XALAPA, Ver., (apro).- El jurista Luis de la Barreda Solórzano advirtió que los soldados que incurran en violaciones a derechos humanos deben ser juzgados por autoridades civiles y no por Cortes militares, como ocurre actualmente. El también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) subrayó que un militar tiene que ser juzgado por la justicia civil, aplicando las leyes respectivas, cuando cometa delitos de violación, homicidio o secuestro. A juicio del exombudsman de la Ciudad de México, es importante que se lleve hasta las últimas consecuencias la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la justicia militar. En entrevista previa a un foro sobre derechos humanos organizado por el Poder Judicial de Veracruz, refirió que, de acuerdo con la Constitución política federal, los solados sólo deben ser juzgados por tribunales castrenses “en delitos relacionados estrictamente con la disciplina militar”. Esto significa, explicó, que cuando un militar desobedece a otro miembro de la milicia, “debe ser juzgado por un tribunal castrense, pero cuando comete un delito como homicidio, secuestro o violación en agravio de un particular, tiene que ser procesado por los tribunales civiles”. Al dictar la conferencia magistral Introducción, generalidades y principios rectores de los derechos humanos, De la Barreda manifestó su esperanza en el sentido de que los militares, en un futuro, sean juzgados por las leyes civiles cuando incurran en delitos contra ciudadanos dentro de la estrategia federal de combate al narcotráfico. En su exposición, el actual coordinador del programa de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que para nadie es desconocido que México está muy lejos de alcanzar un estándar mínimo satisfactorio en torno a todo procedimiento penal. En este proceso, precisó, se juzga algo muy importante, es decir, “el derecho de la víctima a que se haga justicia, pero también el derecho del inculpado a no ser victima de una falsa acusación, de una condena y de una prisión injusta”. Las violaciones a los derechos humanos durante un proceso, sostuvo, se cometen regularmente cuando hay una detención arbitraria, se violan las garantías constitucionales y se practica la tortura, en donde se incluye la sentencia “mediática” y hasta la vinculación con las redes delincuenciales que operan dentro de los penales. Para las víctimas, dijo, la situación tampoco es muy diferente, pues en la mayoría de los casos deben conformarse con creer que quien está encarcelado es culpable, sin que haya habido consecuencias para el verdadero responsable del ilícito. El especialista en derechos humanos consideró que el actual sistema penal se aleja cada vez más del sentido de justicia, al reducir los actos de justicia a “acciones de venganza”. El proceso penal, desde el Ministerio Público, acusó, es una institución diseñada para funcionar mal; enseguida desmintió que al acusado se le esté garantizando más derechos que a las víctimas. “Una de las cosas más monstruosas que hay es hacer que alguien pague con su libertad, con su patrimonio y con su salud mental por un delito que no cometió”, deploró. Luego consideró que las violaciones de los derechos humanos en los ministerios públicos y en corporaciones policiacas “son recurrentes” y, ante ello, es importante que se dé una verdadera “revolución institucional”, con el fin de que adquiera plena autonomía, sea una institución plenamente fiable, ágil y que responda con eficacia y principios de legalidad en los asuntos que atienda.