MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Felipe Calderón reforzar las medidas de protección para el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, luego de recibir amenazas de muerte por su trabajo en defensa de los migrantes. De acuerdo con la entrevista que el martes 17 difundió la agencia Apro, “hay un sicario pagado” para asesinar al religioso y, detrás de esa acción, estarían personas vinculadas al crimen organizado que buscan frenar la labor de Solalinde. Las amenazas contra el sacerdote ocurrieron el 1 y el 15 de marzo; la primera de ellas, luego de que Solalinde desactivó una intentona por incriminar a migrantes en un asesinato y mientras recibía en su albergue a unos mil 500 indocumentados. Los actos de hostigamiento hacia Solalinde ocurren pese a que es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de que trascendieran las amenazas contra Solalinde, Amnistía emitió una alerta urgente en la que se pidió a los gobiernos de Calderón y de Gabino Cué, en Oaxaca, fortalecer “las medidas de protección” otorgadas al sacerdote “y a su equipo en el albergue, en estricto apego a sus deseos y tal como fueron ordenadas por la CIDH”. La organización internacional también pidió que se “tomen medidas urgentes para prevenir ataques a migrantes y a quienes les defienden, especialmente que se garantice la seguridad de quienes se encuentran en el albergue de Ixtepec”. La agrupación con sede en Londres exigió además que “se inicie una investigación completa, rápida e imparcial sobre el asesinato que tuvo lugar el 31 de marzo en Ixtepec, y que los resultados sean públicos y, quienes resulten responsables, rindan cuentas ante la justicia”. Por otra parte, AI reprobó el asesinato de Eligio Ibarra Amador, ocurrido el jueves 12, cuando desconocidos se introdujeron a su casa, lo apuñalaron y después le prendieron fuego a su cuerpo. La organización destacó que Ibarra Amador, de 62 años, colaboró en una denuncia contra policías federales presuntamente responsables del secuestro, extorsión y tortura de un empresario de Juárez, Chihuahua, quien denunció los hechos en septiembre de 2011. El empresario sostuvo que policías federales le exigieron 5 mil dólares para no incriminarlo como traficante de drogas. Luego de denunciar el hecho, 10 agentes fueron detenidos y sometidos a proceso. Amnistía resaltó que el asesinato de Ibarra Amador “ocurrió justo antes de su participación en un procedimiento judicial relacionado con el caso del empresario”. Para Rupert Knox, investigador de AI, el homicidio de Ibarra Amador tiene tintes de “represalia por sus denuncias” que involucraban a servidores públicos federales. “La muerte de Eligio Ibarra Amador es especialmente lamentable al ocurrir después de su valiente denuncia ante las autoridades del papel que policías federales juegan en actos de extorsión y tortura”, señaló Knox, quien exigió “una investigación completa e imparcial que saque a la luz los hechos que llevaron a su asesinato y tome en cuenta que pudo haber ocurrido en represalia por sus denuncias”. Asimismo, el especialista de AI para México deploró que las autoridades mexicanas “hayan fallado en proveer protección eficiente y confiable para Eligio Ibarra Amador y su familia”. Por cierto, algunos parientes de Eligio ya se han trasladado a Estados Unidos, aunque sería deseable se garantizara “la completa seguridad a todos los familiares que aún se encuentran en el país y otras personas que se encuentran en riesgo debido al caso”. Para Rupert Knox “no debería ser sorpresa que los ciudadanos mexicanos estén reticentes a actuar y denunciar violaciones a derechos humanos cometidas por oficiales, cuando hay pocas o ninguna disposición para garantizar su seguridad”. Amnistía insistió en su demanda de investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia.