MÉXICO, D.F. (apro).- Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), informó que iniciará una investigación por tortura contra elementos del Grupo Especial Táctico Tiburón que participaron en la contención de un motín de reos en julio de 2011. Dicha averiguación es en respuesta a la recomendación 01/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) por actos de tortura cometidos el 7 de julio de 2011 por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Especial Táctico Tiburón contra internos del Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla que se amotinaron para pedir más días de visita y mejor alimentación. Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el procurador local afirmó que se investigará a cualquier empleado que esté involucrado en los hechos del año pasado. “La Comisión quiere que se investigue el delito de tortura; y nosotros, consecuentemente, procederemos a hacer la investigación. Por otro lado, me comentan también que en caso de que haya habido alguna irregularidad por parte de algún servidor público de la Procuraduría, se procederá en consecuencia y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde”, garantizó. De acuerdo con el resultado de las investigaciones del órgano defensor de los derechos humanos en el Distrito Federal, se violó el derecho a la integridad personal, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación de las personas privadas de su libertad. La CDHDF solicitó a la PGJDF que en un plazo de cinco días, a partir de la aceptación de la recomendación, comience una investigación de oficio por actos de tortura contra el personal de seguridad y custodia y contra el Grupo Táctico Tiburón que también participó en los hechos. Inicialmente, la PGJDF sólo inició la averiguación previa por riñas y lesiones. Los internos comenzaron a amotinarse cuando las autoridades se negaron al diálogo. Los disturbios fueron contenidos por el Grupo Tiburón, pero en la refriega más de 100 internos resultaron lesionados y algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital. En su recomendación, la CDHDF también pidió a la PGJDF dar vista al área correspondiente, en un plazo de 15 días, para que determine si el agente del Ministerio Público y su superior jerárquico fueron omisos en la clasificación del delito, bajo el principio de máxima protección hacia la víctima. A la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal le solicitó ejecutar, hasta su conclusión, las acciones necesarias para crear una política integral de control de disturbios en prisión, debido a que las acciones del Grupo Especial Tiburón “han sido reiteradamente lesivas”. Le propuso también depurar a sus elementos, contratar a personal de probada experiencia en uso racional de la fuerza y cambiar de nombre al grupo que se cree por uno que sea acorde a su pretensión de hacer prevalecer con apego a derechos, el orden y la disciplina. Asimismo, recomendó que en un plazo no mayor a un mes, se acredite el aumento de raciones de alimentos para la población del penal de Santa Martha y se aplique un mecanismo de control de calidad.