MÉXICO, D.F. (Apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se sumó al señalamiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU respecto a la participación de representantes del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas, considerado como delito de lesa humanidad. En declaraciones a la prensa luego de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe anual de actividades de la CNDH, Plascencia informó además que la secretaría de Seguridad Pública federal se negó a aceptar una recomendación del organismo respecto a desaparición forzada en la localidad Ejido, del municipio Buenaventura, en Chihuahua. Se trata de "un caso grave" en el que hay participación de servidores públicos, declaró en alusión a los efectivos que dependen del sdecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ante "la desaparición forzada, la privación de la vida o la tortura" en la que participan funcionarios del Estado "no existe justificación para una negativa a aceptar" las recomendaciones de la CNDH, precisó. El Grupo especial de la ONU señaló en Ginebra, con base en información "concreta, detallada y verosímil" que el Estado mexicano y no sólo los grupos de delincuencia organizada participan en las desapariciones forzadas en México. En su informe, Plascencia indicó que durante el año pasado el organismo abrió 182 expedientes relacionados con personas reportadas como desaparecidas. En otro señalamiento a la dependencia a cargo de García Luna, indicó que tanto el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social y la Policía Federal figuran entre las diez dependencias con mayores quejas por violaciones a los derechos humanos. Durante 2001, hubo mil 676 quejas por violaciones cometidas por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, encargada de los penales federales; en tanto que se abrieron mil 150 contra la Policía Federal. De esa manera, la SSP federal se convierte en la dependencia más señalada como violatoriia de derechos humanos, incluso por encima de la secretaría de la Defensa Nacional. Respecto al descontrol de las prisiones en el país, indicó que en casi la mitad de los 430 penales del país prácticamente se encuentran bajo autogobierno "por falta de controles administrativos". El reciente decomiso de un arsenal en el penal de Ciudad Juárez es un reflejo de ese autogobierno, consideró.