MÉXICO, D.F. (apro).- Las estimaciones más conservadoras indican que cuando Felipe Calderón abandone Los Pinos habrá dejado tras de sí 65 mil muertos. Un promedio de once mil por año. Quien lo sustituya tendrá que revertir esa cifra porque no querrá seguir una estrategia que no es la suya. En lugar de las persecuciones “en caliente” que caracterizaron la mayor parte de este sexenio, tendrá que dedicarse a la creación de una policía militar para combatir a corto y mediano plazo a la delincuencia organizada en el país. Al menos esa es una de las pautas que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto para México desde los tiempos del exembajador de ese país en México, Carlos Pascual. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, hasta ahora primero en las encuestas, apoya esa idea. Apenas comenzaba la campaña presidencial, el priista respaldó la decisión de dejar a la Policía Naval como encargada de la seguridad pública en Veracruz, como lo fijó el gobierno de Calderón en plena abdicación del gobernador Javier Duarte de Ochoa. La Marina, Armada de México no sólo hizo del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, sino que se quedó con el control de la seguridad de ese territorio. Para abundar en esa idea, en una entrevista con la agencia inglesa de noticias Reuters, Peña Nieto aseguró que busca crear una policía nacional de carácter paramilitar como los Carabineros de Chile, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de Colombia, la Guardia Civil de España o la Gendarmería Nacional de Francia. Brasil e Italia tienen cuerpos similares. Ese nuevo cuerpo tendría unos 40 mil elementos, cinco mil más de los que ahora tiene la Policía Federal (PF), el costoso experimento de Genaro García Luna avalado por Calderón. De acuerdo con el esquema estadunidense, de esa manera los militares podrían regresar a sus cuarteles en un plazo establecido, pero sin dejar de participar en las labores contra el narcotráfico. Su tarea sería la de dar entrenamiento militar a los policías del nuevo cuerpo. Tal vez, los 35 mil que ya tiene la PF o una parte de ellos, para dejar en esa corporación las labores de inteligencia. Ese esquema es muy distinto al que caracterizó al gobierno de Calderón, en el que los efectivos del Ejército, la Marina y de la Policía Federal operan cuando no confrontados, por separado. También es diferente al usado durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en el que mediante acuerdos institucionales, las secretarías de la Defensa y la de Marina prestaban efectivos a la entonces Policía Federal Preventiva (PFP). Los vestían de gris y ya los hacían “policías civiles”. Confrontado con los militares, García Luna logró que Calderón le diera sus propios policías, que no han hecho mayor diferencia respecto de las prácticas corruptas de otras corporaciones policiales. De acuerdo con la firma estadunidense Strategic Forecast (Stratfor), los nuevos policías militares serían oficiales de la policía que recibirían entrenamiento policial y militar. Tendrían mayor armamento que una policía civil para facilitar sus patrullajes y eventuales enfrentamientos con la delincuencia organizada y, sobre todo, podrían tener autoridad para investigar delitos. De acuerdo con Stratfor, que tiene su sede en Texas, Peña Nieto propone aumentar en 15 mil las plazas de la Policía Federal para tener un cuerpo de 50 mil hombres. Es decir, que además de esa gran fuerza, dispondría de una policía paramilitar de 35 mil hombres. En la actualidad, el Ejército dispone de 45 mil efectivos para enfrentarse al narco –a los que refresca cada mes con otros 45 mil hombres–, mientras que la Armada dedica unos 15 mil infantes de Marina para esa tarea. Es decir, que de los 60 mil militares que hoy de forma combinada están dedicados a tareas contra el narcotráfico, con Peña Nieto se pasarían a 40 mil paramilitares, al tiempo que se reforzaría la PF. En cualquier caso, su tarea principal será la de reducir la espiral de muerte iniciada a fines del sexenio de Fox, en 2005, y acelerada por un gobierno que será recordado como el más violento en México desde hace un siglo. Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx