Banamex y Bancomer, beneficiados a trasmano. Los documentos ocultos del Fobaproa

Agustín Vargas Medina

Tanto funcionarios del actual gobierno como de la administración de Ernesto Zedillo han ocultado información sobre toda la serie de maniobras llevada a cabo bajo el amparo del Fobaproa con el fin exclusivo de beneficiar a los dueños de los bancos.

Documentos obtenidos por Proceso dan cuenta de que, con el pretexto de proteger a miles de ahorradores, autoridades del sexenio pasado decidieron dar beneficios adicionales a los accionistas de los bancos, situación que provocó un mayor quebranto a las finanzas públicas.

Estas revelaciones surgen cuando crece el escándalo en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que tiene a este organismo al borde del colapso, por el pleito que protagonizan los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los documentos a los que tuvo acceso el reportero se encuentran en los archivos del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del IPAB y en las bases de datos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y de los bancos que revisó el auditor canadiense Michael Mackey.

En ellos, se revela que los beneficios que obtuvieron los bancos como resultado de la aplicación, en 1995, del Programa de Capitalizacióin y Compra de Cartera (Procapte), no se limitaron sólo a la venta de cartera crediticia chatarra del Fobaproa.

Por ejemplo, Banamex (Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández) Bancomer (Eugenio Garza Lagüera y Ricardo Guajardo Touché), y Bital (Antonio del Valle) obtuvieron prebendas adicionales, ya que el Fobaproa les pagó la cartera con todo e intereses moratorios.

En el caso de Banamex y Bancomer, la CNBV, el Banco de México y el Fobaproa, les autorizaron a vender cartera hipotecaria, siendo los dos únicos  bancos a los que se compró.

Los intereses moratorios de la cartera adquirida por el Fobaproa supera los 11 mil 200 millones de pesos.

Adicionalmente a los programas de capitalización, las autoridades financieras permitieron que los intereses moratorios de los créditos vendidos al Fobaproa fueron reconocidos como ingresos de los bancos, lo que les permitió registrar en sus estados contables mayores ingresos y mejorar su estados financieros, aunque de manera virtual.

El verdadero objetivo de estos movimientos contables era permitir a los accionistas retirar capital de las reservas preventivas (de quebrantos) de los bancos para depositarlos en sus cuentas personales.

En el caso de Banamex y Bancomer, los créditos que les compró el Fobaproa en 50% estaban constituida por cartera vencida, por lo que obtuvieron un beneficio potencial en la cancelación de reservas de aproximadamente 4 mil millones de pesos en Banamex y de 3 mil 200 millones en Bancomer.

Se instrumentó, además, un esquema de apoyos, cuyo objetivo inicial era motivar a las instituciones para obtener e máximo valor posible de recuperación de la cartera que le habían vendido al Fobaproa.

Originalmente, la pérdida de la cartera no cobrada por los bancos se dividía entre el Fobaproa, que absorbía 75%, y el banco el resto. En caso de que el banco cobrara el 60% de dicha cartera, el faltante lo absorbía totalmente el Fobaproa.

Pero además, con el simple hecho de adherirse a este programa, los bancos lograron una quita o “perdón” por el equivalente a 20% de las reservas preventias para cubrir el crédito.

La quita a Banamex y Bancomer ascendió, en conjunto –a precios actuales- a 5 mil 30 millones de pesos. Con ello, a Banamex se le perdonaron mil 753 millones de pesos, mientras que a Bancomer fueron 3 mil 277 millones.

En los documentos, aparecen créditos irregulares de Banamex, que el auditor canadiense no detectó o no informó al Congreso, por 8 mil 500 millones de pesos y en Bancomer por 2 mil 369.

De esta forma, los beneficiarios adicionales obtenidos por Banamex, más allá de la compra de cartera, superan los 22 mil 500 millones de pesos.

Los documentos muestran también que en 1995, justo el más grave de la crisis bancaria, Banamex obtuvo utilidades por mil 937 millones de pesos, y efectuó un pago de dividendos a sus accionistas por 504 millones.

Bancomer fue beneficiado con apoyos adicionales que ascendieron a 16 mil ….5 millones, mientras que en Bital la cifra supera los 4 mil 570 millones.

En total, y de acuerdo con el análisis de los documentos de trabajo de Mackey en poder de Proceso, el IPAB podría reducir en más de 43 mil millones de pesos el costo fiscal del rescate bancario.

Pero para ello, el IPAB debe cumplir con el mandato que le confirió el Congreso de la Unión a través de artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que se refiere a las auditorías a los bancos previas al canje de pagarés.

Los personalmente beneficiados

Los documentos consultados por el reportero son llamados “papeles de trabajo” que sirvieron a Michael Mackey para elaborar su auditoría sobre el Fobaproa.

