MÉXICO, D.F. (apro).- La desaparición de migrantes y los abusos a discapacitados y personas privadas de su libertad serán los temas que abordarán organizaciones de derechos humanos en el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebrará en Washington del 19 al 30 de marzo. En el calendario del 144 Periodo de Sesiones de la CIDH destacan tres audiencias que se realizarán el próximo viernes 23, en las que el gobierno de Felipe Calderón tendrá que responder a señalamientos de organizaciones de derechos humanos. En entrevista con Apro, Edgar Cortez Morales, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que la intención de esas audiencias y de las que pueda haber en el resto del año “es hacer el balance sobre el tema a lo largo de la administración de Felipe Calderón, cómo se concluye y cómo se iniciará en el nuevo gobierno”. Sobre los asuntos que en este periodo serán abordados por las organizaciones civiles ante los comisionados de la CIDH, Cortez abundó que en el análisis que se planteará la situación de los centroamericanos indocumentados, “se va a insistir en que la realidad mexicana sigue siendo muy amenazante y hostil para los migrantes y que no se han dado  todos los avances que se requieren como país para garantizar los derechos fundamentales a quienes cruzan por México”. Respecto del tema de los agravios a personas discapacitadas, el defensor explicó que a pesar de que a partir de 2008 entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “en México la política pública se ha reducido a la instalación de rampas o a un asunto de beneficencia pública, pero la Convención es clara de que se debe ir más allá, por el pleno respeto de los derechos de estas personas”. En cuanto al asunto de las personas privadas de su libertad, explicó que después de los homicidios ocurridos en penales de Nuevo León y Tamaulipas al inicio del año, “es más que oportuno insistir en que esta política de seguridad que ha llevado a saturar las cárceles, lo único que está provocando es que haya bombas de tiempo por todo el país”. De acuerdo con el programa, el viernes 23, en el salón Padilha Vidal de la sede de la OEA, los comisionados de la CIDH escucharán los alegatos de los representantes del Estado mexicano y de organizaciones en la audiencia titulada Denuncias sobre segregación institucional y sobre abusos de niños y adultos con discapacidad. Las quejas serán presentadas por el Colectivo Chucan, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), Disability Rights International (DRI), Documenta, análisis y acción para la justicia social, AC (Documenta) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Sobre este tema, Édgar Cortez apuntó que el Censo de 2010 arrojó una cifra de seis millones de personas con discapacidad, “pero  nosotros calculamos que hay entre ocho y 10 diez millones de personas con necesidades diversas, y el Estado está obligado a desarrollar políticas públicas que den posibilidades de incorporar a estas personas a  la sociedad, a las fuentes de trabajo, de estudio, considerando que también hay distintos tipos de discapacidades, pero hasta ahora no hay nada al respecto, todo se reduce a una política de conmiseración”. La exposición de “otro aspecto de las condiciones de los derechos humanos en México” será expuesto en la audiencia denominada Situación de los derechos de las personas privadas de su libertad, en la que participarán las organizaciones Documenta, Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC (ASILEGAL) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ (DIHIE SJ) de la Universidad Iberoamericana, plantel Puebla. En este tema, Cortez insistió en cuestionar la política de seguridad que, dijo, “ha resultado contraria a la reforma judicial de 2008, que entre otras cuestiones buscaba despresurizar las cárceles, pero la única respuesta que se ha dado al presunto incremento de inseguridad es construir más cárceles”. Señaló que la última audiencia tal vez se dedicará a uno de los temas que mayor indignación ha causado en México y en el mundo: la situación de personas migrantes  no localizadas y restos no identificados en México. La exposición estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El progreso, Honduras (Cofamipro), Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC y Humanidad Sin Fronteras AC), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (VM), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia). El defensor adelantó que las organizaciones mencionadas están “trabajando un proyecto conjunto que requiere la participación de los países de Centroamérica, México y Estados Unidos para localizar a los migrantes desaparecidos”. De ahí que las agrupaciones civiles se hagan acompañar del EAAF, “que tienen un análisis pormenorizado de lo qué está pasando en México, de la falta de un sistema que permita el reconocimiento de restos de la manera más adecuada, de las deficiencias en la excavación de fosas y en los bancos de ADN necesarios para la identificación”, añadió. Cortez manifestó que escuchar las propuestas del EAAF sería de gran utilidad para México, considerando que “el sistema podría aplicarse no sólo en el caso de los migrantes, sino de todos los desaparecidos que hay en México”. Asimismo, resaltó que una vez más las organizaciones civiles mexicanas pretenden exhibir ante organizaciones la vulnerabilidad de los derechos humanos en México “y pedir la intervención de la CIDH, en la medida de sus posibilidades, para que  haga recomendaciones puntuales al gobierno de nuestro país e ir eliminando tan lamentable panorama”.