MÉXICO, D.F. (apro).- Voracidad de empresarios agrícolas, violaciones a derechos humanos y de trabajo, y explotación laboral de niños, forman parte de la tragedia que viven miles de indígenas de los estados más pobres del país que emigran cada año a las entidades del norte para emplearse como jornaleros agrícolas, de acuerdo con el informe “Migrantes somos y en el camino andamos”. El informe fue elaborado y presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y está enfocado en la ruta que siguen año con año los indígenas guerrerenses, que ocupan el primer lugar de migración interna nacional, de acuerdo con el Diagnóstico Integral sobre los jornaleros agrícolas y sus familias, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social de ese estado. “El informe tiene el objetivo de visibilizar (sic) a un sector abandonado: los indígenas, que aunque no hablan español tienen dignidad pero para quienes no hay justicia, porque no representan dividendos políticos”, dijo Abel Barrera Hernández, director de “Tlachinollan”. En el documento se destaca que de los más de dos millones de personas que emigran a otros estados del país, los indígenas guerrerenses ocupan el primer lugar, debido a la falta de oportunidades de desarrollo laboral y humano en sus comunidades. De los más de 73 mil indígenas guerrerenses que año con año dejan sus comunidades para dirigirse a entidades como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, 42% son menores de 15 años; y 6%, menores de un año. Aproximadamente 20% de los menores se integran a las duras jornadas agrícolas. Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó en su presentación las “ausencias de derechos, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo justamente remunerado, y ante todo, ausencia de autoridad de Estado para hacer respetar las leyes y normas que protegen a esta población tan invisibilizada (sic) y explotada”. Cruz, manifestó la preocupación de que después de 39 años de que se adoptó el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima para la Admisión de Empleo, “México sea el único país de América Latina que se resiste a ratificarlo, lo que habla mucho de cuáles son los intereses de este país, porque ese convenio tiene como objetivo erradicar el trabajo infantil”. “Hay una gran voracidad de los empresarios agrícolas, para ellos la mano de obra infantil no sólo es más barata, sino más efectiva y en ocasiones hasta codiciada, porque con su manos pequeñas, los niños no maltratan las legumbres y verduras; además por su baja estatura, se cansan menos porque casi no tienen que agacharse para cosechar”, apuntó Margarita Nemecio, investigadora y defensora de “Tlachinollan”. En el documento elaborado por Tlachinollan se describen 312 casos de violaciones a derechos humanos y laborales. “La mayoría de los expedientes tienen que ver con muertes ocurridas en los campos agrícolas, en la operación de maquinaria o en los traslados de los campamentos a las zonas de trabajo; a los indígenas los obligan a firmar documentos en los que eximen a los empresarios de cualquier responsabilidad, incluso cuando se trata de asuntos penales; pero los indígenas no saben leer ni escribir, y muchos ni siquiera hablan español”, resaltó Nemecio. Entre las muertes documentadas por Tlachinollan hay siete de menores de edad, la más pequeña, de cinco meses de nacida, Silvia, quien murió al ser atropellada por un tractor. “Las mujeres no cuentan con servicio de guardería mientras laboran; y los campamentos no son sitios seguros porque todas las mujeres salen a trabajar. Cuando Silvia murió ni siquiera estaba registrada”, añadió Nemecio. Durante la presentación del informe, Aureliana Díaz Benigno, dio fe de las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan las mujeres indígenas en los campos agrícolas, donde los derechos laborales no existen, mucho menos para ellas. Aureliana contó que, en estado de gravidez, en campos agrícolas de Morelos trabajaba jornadas completas en la pizca de ejote, y como todos los jornaleros, tras llenar su costal de 70 kilos, lo llevaba ante los capataces. En uno de los viajes, por un accidente de trabajo, su marido murió, y Aureliana, “sin ayuda de los patrones”, trasladó el cuerpo de su pareja a Tlapa, para después regresar a los campos a trabajar junto con sus tres hijos. Ante el abandono, los indígenas de Guerrero se han organizado en el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, que preside Miguel Martínez Peralta, quien conoce “en carne propia” el sufrimiento de éstos y el “desprecio” que reciben “de las autoridades”. Las demandas más sentidas de este Consejo de Jornaleros, dijo Martínez, son agua y luz en los lugares de Tlapa previos a la partida para trabajar en los estados del norte. “Somos pobres, no sabemos leer ni escribir bien, hay algunos que no saben ni español, pero tenemos dignidad, por eso pedimos que se nos atienda”, apuntó el dirigente indígena. Por su parte, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Javier Hernández Valencia, lanzó una pregunta al aire: “¿Cuántos cientos de años más se va a seguir apostando a mantener esas enormes brechas en las que los más pobres de entre los pobres siguen siendo los indígenas, y como hace cientos de años, siguen siendo los más explotados y los más despojados?” En la presentación del informe, Hernández Valencia resaltó que para el resto de los países de América Latina, “México es un farol por el realce que le da a su pasado cultural y su gran infraestructura museográfica, sin embargo hace falta voluntad política para aplicar políticas públicas que atiendan a los indígenas de carne y hueso y no sólo se pongan en los museos”.