MONTERREY, N.L. (apro).- Luego de que un tribunal colegiado revocó su solicitud de licencia, en un hecho sin precedentes en el país, la alcaldesa de Guadalupe, la priista Ivonne Álvarez García, quien aspiraba a ocupar una curul en el Senado, aseguró que, con dicha resolución, se vulneraron sus derechos políticos. En conferencia de prensa efectuada en el palacio municipal, la funcionaria argumentó que consideraba extraño que de todos los servidores públicos del país que dejaron sus puestos para buscar otros superiores, únicamente ella enfrenta una demanda. “Debo de ser muy contundente en recalcar que estoy muy indignada y sorprendida por la postura del tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, lo que está pasando aquí es un atentado sin precedentes a los derechos constitucionales de todos los mexicanos, estamos ante una grave violación del 35 Constitucional, que nos da a todos el derecho de aspirar a cualquier cargo de elección popular”, aseveró. Sostuvo que “también se está ignorando el artículo 55 constitucional del séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto a los requisitos de los candidatos para el Senado. Esto se hizo además sin notificar en lo personal a una servidora, sin escuchar mi versión y violando la decisión del Ayuntamiento y la autonomía municipal garantizada en el artículo 115 constitucional”. Al recordarle que ella misma se comprometió a cumplir con su promesa de campaña de terminar su gestión, que se cumple el 31 de octubre próximo, la funcionaria municipal se negó a responder. Se limitó a leer un mensaje, en el que sostuvo que si el juez tercero de distrito en materia administrativa, en donde se ventila el juicio de amparo promovido por Dinorha Cantú Pedraza, decide que permanezca en el municipio, ella “estaría encantada”. “En cualquier escenario trabajaremos por Guadalupe. Hoy sólo ganaron una instancia jurídica, pero nunca podrán ganar el voto popular y la voluntad de nuestra gente, eso nadie lo podrá hacer”, dijo. La exanimadora de televisión indicó que desconocer si la demanda forma parte de una estrategia política de la oposición, y si la parte demandante es patrocinada por un partido político. “Lo que sí se ve es un tinte político cuando hay muchos servidores públicos están en las mismas circunstancias, y la única demandada soy yo. Creo que puede haber un temor al 1 de julio, porque la ciudadanía siempre ha estado con Ivonne, en las buenas y en las malas”, dijo. El viernes está programada una audiencia incidental en la que el juzgador puede determinar si desecha la suspensión e Ivonne puede continuar con su trabajo de preparación de la campaña rumbo al Senado, o la ratifica para que ella permanezca al frente del Ayuntamiento hasta que se dicte sentencia. El 30 de marzo, 90 días antes de las elecciones, es el plazo límite que constitucionalmente tiene la alcaldesa del PRI para pedir licencia y ser elegible para una candidatura, y sólo podrá separarse del cargo si se lo permite el juez. La resolución, sin precedente en el país, se da luego de la denuncia que la ciudadana Dinorah Cantú Pedraza promovió un juicio de amparo contra la licencia que el 20 de enero se dio a la alcaldesa, quien ahora es candidata del PRI a la Cámara alta, en fórmula con la diputada federal con licencia Marcela Guerra Castillo. Los antecedentes Mediante un juicio de amparo que ya fue ganado en una primera instancia, Dinorah Trinidad Cantú Pedraza, directiva de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLD) busca impedir que la alcaldesa de Guadalupe, la priista Ivonne Álvarez, una exanimadora grupera, brinque al Senado. La promovente considera que si ganan la demanda podrían sentar un precedente nacional para que los ciudadanos exijan, con argumentos legales, que los servidores públicos electos cumplan sus mandatos constitucionales y no salten hacia otras posiciones, en una práctica política conocida como chapulineo. Asistida legalmente por el abogado Olmo Guerrero Martínez, la funcionaria universitaria promovió el recurso legal ante el juez tercero de distrito en materia administrativa que inicialmente negó la suspensión del acto reclamado, pero ante la resolución de un tribunal de segunda instancia, rectificó y