OAXACA, Oax. (apro).- Por segundo día consecutivo, profesores de la Sección 22 exigieron a las autoridades estatales que se castigue a los responsables de la represión de 2006, durante el periodo del priista Ulises Ruiz. Asimismo, demandaron esclarecer la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar, ocurrida el 14 de marzo del año pasado, cuando se dirigía de su domicilio, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, a la sede del Centro de Estudio y Desarrollo Educativo (Cede) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al respecto, el procurador de justicia del estado, Manuel de Jesús López López, rechazó hoy que el caso del profesor Román Salazar se trate de un secuestro y, mucho menos, dijo, de una desaparición forzada. Recordó que la desaparición forzada implica jurídicamente la intervención del Estado, y no hay ningún indicio, aclaró, de que se acredite tal circunstancia”. Por su parte, el magisterio oaxaqueño instaló por segundo día consecutivo un foro de denuncia en el Zócalo de Oaxaca, para exigir justicia y castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones. Con la participación representativa de las regiones de Valles Centrales y de la Sierra, la Sección 22 denunció que “la situación que actualmente se vive en el estado de Oaxaca es de inseguridad, zozobra e impunidad por la falta de castigo contra los autores intelectuales y materiales de la “represión brutalmente ejercida contra el magisterio y el pueblo oaxaqueño en el 2006”. Aunado a ello, agregaron los profesores, “la violencia en las regiones del Estado ha dejado huella: ejecuciones, secuestros, levantones, torturas, amenazas a maestros, desapariciones forzadas, como es el caso del profesor Carlos René Román Salazar adscrito al Cede 22; del maestro Guadalupe Pérez Sánchez, de la Región de la Cañada, y de los que han quedado pendientes como de Víctor Pineda Henestrosa y Modesto Patolzin Moicén”. Citaron como ejemplo la represión contra el magisterio oaxaqueño el pasado 15 de febrero de 2011; la represión contra los trabajadores e integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) el 20 de febrero del 2012; el encarcelamiento de la profesora y luchadora social Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, por oponerse a los altos costos a las tarifas de la energía eléctrica que la CFE impone a la ciudadanía y por manifestarse en contra de los proyectos eólicos del Istmo. Además, la “brutal represión” contra los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, por oponerse al proyecto transnacional de explotación minera y la represión a los habitantes del libramiento sur de la ciudad de Oaxaca.