PUEBLA, Pue. (apro).- Amnistía Internacional reconoció hoy como presos de conciencia a los indígenas José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, sentenciados a más de seis años de prisión por el delito de robo de vehículo, por lo que demandó a las autoridades correspondientes su libertad inmediata. De acuerdo con el organismo, existen evidencias para presumir que el delito por el que fueron acusados ambos indígenas fue fabricado, en represalia por la defensa que emprendieron para que la comunidad nahuátl de Atla, en el municipio de Pahuatlán, tuviera acceso al agua. “Desde el principio hubo informes fidedignos en el sentido de que el auto nunca fue robado y en realidad fue abandonado por el hijo del denunciante –un cacique de la comunidad– y resguardado en la comandancia policial en Pahuatlán antes de ser devuelto a sus dueños. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público”, puntualizó AI. Asimismo, denunció que el proceso judicial en contra de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín estuvo plagado de irregularidades, entre las que destacan que las declaraciones escritas que forman parte del expediente fueron realizadas en español y a los detenidos en ningún momento se les proporcionó un intérprete. “Eso afectó gravemente la capacidad de defensa de los dos activistas nahuas”, subrayó. La defensa de los indígenas poblanos fue asumida por el Centro Prodh y el Instituto Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana, que presentaron un recurso ante la Suprema Corte de justicia de la Nación para que atraiga el caso y resuelva el amparo solicitado al Poder Judicial. “Actualmente el Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos la oportunidad histórica de determinar la inocencia de José Ramón y Pascual, al comprobar las irregularidades y faltas al debido proceso en las que incurrieron tanto la autoridad investigadora como las judiciales”, señalaron las organizaciones en un comunicado. El pecado de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín fue haberse opuesto al grupo caciquil de la comunidad de Atla, encabezado por Guillermo Hernández Cruz, quien desde 1978 fue designado para que presidiera el Comité que manejaba la captación de agua en el manantial de Apiplhuasco. Los indígenas denunciaron que Hernández Cruz incluso hacía pagar el agua con abuso físico y exigía hasta cinco mil pesos por cada toma de agua para las casas de la comunidad. Cuando ambos fueron nombrados autoridades de Atla, en 2008, acabaron con esos abusos y lograron que el agua entubada llegara de manera gratuita hasta las casas de la comunidad, lo que molestó al grupo de caciques del lugar.