Ahí se encuentran las bases para la capitalización de Banamex y Bancomer suscritas por la CNBV, el Fobaproa y los Grupos Financieros Banamex-Accivar y Bancomer, así como los convenios modificatorios del contrato de compra de cartera, los estados financieros y las bitácoras de valuación y cierre de compra de cartera con el Fobaproa.

La documentación detalla la forma como se fraguaron las operaciones y señala a los responsables directos de las irregularidades.

En Banamex, por ejemplo, se explica cómo operó el crédito relacionado con José Madariaga Lomelí, entonces presidente del Grupo Financiero Probursa y ahora directivo del BBVA-Bancomer, mediante el Fideicomiso 12155-8, constituido en Bancen a nombre del banquero, cuyo destino fue la compra de 76.3 millones de acciones del Grupo Financiero Probursa.

José Creel Cobián –hermano de Alejandro Creel, vocal del IPAB y primo de Santiago Creel, secretario de Gobernación- quien recibió un crédito de Banamex por 34 millones de dólares, que fueron utilizados para comprar acciones de la Casa de Bolsa Bursamex, cuyo presidente era Eduardo Creel Cobían y tenía como consejeros a Juan Gallardo Thurlow, Juan Sánchez Navarro Redo y Nicolás Madahuar, expresidentes de Concanaco.

Bursamex estuvo relacionada con el Banco del Sureste, de Eduardo Creel Cobián, y cuyo director corporativo de sociedades de inversión eran Jonathan Davis, actual presidente de la CNBV. Ese banco fue intervenido por la CNBV en marzo de 1995 y a pesar de ello el crédito fue vendido al Fobaproa en diciembre de ese mismo año.

Destaca también el crédito otorgado al Grupo Sidek-Situr de la familia Martínez Güitrón, por mil 984 millones de pesos, cuyo valor actualizado superó los 6 mil millones de pesos.

Los documentos de trabajo de Mackey señalan que la familia Martínez Güitrón obtuvo créditos de Bancomer para sus empresas Industrias Naval de California, Industria Naval de Mazatlán e Industrias Naval del Pacífico, por un total de 24 millones 558 mil pesos.

Dichos créditos fueron clasificados como préstamos relacionados, puesto que formaban parte del consejo de administración de Bancomer y transferidos al Fobaproa el 31 de diciembre de 1995.

Lo mismo ocurrió con el empresario Enrique Mazón López, quien obtuvo  préstamos a través de la Unión de Créditos Agrícola Industrial y también fueron transferidos al Fobaproa. Los créditos fueron por 26 millones de pesos, que actualmente ascienden a casi 2 mil 5 millones.

El programa de incentivos para la recuperación de cartera consideró una ampliación de las quitas de careta chatarra a Bancomer, banco al que originalmente se le había establecido una quita total de 20% sobre la reserva recurrida. Sin embargo, dicho perdón se elevó, a petición del banco, hasta 32.18%.

Los faltantes de reservas preventivas en mayo de 1997 eran por 3 mil 179.6 millones de pesos, que fueron cubiertos con más cartera que el Fobaproa aceptó comprarle, según la propuesta hecha por la misma institución financiera.

La bitácora de valuación y cierre de cartera revela, sin embargo, que Bancomer no estaba en condiciones de cubrir el faltante de reservas determinado hasta ese momento, por lo que argumentó que había integrado un área especializada de recuperación, “con lo que esperaba tener mejores resultados en su gestión, de por lo menos cuatro puntos porcentuales superiores al promedio de las demás instituciones”.

Después de intensas negociaciones, se aceptaron los argumentos del banco, pues además se contaba con el informe de los auditores externos, en el que se requería una cantidad de reservas inferior a las consideradas por el Fobaproa.

En los documentos también se advierte el conflicto de intereses que protagonizó Bancomer al comprar Banca Promex, pues se le permitió determinar la valuación y el precio de adquisición al mantenerlo bajo su administración. Bancomer se dedicó a reducir los costos de Promex cerrando oficinas y sucursales, lo que le había impedido continuar con sus operaciones normales en caso de que s determinara que fuera otro el comprador.

Tanto la CNBV como el Fobaproa estuvieron de acuerdo en que fuera Bancomer finalmente el que se quedara con el banco, situación que, según Mackey, fue impugnada por el IPAB, pero de nada le sirvió porque la venta se llevó a cabo.

En el caso de Bital se detalla cómo fuerons transferidos al Fobaproa 826 creditos de 71 deudores, por un monto de 135 millones de pesos, otorgados por Arrendadora Bital y Factor Bital, los cuales fueron absorbidos por Banco Bital y éste los trasladó al Fobaproa el 30 de septiembre de 1995. Todas estas operaciones se otorgaron a los accionistas del Grupo Financiero Bital.

Todos los documentos que avalaron estas operaciones fueron firmados por Eduardo Fernández García, presidente de la CNBV; Manuel Camacho Téllez, primer director del Fobaproa; Jonathan Davis, tesorero de la Federación y actual presidente de la CNBV; Javier Arrigunaba, director del Fobaproa que sustituyó a Camacho Téllez y es actual representante de México ante la OCDE; Martín Werner, subsecretario de Hacienda, ahora importante ejecutivo de Goldman Sachs.

Además, aparecen las firmas de los banqueros beneficiados: Alfredo Harp Helú, Roberto Hernández Ramírez y Ricardo Guajardo Touché, y de Gabriel Reyes Orona, actual procurador fiscal y exdirector jurídico del Fobaproa, quien, entre otras actividades, instrumentó las transacciones en Fobaproa de Promex-Bancomer, Bital-Atlántico, Confía-Citibank, y fue el encargado de cerrar las operaciones para la compra de cartera con todos los bancos.

Protagonista principal en el actual escándalo del IPAB, primero al acusar a los vocales de conflicto de intereses y de beneficiarse de operaciones financieras durante el rescate bancario y señalar ahora la existencia de evidencia de más ilícitos, Reyes Orona fue uno de los responsables –como director jurídico del Fobaproa- de la elaboración de la iniciativa panista que dio origen al IPAB, junto con Javier Arrigunaba, entonces director de ese fideicomiso, e Ismael Gómez Gordillo, procurador Fiscal de la Federación.

Ocultamiento total

En las bases para capitalización de Banamex y Bancomer, se incluyó una cláusula que textualmente señala:

“Éste documento es de carácter confidencial por lo que el gobierno federal determinará la forma en que deberá darse a conocer el esquema de capitalización a la opinión pública.”

Pero nunca se dio a conocer dicho esquema.

Más aún, los papeles de trabajo (working paper) del auditor canadiense, son hasta ahora desconocidos por el Congreso y por la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), pero están en poder del IPAB, del Banco de México, de la CNBV y de la Auditoría Superior de Fiscalización, organismo encabezado por Gregorio Guerrero Pozas y del que depende Manuel Galán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Tan delicado es el asunto, que el IPAB, en su afán de no hacer públicos por ningún medio estos documentos, comprometió a Gregorio Guerrero Pozas a mantener el secreto.

A mediados del año pasado, le hizo firmar una carta de confidencialidad similar a la que el auditor Mackey les extendió a los integrantes del Subcomité de Contrataciones de la Cámara de Diputados, comisión legislativa encargada de contratar al auditor y de recibir los resultados de la revisión al Fobaproa, comprometiéndolos al mismo fin.

Con ello se le impidió cualquier posibilidad de informar a los diputados y senadores sobre la existencia de estos documentos, lo que retrasó y detuvo las investigaciones iniciadas por la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados mediante la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB.

Toda la documentación en poder de Proceso  revela que existen evidencias de que las irregularidades en los bancos cometidas al amparo del rescate bancario son enormes y sus montos superiores a los informados oficialmente.

Por ejemplo, el informe del auditor canadiense precisa que no se identificó la totalidad de las operaciones reportables debido a que su trabajo fue sólo una muestra aleatoria de créditos, pues únicamente tuvo acceso a una parte de la información sobre las operaciones financieras de los bancos.

De ahí que estableciera que su trabajo no podía ser considerado como auditoría, pues carecía de los elementos para ello. Sin embargo, la CNBV decretó que la revisión efectuada por Michael Mackey sería tomada como la auditoría final del rescate bancario.

Y ahora el IPAB

Con el fin de corregir algunas de las irregularidades del rescate bancario se creó el IPAB, pero ahora resulta que un alto funcionario del mismo es investigado en torno de los delitos de lavado de dinero, extorsión, cohecho y delincuencia organizada.

Según el procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, existen evidencias de diversos delitos  cometidos en la venta de activos y de carera crediticia que llevó a cabo el IPAB a precios irrisorios

Así, a dos años y cuatro meses de haber iniciado sus operaciones, la gestión del IPAB ha transcurrido entre acusaciones mutuas de conflicto de intereses entre sus funcionarios, culpabilidad compartida en el quebranto bancario y justificaciones del por qué, hasta la fecha, no ha podido reducir el costo fiscal del rescate, tal como se lo ordena la ley que le dio origen.

Lo anterior se explicaría, establece uno de los documentos en poder de Proceso, porque hay una red de protección entre los “diseñadores” e “instrumentadotes” del rescate bancario, cuyo objetivo es continuar ocultando la información.

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