MÉXICO, D.F. (apro).- En lo que puede ser un duro revés para el gobierno de Felipe Calderón, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso la liberación "inmediata y absoluta" de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin por las reiteradas violaciones al procedimiento judicial en su contra. Acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas, Cassez pidió a la Corte la revisión del amparo que promovió en contra de la sentencia que la condenó a 60 años de prisión, de los que ya cumplió una décima parte. La revisión del recurso recayó en Zaldívar, cuya propuesta de amparo deberá contar por lo menos con el apoyo de otros dos ministros, de un total de cinco que integran la Primera Sala. El caso Cassez, que ha generado un diferendo público entre los gobiernos de Calderón y del presidente francés Nicolas Sarkozy, está agendado para discutirse en la sesión de la Sala del próximo miércoles 21. El principal afectado en la propuesta de Zaldívar es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien junto con su cercano colaborador, Luis Cárdenas Palomino, operó la detención de Cassez el 8 de diciembre de 2005. En ese entonces, García Luna era el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en tanto que Cassez ha identificado a Cárdenas Palomino como quien la detuvo y presionó, acusándola de formar parte de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. En su propuesta de amparo, registrado con el número 517/2011, Zaldívar se hace eco de los alegatos de la defensa, que ha argumentado la existencia de diversas violaciones tanto en la detención como en el proceso judicial abierto contra la ciudadana francesa, presa en el penal femenil de Tepepan, al sur de la ciudad de México. Zaldívar asegura que al detenerla, los agentes de la AFI violaron el "derecho fundamental"  de Cassez de recibir asistencia consular, lo que la dejó en "un escenario de indefensión", que llegó a ser "total" cuando fue exhibida ante la prensa como secuestradora. El proyecto difundido por la Corte asegura que la ciudadana francesa "fue llevada al rancho Las Chinitas, a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron", en lugar de presentarla ante el Ministerio Público. "Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la AFI, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros", dice la propuesta. Ambas circunstancias, añade, tuvieron "una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada". Como lo ha alegado Cassez, el ministro asegura que se trató de una "supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron". Directo, Zaldívar censura que las autoridades encargadas de una detención "deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y principalmente frente a las futuras partes del proceso". Las violaciones cometidas por la AFI tuvieron "un efecto corruptor" en todo el proceso penal y viciaron la evidencia incriminatoria en contra de Cassez, añade. El objetivo de las autoridades fue "causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso", apunta el ministro, quien aclaró que su propuesta no incluye a Israel Vallarta, exnovio de Cassez y otro de los procesados como presunto jefe de los Zodiaco. Segob acatará fallo Por la noche, el gobierno del presidente Felipe Calderón anunció su decisión de acatar la resolución que el Poder Judicial adopte sobre el caso Cassez. En declaraciones a la agencia EFE, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Alberto Diener, dijo que dentro del estado de derecho "existe el principio del debido proceso, y éste tiene que ser respetado en términos de la Constitución". Consideró que el Poder Judicial deberá tomar en cuenta todos los elementos para tomar la decisión que corresponda con base en las disposiciones de la Carta Magna. El Estado mexicano, admitió, “no puede oponerse al orden constitucional. Por tanto, si el Poder Judicial considera que hay algunos puntos que se están vulnerando en términos de la procesada, se tiene que actuar en consecuencia".