MÉXICO, D.F.  (apro).- Luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta del ministro Arturo Zaldívar para conceder la libertad “inmediata y absoluta” de la ciudadana francesa Florence Cassez, la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien se turnó el asunto, se comprometió a hacer su mejor esfuerzo para construir un proyecto de resolución que convenza al resto de los ministros. Sánchez Cordero, la única que apoyó en su totalidad la propuesta de Zaldívar, señaló que el nuevo proyecto lo hará a través del cristal de la “defensa adecuada”, tomando en cuenta la asistencia consular, así como todas las intervenciones de los miembros de la SCJN. En entrevista con Ricardo Rocha en Detrás de la Noticia, de Radio Fórmula, la ministra afirmó que no habrá prisas para elaborar el nuevo proyecto sobre el caso de Florence Cassez –quien purga una sentencia de 60 años por el delito de secuestro–, porque “los tiempos políticos no son los tiempos de los tribunales”, y bajo ese criterio, agregó, se continuará trabajando. “Anda por ahí en el ambiente eso de que si los tiempos políticos, que si los tiempos de los tribunales, en fin. Yo sí quiero ser muy clara: los tiempos políticos no son los tiempos de los tribunales”, puntualizó la ministra. En su propuesta de resolución –luego de revisar los 13 tomos de la ponencia de su colega Arturo Zaldívar, desechada en la Primera Sala de la Suprema Corte–, Sánchez Cordero deberá considerar las opiniones del resto de los ministros, que en una mayoría de tres votos coincidieron en otorgar el amparo, pero difirieron en los efectos de concederlo. En la sesión de ayer, el ministro José Ramón Cossío propuso conceder el amparo, pero no “liso y llano”; es decir, no para dar la libertad inmediata a Cassez, sino para que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito revise la sentencia de 60 años que emitió en 2009 contra la ciudadana francesa. Cossío propuso desechar las pruebas irregulares ofrecidas por el Ministerio Público federal en contra de Cassez, presa desde diciembre de 2005, y quien solicitó la intervención de la Corte para que revisara el amparo contra la sentencia que se le dictó, denegado hace un año por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron contra el proyecto. El primero consideró que no se justificaba que la Corte conociera y resolviera el asunto; el segundo manifestó que aun cuando hubo violaciones graves al procedimiento, por tratarse de un amparo en revisión, la SCJN ya no podía intervenir. Sánchez Cordero ha sido promotora de la liberación de detenidos por violaciones al debido proceso, como en el caso de los indígenas de Acteal, condenados a penas mayores de 20 años, acusados de una masacre ocurrida en esa localidad de Chiapas en diciembre de 2007. Fue, además, la autora del proyecto que propuso la liberación de dos indígenas queretanas que habían sido condenadas a 21 años de prisión, acusadas por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de haber secuestrado a seis de sus elementos durante un operativo de desalojo, en marzo de 2006. En ese momento el director de la AFI era el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el principal implicado en las irregularidades ocurridas durante el proceso penal contra Cassez.