Critican a presidenciables por “arrodillarse” ante el clero

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En plena campaña electoral, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los tres principales aspirantes a la Presidencia, se “arrodillaron” ante la jerarquía católica para “rendir cuentas” a los obispos sobre sus posturas en temas polémicos, como el derecho al aborto, las uniones de parejas del mismo sexo y la libertad religiosa.

En busca de la aprobación del alto clero y para captar el “voto católico”, los candidatos colocaron como moneda de cambio los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y los derechos de las personas homosexuales, denunciaron organizaciones civiles.

Ante la “fragilidad del Estado laico” alarma que quienes pretenden gobernar el país “se arrodillen” frente a la cúpula clerical, que insiste en mirar a las mujeres como incapaces de decidir sobre sus cuerpos y vidas para mantenerlas en “cautiverio”, acusó María de la Luz Estrada, coordinadora del Programa de Violencia de Género y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

La activista añadió que con sus pronunciamientos en la CEM, Vázquez Mota, Peña Nieto y López Obrador olvidaron que “gobernar va más allá de sus creencias”.

A puerta cerrada, ante más de un centenar de obispos y arzobispos, Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), sin tapujos, rechazó el aborto legal, las uniones entre personas del mismo sexo, y se pronunció a favor de la libertad religiosa, en plena coincidencia con la agenda moral que pretende imponer la Iglesia como política pública en el país.

En el pleno de la CEM, la panista enunció categórica: “Estoy en contra del aborto”; “yo vengo de un matrimonio conformado por un padre y una madre, por un hombre y una mujer. Es el único matrimonio que conozco y el único que defenderé”.

La imposición de una “moral única” (la católica) en un Estado plural y diverso, como México, representa un acto violatorio a los Derechos Humanos (DH) de la ciudadanía que no comparte tales dogmas religiosos, a pesar de profesar esa religión, advirtió en conferencia de prensa Julián Cruzalta, teólogo asesor de CDD.

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Católica realizada en 2010, el 64% de la feligresía rechaza la intervención de la Iglesia en políticas públicas, particularmente las relacionadas con los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la abanderada panista parece ignorar la opinión de las mayorías y el respeto a los derechos humanos. Su posición se asemeja a la que ayer adoptó Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al pronunciarse sobre estos temas en la CEM.

El representante del PRI, alineado, se pronunció en contra del aborto legal y a favor de la libertad religiosa, aunque omitió su posición acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Contradicciones

Sin reparo, los dos aspirantes cayeron en contradicciones en su intento por ganar el aval de la CEM. Aunque rechazaron categóricamente que las mujeres accedan al aborto legal, Vázquez Mota y Peña Nieto dijeron que se oponían a que fueran criminalizadas.

Su oposición sobre el aborto no sorprende: Entre 2008 y 2010, la mancuerna PRI-PAN posibilitó la penalización de la interrupción del embarazo en 17 entidades federativas. Argumentaron que la vida debe de protegerse “desde la concepción-fecundación”.

Lo inquietante es que simultáneamente rechacen la criminalización de las mujeres, cuando las reformas a las constituciones locales que aprobaron mantienen presas a ciudadanas por interrumpir un embarazo en al menos 11 estados del país, según datos de la organización guanajuatense Las Libres.

“Yo estoy a favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres sólo por el hecho de que decidieron interrumpir sus embarazos”, refirió el candidato del tricolor.

Pese a sus divergencias, PRI y PAN nuevamente coincidieron en su apoyo a la libertad religiosa, la cual implicaría cambios constitucionales que permitirían la instrucción religiosa en las escuelas públicas, que la cúpula clerical adquiera medios masivos de comunicación, y que sus representantes ocupen cargos públicos.

Contrario al respaldo expresado por Vázquez Mota y Peña Nieto a esta iniciativa, 70% de las y los feligreses no están de acuerdo en que ministros de culto ocupen cargos de elección popular; 67% se rechazan que opinen sobre asuntos políticos, y 66% se oponen a tengan medios de comunicación.

Izquierda a modo

En tanto, el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una cómoda posición y guardó silencio ante un escenario de violación a los derechos de las mujeres y de las parejas del mismo sexo, así como de la transgresión de la laicidad del Estado mediante la “creciente” injerencia de la jerarquía católica en política.

“De convertirme en jefe de Estado yo no voy a ser autoritario, no voy a imponer nada. Estos temas delicados los someteré a consulta popular”, dijo el representante del Movimiento Progresista el miércoles pasado durante su intervención ante la CEM.

Abundó: “Yo seré muy respetuoso del Poder Legislativo y del marco legal. Para llevar a cabo esas reformas en materia de libertad religiosa es necesario realizar antes las consultas pertinentes.”

Con ello, López Obrador “olvidó” que los derechos humanos se reconocen y se respetan, no se ponen a consulta ciudadana, señaló el exlegislador Alfonso Suárez del Real, integrante de la organización República Laica.

Criticó que la comparecencia de los candidatos ante el Episcopado Mexicano se haya efectuado luego de que Felipe Calderón y los aspirantes se postraron ante el Cristo Rey del Cubilete, en Guanajuato, durante la visita del Papa Benedicto XVI, a quien también rindieron pleitesía.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, llamó a quienes aspiran a gobernar el país a tener presente la reforma constitucional que garantiza en la constitución la progresividad de los derechos humanos.

El compromiso de los aspirantes presidenciales debe estar encaminado a garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las parejas del mismo sexo. En este sentido, deben responder “¿Qué van a hacer para cerrar la desventaja que afrontan estos grupos?”, cuestionó el activista.

En principio, abundó, están obligados a respetar la laicidad del Estado, ya que “sólo en un Estado laico son posibles los Derechos Humanos”.

 

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