Tribunal de los pueblos condena violencia de género

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de dos días de preaudiencias, el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Chiapas, resolvió proponer al TTP México que “condene al Estado mexicano por su responsabilidad en los feminicidios y las diferentes formas de violencia de género que viven las mujeres en la entidad.

En las sesiones, efectuadas el 7 y 8 de marzo en San Cristóbal de las Casas, fueron presentados varios casos, entre ellos el de la masacre de 45 tzotziles, ocurrida el 22 de diciembre de 1994 en Acteal, y el de tres indígenas tzeltales violadas por militares en 1994, en el municipio de Altamirano.

El jurado del TTP Chiapas, integrado por Alda Facio, Edda Gaviola, Jules Falquet, Pilar Noriega, Sara Dalila Mux Mux, Mariana Mora, Teresa Pérez y Morna Macleod, sostuvo que “todos los casos presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y estigmatizaciones de género, racistas y clasistas”.

También denunció que el Estado mexicano “no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones legales de difundir en todos los idiomas y en todos los lugares y comunidades del país, las leyes, tratados y las normativas nacionales e internacionales, ni de erradicar dichos estereotipos y estigmatizaciones”.

Además, advirtió que el contexto actual está marcado por una mezcla entre ‘guerra de baja intensidad’ y lucha contra la delincuencia organizada: “Nuevas formas de violencia contra las mujeres se despliegan, incluyendo creación de nuevos delitos, violencias policiacas-carcelarias, desplazamiento y migración forzada, en un contexto de grave impunidad”.

Las políticas contrainsurgentes, acusó el TPP, “generan violencia militar y paramilitar como práctica habitual y sistemática. Existe una estrategia deliberada y planificada que usa la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual y la tortura sistemática, como un instrumento central para aterrorizar a la población, destruir el tejido social y limitar la movilidad, la vida y el acceso a los elementos materiales, sociales y espirituales necesarios para la vida de las mujeres, individual y colectivamente”.

Sobre las violaciones al debido proceso, el jurado resaltó que las mujeres chiapanecas aún viven una situación de inacceso a la justicia, propiciado por el incumplimiento del Estado mexicano de garantizar seguridad y justicia para las indígenas y mestizas. Todo esto, agravado por la situación de exclusión, pobreza y racismo.

Explicó que la falta de procuración de justicia, la discriminación a las mujeres indígenas, la utilización facciosa de la ley y el encarcelamiento injusto, son lastres que se acarrean de siglos atrás y que se ven incrementados en un contexto de supuesta lucha contra el crimen organizado, donde apremia elevar el número de detenciones y sentencias.

En materia de violencia sexual y doméstica, sostuvo que esto ocurre como consecuencia de condiciones estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género.

Indicaron que en la mayoría de los casos esta violencia es reiterada y alimentada por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican con argumentos que desacreditan la “buena moral y conducta de las mujeres violentadas”.

Sobre la “violencia estructural”, el TPP destacó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las políticas públicas no garantizan a las mujeres una vida digna; al contrario, las colocan en condiciones de aguda y creciente pobreza –especialmente a las indígenas–, viviendo con miedo, temor, sin voz y teniendo que trabajar más, sin la posibilidad de desarrollar sus potencialidades y hasta despojándolas a ellas y a sus familiares de sus territorios tradicionales.

Luego de escuchar las declaraciones de las afectadas, el jurado exigió que “se garantice la seguridad y protección a todas las mujeres que participan en preaudiencias y audiencias del TPP, capítulo México, así como la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal y en especial de las comunidades indígenas”.

También reclamó el “castigo inmediato a todos los responsables intelectuales y materiales de violación a los derechos humanos de las mujeres, y el cese a las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias anteriormente denunciadas”.

 

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