MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apunto de entrar en escena los equipos de campaña, los candidatos, los manejadores de imagen, la publicidad que abarrota las calles, las numerosas entrevistas y todo lo demás en lo que será una de las más complicadas sucesiones presidenciales del país, vale la pena concentrarse en las propuestas y en las más ingentes prioridades nacionales, como la seguridad, la energía y la educación. Por lo que se refiere al tema educativo, lo que se ha conocido en los primeros discursos de los candidatos a la Presidencia de la República no anuncia la superación de las terribles y costosas condiciones de atraso y desigualdad que padecen millones de niños y jóvenes mexicanos. Hace falta ir más allá y proponerse organizar e impulsar un gran acuerdo social para la transformación del conjunto del sistema educativo, lo cual no será posible si lo encabezan quienes han llevado la educación al peor nivel conocido en la historia nacional. La necesidad de transformar el sistema educativo implica mucho más que evaluaciones al magisterio o a los alumnos y parches en la currícula, y poco tiene que ver con la reproducción de las componendas entre el SNTE y la burocracia de la SEP para manejar los recursos y las políticas públicas en su provecho. La transformación de la educación debe incidir en los ejes organizativos que garanticen el pleno derecho a la educación y al aprendizaje, superando la irracionalidad con la que se ha manejado la política pública en el sector, a la que el Estado no ha dado la alta prioridad que reclama. Algunas propuestas al respecto podrían ser las siguientes. Primera. Para hacer frente a la marginación de grandes sectores de la población, tanto de los grupos de escolarización como de la población adulta, en donde se ubican los segmentos de rezago, reprobación y abandono educativos, se debe sustentar una política sostenida y gradual de ampliación de la cobertura para alcanzar plenas tasas de universalización por cada nivel educativo, verificables año con año, así como conseguir una reducción drástica de la deserción escolar y de la desescolarización de la población de 15 años y más. Segunda. Es indispensable modificar de forma radical el paradigma tradicional a través del cual se organiza el actual proceso de enseñanza-aprendizaje (de manera especial el equivocado “enfoque por competencias”), para impulsar un currículum alternativo que tenga como objetivo el desarrollo integral de la persona como un ciudadano crítico, activo y culto, con formaciones que articulen conocimientos culturales, humanísticos, históricos, científicos y tecnológicos. Tercero. Es preciso mejorar sustancialmente las condiciones de sanidad, la potabilidad del agua, la alimentación de los estudiantes, el mobiliario escolar, los espacios para la recreación y el deporte, las bibliotecas y aulas de cómputo, a la vez que se impulsan el diseño y la construcción de edificios que configuren la planta física de la nueva escuela mexicana. Cuarta. Se impone igualmente la tarea de cambiar de raíz el actual modelo de formación normalista, para centrarlo en los nuevos paradigmas del quehacer docente centrado en el estudiante, y formar a docentes-investigadores que tengan mejores condiciones de trabajo y de reconocimiento social. Es preciso suspender las pruebas que se aplican al magisterio porque por sí mismas no permiten transformar su desempeño, y sustituirlas por una verdadera evaluación del profesor en sus actividades académico-curriculares. Quinta. Es un imperativo realizar una reforma orgánica, legislativa y política de la SEP, de manera que puedan trasladarse sus funciones a los sitios en donde se organiza la escolaridad real, que se impulse la innovación académica en las escuelas y que se den las condiciones para la regulación y participación de la comunidad cercana en la toma de decisiones sobre los recursos, la calidad de la enseñanza y la elección de directores de plantel y de los supervisores, al punto de que pueda ser factible la ciudadanización de la educación. Esta reforma procurará establecer los criterios para ser secretario de Educación (no más improvisados y mediocres) y funcionario de una nueva SEP, evitando la reproducción de la relación del sindicato dentro de esta dependencia federal en lo que se refiere a la definición y orientación de la política pública. El sindicato debe velar por los intereses de sus agremiados, pero no dirigir una educación que debe ser ejercida por los ciudadanos, los actores del proceso y las autoridades.