civilización humana. El daño es irreversible. El 24 de enero de 2003, cuando ya era inminente la segunda versión de la guerra de Estados Unidos y sus aliados contra Irak, se realizaron dos reuniones, una en el Pentágono y la otra en el Departamento de Estado de aquel país, en la que se enfatizó la importancia de Irak como el centro de la civilización más antigua de la humanidad. Los participantes en estos cónclaves destacaron la vulnerabilidad de la región y las altas probabilidades de que fuera saqueada, como una consecuencia natural del caos que se provocaría por la guerra; se mencionó asimismo la importancia del Museo Nacional de Irak, especialmente propenso al saqueo, y se dieron seguridades de que el recinto no sería bombardeado, lo que se cumplió en efecto, si bien el saqueo fue inevitable. No fue sino hasta el 22 de mayo del mismo 2003 cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 1483, resolvió tratar de impedir el saqueo, lo que obligó al Congreso estadunidense y a la Unión Europea a reaccionar. Esta última declaró ilícito el tráfico de bienes culturales de Irak en su resolución 1210/2003. El colapso, sin embargo, ya estaba consumado. Ahora, tras la salida de ese país de las tropas estadunidenses, se puede visualizar con mayor claridad esta catástrofe cultural en toda su dimensión. Se puede convenir en que el mayor ultraje a un museo es el que se escenificó del 10 al 12 de abril de 2003 en el Nacional de Irak, en tanto que el mayor agravio a zonas arqueológicas es verse saqueadas hasta su aniquilación. La preservación del conocimiento universal en torno a estas culturas se ha perdido para siempre. La denuncia   Resulta muy claro que existe una cooperación muy importante entre la academia, especialmente de filólogos e historiadores de arte que traducen, analizan y autentifican los bienes ilícitamente exportados para los coleccionistas y comerciantes de arte. Los primeros justifican su actividad con el argumento de que salvaguardan información que fatalmente se perdería sin sus análisis de bienes culturales y la lectura de las inscripciones. Por su parte, los comerciantes y traficantes gozan de un total anonimato e impunidad. La cierto es que hay una relación simbiótica entre coleccionistas, curadores, historiadores de arte y filólogos que autentifican los bienes culturales y con ello preservan su valor en el mercado negro. El cuestionamiento ético al que se confrontan es lapidario: la complicidad confesa en la comisión de delitos. En contraste con estos académicos existe una corriente de arqueólogos que busca preservar los objetos in situ con la finalidad de obtener una mayor e invaluable información sobre el significado de las piezas. El derecho de la guerra, el jus belli, ha encontrado únicamente impulso en el combate internacional del terrorismo (jus ad bellum) y en la protección de personas y de sus bienes (jus in bello). La tutela de bienes culturales en el ámbito internacional después de las catástrofes culturales citadas comienza nuevamente a tomar aliento. La eficacia de la panoplia de instrumentos que regulan la protección de este tipo de bienes en tiempos de conflicto armado suscita, para decir lo menos, serios cuestionamientos. Por lo anterior, la Unesco ha relanzado una serie de trabajos sobre el particular. Las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, la Convención IV de Ginebra de 1949 y la de La Haya de 1954 constituyen el marco jurídico para la protección de bienes culturales en tiempos de conflicto armado, pero han demostrado ser insuficientes. Las evidencias se encuentran en todas partes. Estados Unidos finalmente ratificó la Convención de La Haya de 1954, aun cuando falta la ratificación de sus dos protocolos. Por ello, no deja de ser elocuente sin embargo que, en el caso de Irak, la Cruz Roja Internacional, sujeta a la legislación suiza pero con personalidad jurídica internacional, hubiera establecido que “la potencia que ocupa el territorio debe prevenir la exportación ilícita de los bienes culturales del territorio ocupado y se encuentra obligada a restituir los bienes culturales ilícitamente exportados a las autoridades competentes del territorio ocupado”. La eficacia de este precepto se deja al veredicto de la historia. Las catástrofes culturales obligan a una reflexión. Al margen del orden jurídico, la humanidad no puede escapar a una condena fatal: desde tiempos inmemoriales el arte ha dado una aureola de prestigio a una ciudad o a una dinastía. Las ciudades o dinastías rivales intentaban destruir a las dominadas privándolas de su patrimonio cultural, se apropiaban de la fuerza de sus rivales devorando su maná; esa fuerza que en la antigüedad invocaba a un poder sobrenatural y le confería una eficacia mágica a la cultura. ––––––––––– El autor es doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.