MÉXICO, D.F. (apro).- La agenda agraria se encuentra ausente de las plataformas políticas de los cuatro candidatos presidenciales, denunció la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP). Y debido a esa situación, advirtió la central, “se corre el riego de que el voto campesino no aparezca en las boletas electorales”. Por su parte, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), en el marco del 93 aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, exigió la libertad de algunos de sus militantes, quienes “han sufrido represiones brutales, persecución, hostigamiento, encarcelamiento, asesinato y desaparición forzada”. Wilfrido Hernández Jarquín, vocero de la CNPA-MN, demandó la libertad del dirigente nacional de esa central, Francisco Jiménez Pablo; de Eric Bautista Gómez, vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), y de la militante de la Ufic-Conorp, Edith Ibarra Jiménez. También la de Alberto Patishtán Gómez, profesor de la sección 7 del magisterio chiapaneco, así como la presentación con vida de Carlos René Salazar, dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Además, Hernández Jarquín exigió un “alto al hostigamiento y agresiones contra integrantes de organismos defensores de derechos humanos, y justicia para los estudiantes asesinados de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, así como para las compañeras que fueron abusadas sexualmente por los cuerpos policiacos en la agresión a los campesinos del Frente Popular en Defensa de la Tierra, en Atenco”, Estado de México. También se pronunció por el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protección de los desplazados de San Juan Copala. Destacó que las organizaciones agrupadas en la CNPA-MN reclaman justicia ante los crímenes cometidos contra el pueblo triqui del municipio autónomo de San Juan Copala y por la solución de los problemas agrarios, sociales, económicos y de empleo del país. Asimismo, el respeto de los distintos niveles de gobierno a las decisiones que tomen los pueblos en defensa de su territorio y contra la sobre explotación de minas a cielo abierto. Por último, se pronunciaron en contra de las decisiones unilaterales por parte de los diferentes niveles de gobierno en los proyectos de construcción de presas y en rechazo a las altas tarifas de energía eléctrica.