atrajo el caso. Para evitar involucrarse en una disputa legal de carácter político y electoral, Guerrero Martínez, quien forma labora en el despacho Martínez Arrieta, decidió emprender la demanda por la vía administrativa para demostrar la ilegalidad en la que incurrió el cabildo de Guadalupe, municipio metropolitano vecino de Monterrey al oriente, al otorgarle licencia por tiempo indefinido indebidamente a Álvarez en la sesión del pasado 20 de enero. De entre todos los servidores públicos que aspiran a brincar a las cámaras de Diputados y Senadores, se eligió a la alcaldesa por una simple y sencilla razón: la demandante radica en el municipio de Guadalupe. El pasado 20 de febrero Cantú Pedraza interpuso la denuncia en la oficialía común de los juzgados de distrito en materia administrativa, en la que reclama todos los actos para otorgarle licencia a Álvarez García: falta de audiencia para la demandante; carencia de fundamentación de la licencia, y abstención del ejercicio del cargo. La demanda de la funcionaria universitaria se fusionó con otra que reclamaba lo mismo. Esta última denuncia fue interpuesta por una persona identificada con el nombre de Gerardo Núñez. Ambas querellas se integraron en el expediente 111/2012 del juzgado tercero en materia administrativa, con sede en esta ciudad. Los dos quejosos impugnan los actos por los que fue designado el primer regidor, Carlos Rodríguez Padilla, como encargado del despacho y su designación misma; las razones por las que Ivonne se abstiene de ejercer el cargo; la omisión legislativa al no existir un procedimiento para otorgar licencias como la que le fue concedida; y la violación al artículo 5 constitucional y el 1º. de la Carta Democrática Interamericana. Guerrero Martínez explica que el artículo 5 Constitucional se refiere a que “los servidores públicos sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular directa o indirecta”. En entrevista, redondea su idea: “Lo que está de fondo es la violación al 5 Constitucional. Hay una parte deudora, la alcaldesa, que es la que se comprometió a representarnos por tres años, y la acreedora que son los ciudadanos de Guadalupe, que pueden exigirle para que cumpla con lo que prometió, como lo que establece la ley. “Si le exijo a la alcaldesa, se justifica que ella efectivamente me representa. Yo te puedo exigir porque estás obligada conmigo, si no pudiera hacerlo, la representación sería una quimera. Mi derecho es que ella me represente y ese derecho tiene eficacia si se le exige a ello por un juicio de amparo que tiene como objetivo hacer que cumpla los derechos fundamentales y los actos de autoridad”. El propio juez de la causa, Héctor Pérez Pérez, al admitir la querella, reconoció que se trataba de un asunto novedoso y se comprometió a estudiar la condición administrativa en la que fue otorgada la licencia a Álvarez García, una exanimadora grupera metida a la política bajo el cobijo del PRI, cuyo periodod e gobierno concluye el 31 de octubre entrante. Con el respaldo de su padre y de la CTM local, Nicolás Álvarez, un priista de viejo cuño, Ivonne fue primero diputada local y, posteriormente, logró la alcaldía de Guadalupe que ahora quiere abandonar para saltar al Senado. Inicialmente, el juzgador negó la suspensión del acto reclamado, por lo que la alcaldesa podía continuar ausente del puesto municipal, en espera de que se abrieran los tiempos de campaña. Ella ya se había registrado ante el PRI el 21 de enero como candidata en segundo puesto de la fórmula a senador. El abogado y su representada interpusieron una apelación que fue turnada al tercer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito que, el pasado lunes 5, con dos votos a favor y uno en contra, revirtió el fallo inicial y decidió otorgar la suspensión temporal del acto reclamado, con lo que, dicen, quedó sin efectos la suspensión de la licencia. El próximo viernes 9 está programada la audiencia incidental, en la que se decidirá si durante todo el juicio pueden quedar con efecto la determinación del cabildo. Si el juez lo determina, Álvarez deberá regresar a su trabajo como presidenta municipal de Guadalupe, lo que afectaría sus aspiraciones senatoriales. Dos semanas después, el viernes 