Su nombre aparece vinculado a casos de tortura y acciones ilegales de las fuerzas castrenses, que se ventilan incluso en instancias internacionales; su prepotencia se ha documentado hasta en videos que circulan por las redes sociales. Aun así Felipe Calderón decidió ascender a Alfonso Duarte al generalato de tres estrellas, incluso fuera de tiempo –el mes pasado en vez de hacerlo en noviembre, como se estila–, tal vez con la intención de convertirlo en candidato a secretario de la Defensa Nacional para el próximo sexenio. El nombramiento de Alfonso Duarte Múgica como general de División confirma el desprecio de Felipe Calderón por los derechos humanos y coloca a ese militar en la lista de aspirantes a suceder a Guillermo Galván Galván al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para el ascenso ordenado por Calderón el 19 de febrero, Día del Ejército, no estorbaron las 25 demandas por tortura contra Duarte Múgica radicadas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJBC) ni las menciones que de él se hacen en la recomendación 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también por tortura y mucho menos el fallido operativo contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon en junio de 2011, en el que una juez federal concluyó que tropas del Ejército rindieron informes falsos para incriminar al dueño del Grupo Caliente. Se pasó por alto que como responsable militar de Baja California, Baja California Sur y Sonora fue incapaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estuvo en San Quintín en 2011 y en Los Cabos en febrero pasado. Tampoco importó que en septiembre de 2011 se difundiera un video en el que se advierte la prepotencia de Duarte ante funcionarios civiles, cuando “regañó” al secretario de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona. Versiones recabas por Proceso entre los altos mandos del Ejército indican que Duarte es reconocido como un militar protagónico, de mano dura, tolerante con los violadores de los derechos humanos pero hábil para manejar a su favor a los medios y a los grupos empresariales, sobre todo los que simpatizan con la política de seguridad del gobierno de Calderón. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1847, ya en circulación)