MEXICO, D.F. (apro).- La Confederación Nacional Campesina (CNC) reveló que más de 12 millones de mujeres que viven en áreas rurales son las más golpeadas por la carestía y la crisis económica-alimentaria, lo que repercute en una mayor discriminación hacia ellas. Gerardo Sánchez García, dirigente de ese sector del PRI, añadió también que más de 900 mil madres campesinas se ven obligadas a fungir como cabezas de familia, debido, principalmente, a que los padres dejan a sus mujeres e hijos al emigrar en busca de oportunidades de trabajo a las ciudades o hacia Estados Unidos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se festeja este jueves 8, Sánchez García denunció que la pobreza empuja a las campesinas a aceptar violaciones a sus derechos laborales. Con base en datos oficiales, el líder de la CNC mencionó que 37.7% de las mujeres de hasta 24 años padece pobreza alimentaria en el medio rural; de 25 a 44 años, el porcentaje es de 34.8%; de 45 a 64 años, de 31.1%, y de 65 en adelante, 32.2%. Luego de reconocer la aportación de las mujeres del campo en la economía familiar, aseguró que su lealtad y compromiso con su grupo se refleja en el hecho de que, en los últimos 20 años, la población económicamente activa femenina creció 261%, mientras que la masculina se elevó en sólo 104%. Sin embargo, aclaró que su incorporación al mercado laboral no ha generado para ellas una mejoría en sus condiciones de vida, ya que sus ingresos son dan para sobrevivir. El dirigente reconoció el trabajo de la mujer rural en sus hogares y en las tareas productivas del agro, sobre todo porque enfrentan la carestía que se refleja, en algunos lugares del país, en que el kilo de tortilla se vende hasta en 16 pesos, un fenómeno que se repite con la carne, derivados de la leche y en las oleaginosas. Además de lo anterior, se enfrentan al desafío de que los insumos del campo se han elevado en más de 50% en los últimos meses. Esto, afirmó, agrava las condiciones económicas familiares, un hecho que se refleja en el detrimento de la alimentación, salud, educación, vivienda, producción agrícola y relaciones laborales de las familias campesinas. El dirigente cenecista también censuró que más de un millón de campesinas que se emplean en las maquiladoras sufran constantes violaciones a sus derechos humanos. Ello, se suma a que sólo una cuarta parte de las 300 mil unidades de producción rural cuenta con superficies exclusivas para mujeres. En este sentido consideró necesario revisar la política en materia de derechos agrarios, ya que menos de 600 mil mujeres poseen certificados o títulos de propiedad en un universo de 6 millones de hectáreas; es decir, menos de 10% del total. Es por ello que el también diputado federal por Guanajuato demandó al gobierno federal revisar y diseñar políticas agropecuarias con perspectiva de género, debido a que, afirmó, no se puede admitir que una cuarta parte de la población femenina del país enfrente dobles y triples jornadas laborales sin reconocerse ni retribuirse su esfuerzo. “Es hora de que la sociedad mexicana valore la aportación de las mujeres del sector rural al desarrollo económico del país y esto se refleje en una mejoría en sus ingresos”, advirtió.