23, se llevará a cabo la audiencia constitucional, en la que se ofrecerán y desahogan las pruebas que ayudarán al juez a decidir si la licencia y los demás actos reclamados proceden. A decir del abogado, una vez desahogada esta última diligencia el juez tendrá una semana para emitir su resolución. En la entrevista, Guerrero Martínez estima que hay elevadas posibilidades de que el juez le dé la razón, de acuerdo con los argumentos que presentó el pasado jueves 1 el Ayuntamiento al juzgador en materia administrativa, en respuesta a la demanda. En el escrito, Rodríguez Padilla y José Garza Rodríguez, síndico segundo, en representación del cuerpo edilicio, señalan que no es cierto el acto reclamado, entre otros puntos porque “el interés general de la sociedad y del estado está por encima del interés particular, garantizando con ello la tranquilidad y paz social que emana del respeto generalizado al orden jurídico vigente”. Al respecto, el litigante dice que esta argumentación es ambigua. “Lo que dicen aquí es que no suspender los efectos de la licencia beneficia a la sociedad. Creemos que no es un argumento muy sólido”. Dice que, en la argumentación de los representantes del municipio, se establece que los gobernados, pero también los gobernantes tienen derecho a acceder a cargos públicos, de acuerdo al Artículo 55 Constitucional, fracción V, donde dice que los presidentes municipales “(…) no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes de la elección”. Por ello, arguye, su demanda va enfocada hacia el derecho del que la funcionaria ya se obligó: “El tener derecho a acceder a un puesto público le genera la posibilidad de acceder al cargo que ahora abandona. Ese mismo derecho de tener un puesto público es la justificación y causa de que se quede. Es un derecho que se convierte en obligación, no es un libertinaje”. Olmo Guerrero señala que el propósito de Cantú Pedraza era darle un fundamento jurídico a la indignación que sentía por la ligereza con la que la alcaldesa de Guadalupe dejó de prestar sus servicios para buscar una senaduría por el PRI. Videos que actualmente circulan en la red, muestran a Ivonne Álvarez, cuando estaba en campaña para la alcaldía y ya asumido el mandato, comprometiéndose a terminar los tres años de gestión, que concluyen el próximo 31 de octubre, una promesa que no cumplió. Lo complicado para los demandantes fue, inicialmente, encuadrar la reclamación en un escrito, en el que fundamentaran jurídicamente que la servidora pública violentaba los derechos de la promoverte del juicio a través de esa solicitud de licencia de carácter ilegal. A partir de este juicio, el abogado espera que sea abierto el debate a nivel nacional y que, finalmente, los diputados legislen en esta materia que ha permanecido en una indefinición jurídica que la presta, siempre, a controversias. Por ahora, tras la promoción del juicio contra Álvarez García, ha recibido correos electrónicos de otros estados del país que exponen casos similares, lo que le demuestra, dice, que la inquietud por el tema es generalizada. En esta entidad, considera que hay condiciones de someter a procesos similares a otros dos alcaldes que solicitaron licencia para buscar otros cargos de elección popular. Es el caso del alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, y del alcalde de Apodaca, el priista Benito Caballero. En este escenario, considera que la demanda actual puede sentar un precedente nacional. “Puede ser precedente para la reivindicación del ciudadano en México. Esperamos que se abra el debate ausente, y que se regule con precisión cuándo, cómo y dónde se deban aprobar las licencias. Ese es uno de los fines últimos del amparo. “Con este caso se sentaría un criterio y buscaríamos que se lograra una atracción del caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ella lo resolviera”, dice. El departamento de prensa de Guadalupe dijo que no había reacciones relacionadas con la demanda. La demanda ocurre en el momento en que en Nuevo León 33 organizaciones no gubernamentales lanzaron una campaña para evitar el chapulineo, entre los servidores públicos del estado que fueron elegidos por voluntad popular y dejaron esa posición para buscar una mayor.