OAXACA, Oax. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “revocó” las órdenes de aprehensión libradas en contra de cinco excolaboradores de Ulises Ruiz, acusados por ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado. De esta forma, se cancelan las órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 105/2011en contra del exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando González García, y los excoordinadores de Comunicación Social, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls. El juez segundo de lo penal, Andrés Manuel Jiménez Méndez, sobreseyó el martes 17 cuatro juicios de amparo concedidos a los exfuncionarios acusados del daño patrimonial de 495 millones de pesos. Es decir, la querella presentada por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández; el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el jurídico Víctor Hugo Alejo Torres, presenta deficiencias, razón por la que se resolvió revocar las órdenes de aprehensión. El juzgador resaltó: “Se revoca la orden de aprehensión librada en contra de Miguel Ángel Ortega Habib, Fernando González García, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, como probables responsables en la comisión del delito de ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, ambos en perjuicio del erario y de la sociedad, aparta del de peculado”. Asimismo, “se revoca en el caso de Raúl Castellanos como probable responsable de la comisión de los delitos de usurpación de funcionesy falsificación de documentos”. El juez Jiménez Méndez informó, mediante oficio, al juez tercero de distrito su determinación de sobreseer los juicios de amparo 1334/2011, 1503/2011, 1576/2011 y 1567/2011. Cabe mencionar que en la PGJE sólo existen dos querellas, una relacionada por el peculado en el área de Comunicación Social y otra por el caso de Caminos y Aeropistas de Oaxaca. Sin embargo, la contralora Woolrich Fernández informó, en diciembre pasado, que al concluir 45 auditorías detectaron un daño patrimonial de más de 4 mil millones de pesos.