No bien Carlos Alberto Navarro Sugich acababa de tomar posesión como procurador general de Justicia de Sonora cuando le detonó un cúmulo de añejas demandas penales en su contra. Entre las más graves destacan las siguientes: despojo, invasión de propiedad privada, amenazas e intimidaciones, interpuestas ante la misma dependencia por dos ciudadanos y que datan del tiempo en que el funcionario se desempeñaba como subprocurador de Procesos. Al respecto, el gobernador Guillermo Padrés se deslinda: “Son situaciones que él tiene que contestar...” HERMOSILLO, SON. (Proceso).- Carlos Alberto Navarro Sugich, quien desde el pasado 25 de enero encabeza la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, enfrenta una serie de acusaciones y demandas penales por abuso de autoridad, portación de arma prohibida, asociación delictuosa, usurpación de funciones, despojo, invasión a propiedad privada, amenazas e intimidaciones. Este alud de denuncias contra el funcionario datan del tiempo en que se desempeñaba como subprocurador de Control de Procesos de esa dependencia (desde enero de 2010 hasta su actual promoción); fueron interpuestas por José Francisco Figueroa Mercado y Guadalupe Butrón Quiroz y dieron lugar a las averiguaciones previas 113/2011 y 108/2011, respectivamente. Ambas personas sostienen que Navarro Sugich se valía de su cargo para que sus amigos se apropiaran de terrenos particulares. “El 26 de julio de 2011 –relata Figueroa Mercado– me enteré por uno de mis hijos que en una fracción de mi predio estaban varias personas. Al llegar vi que el cerco que delimita mi propiedad estaba trozado y que dentro se encontraban unas 10 personas. Entre ellas estaba Carlos Ortiz, El Perico, así como agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y Carlos Alberto Navarro Sugich, quien en ese momento se identificó como agente del Ministerio Público. “Me dijo que venía a ayudar a Ortiz para que tomara posesión de su predio. Le manifesté que yo era el propietario y le mostré los papeles a mi nombre. Me dijo que no servían. Le pedí que me mostrara los suyos. Respondió que no tenía que enseñarme nada, que se iba a meter y que debía retirarme de ahí porque ellos eran la autoridad, que traían órdenes del procurador general de justicia y que no dudaría en usar su arma y disparar si nos oponíamos, ya que este tipo de acciones eran políticas de Estado. Nos retiramos por temor a que nos privara de la vida.” Puntualiza: “Ahora sé que Navarro Sugich no es agente del Ministerio Público, sino subprocurador de Control de Procesos en la procuraduría estatal. Quiero precisar que él daba las órdenes a las personas que iban armadas y vestidas de civil, así como al que mandó que de inmediato se procediera al cercado de una fracción de mi predio, del cual fui despojado desde ese momento. Además, esas personas ya habían introducido vehículos, algunos cargados con materiales”. Figueroa, de 62 años, comenta que siempre estuvo acompañado de su hijo Manuel, de su abogado Jesús Acuña Alcantar y de Israel García Gaxiola, encargado de resguardar el predio. “En poco tiempo terminaron de instalar un cerco nuevo sobre la fracción invadida de mi predio. Dicho cerco fue construido con malla ciclónica y postes de fierro clavados en concreto. También colocaron una puerta a la cual le pusieron candado y cadena. Ahí montaron un letrero que dice: ‘Propiedad Privada RPP 510060045 Corporativo Ortiz’. Al mismo tiempo metieron carros con pantallas de publicidad, cajas de tráileres y una caja grande de lámina, como para almacenar herramientas.” De acuerdo con documentación integrada en el expediente, Figueroa es propietario del predio denominado Unidad Ganadera la Esperanza, ubicado en el kilómetro nueve del Bulevard García Morales. El uso de la finca, de 66.51.74 hectáreas, está dividido en cuatro fracciones: dos destinadas a cultivos; una con la casa particular, talleres, pozo, hortalizas y locales comerciales, y una más en la que hay canchas de futbol; 2 mil 554 metros cuadrados de esta última corresponden a la parte supuestamente invadida por Navarro Sugich. En su declaración ante el Ministerio Público del pasado 4 de noviembre, Alejandro Samaniego López, el agente de la PEI que apoyó al entonces subprocurador durante la invasión de la propiedad, reconoce: “Ese día, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, recibí por radio la orden de comunicarme a la base. De mi celular hablé con Gilberto Leyva Leyva, encargado de la base operativa, quien me indicó que me trasladara inmediatamente al predio ya que Carlos Navarro, subprocurador de Procesos, solicitaba apoyo y que me llevara a mis elementos del sector norte y que me enviaría a otros del operativo norte.” El agente refiere que cuando llegó al predio se le acercó Navarro Sugich: “Me dijo que él había pedido el apoyo, que resguardáramos la integridad de las personas que se encontraban en el predio. Asentí y él se volvió a meter al terreno de donde había salido. Más tarde notifiqué al operador de la base que todo estaba en orden y que no creía necesario que llegaran más unidades de la PEI en apoyo”.   Más atropellos   La otra denunciante, Guadalupe Butrón Quiroz, sostiene que el 14 de septiembre último un grupo de personas, presuntamente bajo las órdenes del subprocurador Navarro Sugich, intentó despojarla de un predio de 28.7 hectáreas conocido como El Rosario. En entrevista con la reportera asegura que ese día, a las 8:30 de la mañana, realizaba un recorrido en su predio acompañada de su esposo, Benjamín Lagarda Burgos, cuando llegaron tres retroexcavadoras y varios vehículos. “El señor Ramón Alejandro Noriega Villaescusa, El Chanate, dijo que iba a sacarme de mi propiedad a como diera lugar. Estaba escoltado por 20 guardias de seguridad privada de la empresa Argus. A los operadores de las retroexcavadoras les ordenó que rompieran el cerco de púas y trozaran los postes en la parte que colinda con la calle Israel. Una vez dentro mandó que una de las máquinas derribara una barda de bloques de unos 100 metros de largo y 1.5 metros de altura”, dice. Agrega que subió a una de las retroexcavadoras y logró bajar al operador para evitar que continuara con la demolición: “Al percatarse de ello, Noriega le dijo al operador que me atropellara y que bajo ninguna circunstancia permitiera que yo bloqueara el paso; mientras tanto, el operador de otra máquina en menos de 30 minutos tiró la barda.” Butrón Quiroz afirma que tiene pruebas de estos hechos en una videograbación. Comenta que incluso solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de sus familiares y llamó a un notario público para que diera fe de lo ocurrido. “El mayor de mis hijos, Leonardo, es abogado y le hablé por teléfono para decirle lo que estaba sucediendo. Me pidió que lo comunicara con Noriega, quien le dijo que no le importaba que lo denunciáramos por daños y despojo, ya que contaba con el apoyo del subprocurador de Control de Procesos, Carlos Alberto Navarro Sugich, de quien recibió instrucciones de introducirse a mi predio.” Leonardo Lagarda Butrón refiere: “Colgué con Alejandro Noriega y a los 12 minutos recibí una llamada a mi teléfono-radio Nextel. Provenía del número 62*231299*3, también de Nextel. Era el subprocurador Navarro Sugich, quien me dijo textualmente: ‘Mantente al margen. No te metas a defender a tu mamá ni a tu papá. Si te presentas en el predio para evitar la invasión te voy a chingar. Más vale que te mantengas al margen; de lo contrario, atente a las consecuencias. Ramón Alejandro Noriega y María Emilia Noriega Romandía son mis amigos y socios’. “Le contesté que no era posible que me pidiera eso, que se trataba de mi madre y de su predio. Me respondió: ‘Vas a aprender a respetarme. Te advierto que no te aparezcas por el terreno; si lo haces, elementos de la PEI que envié te van a chingar’. Al terminar la llamada, me comuniqué telefónicamente con varios amigos y les pedí que acudieran en ayuda de mi madre.” Lagarda Butrón dice que solicitó ayuda a Leopoldo Moreno Valenzuela, director general de la Defensoría de Oficio del estado de Sonora. “Le dije: ‘¡No me vas a creer lo que está pasando!’ Me contestó que estaba enterado de lo que sucedía en el predio de mi madre, ya que minutos antes recibió una llamada de Navarro Sugich, quien de manera tajante y amenazadora le prohibió intervenir a favor de mi madre. Indignado, le espeté: ‘Cómo es posible que un subprocurador, abusando de su posición en nuestro estado, se valga de la misma para cometer delitos o prestar ayuda para que se perpetren’.” Guadalupe Butrón comenta que al predio llegaron policías municipales, quienes reconvinieron a Ramón Alejandro Noriega y le dijeron que los actos que estaba realizando constituían un delito de despojo y daños en propiedad ajena. “Sin embargo, en apoyo de Noriega, llegaron dos agentes de la PEI –a bordo de dos patrullas; una, la 1075–, quienes trataron de auxiliarlo para despojarme. El agente Alejandro Samaniego López entró al predio y trató de intimidar a mi esposo: Le mostró fotos de mis hijos y le comentó que ya los tenía fichados”, relata. En su declaración testimonial, Noriega Villaescusa niega las imputaciones de Butrón y asegura que él no se presentó en el predio con 20 elementos de seguridad privada. Contrario a las afirmaciones de Noriega, en una parte de su declaración Benjamín Morales Sánchez, agente de la PEI que llegó al predio a bordo de la patrulla 1079, señala: “Al ver una foto de Ramón Alejandro Noriega confirmé que es la persona que acompañada por un grupo de personas intentaba meterse al terreno”. La demanda de amparo 1495/2011, interpuesta el 19 de diciembre de 2011 por Leonardo Lagarda Butrón ante el Juzgado Décimo de Distrito de Sonora, contiene una solicitud de juicio político en contra del ahora procurador Carlos Alberto Navarro Sugich, puesto que los actos reclamados –usurpación de funciones e intimidación– repercuten en los intereses públicos fundamentales. Así lo establecen, afirma el abogado, los artículos 7 y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En dicha solicitud que Lagarda Butrón hace al Congreso local dice que Navarro Sugich incurrió en el delito de intimidación previsto en el título séptimo, artículo 189, del capítulo IX, el cual establece: “Se impondrán de seis meses a nueve años de prisión, de 10 a 250 días de salario mínimo de multa y destitución, en su caso… al servidor público que por sí, o por medio de terceros, inhiba o intimide, por medio de la violencia física o moral, a cualquier persona para evitar que ésta, o alguien con ella relacionada, formule una denuncia”. A las demandas que acumula Navarro Sugich se suma un juicio que en noviembre de 2010 entabló Lagarda Butrón en su contra. En su alegato el abogado afirma que en su calidad de subprocurador de Control de Procesos, Navarro Sugich designó a Oswaldo Ordorica Hodgers director general de Control de Procesos, quien, afirma, no acreditó los exámenes de control de confianza ni fue registrado y certificado en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Detalla que el nombramiento para este puesto sólo puede otorgarlo el gobernador Guillermo Padrés Elías, mediante propuesta del procurador de Justicia, cargo que en ese entonces ocupaba Abel Murrieta Gutiérrez. Al hacerlo de manera autónoma, dice, Navarro Sugich violó el artículo 8 fracción V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado; el artículo 6, fracción XVII del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE, y el artículo 201 fracción V del Código Penal estatal que tipifica como conducta ilícita la designación de funcionarios sin cumplir con los requisitos normativos. Con base en el artículo 139, fracción III, nombrar director a una persona que no se haya certificado ni registrado conlleva sanciones de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de salario mínimo de multa. Cuando, el 3 de febrero, varios reporteros locales le preguntaron al gobernador Guillermo Padrés qué opinaba de las denuncias que pesan sobre el procurador, únicamente respondió: “Son situaciones que él tiene que contestar, que lo aclare ya sea en forma personal, como ciudadano o como procurador, si así lo amerita y si él lo ve pertinente”. Antes, el pasado 25 de enero, al anunciar que Navarro Sugich sería el nuevo procurador de Justicia estatal, Padrés lo llenó de elogios: “Cuenta con el perfil, conocimiento y experiencia para desempeñar el cargo, por lo que será la propuesta que enviaré al Congreso del estado para ser ratificado como procurador general de Justicia del estado”. En varias ocasiones –el 17 y el 22 de febrero, así como el 1 de marzo– Proceso trató de comunicarse telefónicamente con el procurador Carlos Alberto Navarro Sugich para conocer su postura respecto de las denuncias en su contra, pero no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió cuando la reportera intentó hablar con él por medio de su secretaria, Iris Barrios, y por medio de José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien respondió que la agenda de Navarro estaba “saturada”.