A Regina Martínez HUÉCATO, Mich. (apro).- Los casi 700 habitantes de esta comunidad ubicada en la zona serrana de la entidad se debaten en la miseria, olvidados por los gobierno federal, estatal y municipal, y estigmatizados por sus presuntos vínculos con el narco y la guerrilla. Uno de ellos, Valdemar González, comenta, desilusionado: “No aparecemos en ningún padrón del gobierno, vamos ni en el del pago del impuesto predial, sólo en el padrón del IFE”. Los comuneros sobreviven de cortar leña y, los más afortunados, de pastorear borregas, chivos y vacas, pues los programas nunca llegan, se quedan en los cajones de los gobiernos, como ellos mismos dicen: “Nosotros, todos los habitantes, somos parte de esos archivos muertos”. Los más ancianos recuerdan que hace años había prosperidad y que llegaban a ganar hasta 10 mil pesos diarios por la venta de la madera. Sin embargo, cuando los montes se acabaron y se fue también la bonanza. De calles polvorientas y mal trazadas, Huécato se localiza en el municipio Chilchota. Los servicios públicos son inexistentes: no hay agua potable, no hay drenaje, no hay servicios de salud y, mucho menos, escuelas. Con apenas 698 habitantes --344 varones y 354 mujeres, Huécato tampoco existe en los censos oficiales. Ellos mismos lo atribuyen a que los consideran como una extensión de la comunidad indígena de Tanaquillo. “Ninguno de nosotros tenemos certificados o títulos de propiedad, menos escrituras o papel alguno. Ansina de palabra los terrenos son nuestros, nos los han dejado nuestros padres, a ellos sus abuelos y así”, dice Salvador Jasso, quien está encamado en el hospital civil de Morelia, esperando la muerte o la ayuda del gobernador priista Fausto Vallejo, pues su enfermedad lo dejó sin nada. Con la mirada clavada en los cerros pelones, que antes eran montes con pino y encino, agrega: “Son más de 20 mil hectáreas en disputa y los focos rojos se concentran entre las comunidades de Pamatácuaro-Tarécuato; Ocumicho-Tangancícuaro; San Francisco Ichán-Tacuro; Paracho contra pequeños propietarios; Urapicho-Cocucho; Santa Cruz Tanaco-Cherán, y Tanaquillo-Huécato”. Desencuentros La tarde del 7 de junio de 2002, en el camino de terracería que conduce a Chilchota, los comuneros se encontraron con una partida de militares, y se desencadenó un tiroteo, en el que cayeron abatidos Amador González, de 35 años, y Ramiro Chavira, de 27. Por el lado de los soldados perdieron la vida el cabo Felipe León Cristóbal y el soldado Pedro Alonso Gabriel, mientras que José María Balderas resultó lesionado. Por la noche, un grupo de habitantes de Huécato se dirigía a recoger a sus muertos cuando el pueblo fue invadido por fuerzas federales, quienes dispararon sin ton ni son y dieron muerte a Juan Jasso Sola, de 44, y los hombres se fueron a los montes. A las mujeres cubiertas con sus rebozos y en la penumbra, los militares las “confundieron con guerrilleros del EPR” y dispararon sus armas en todas direcciones. Se reportaron diez desparecidos, entre ellos un niño de 10 años. El entonces subprocurador regional de Zamora, Jaime Castro López, aseguró que la línea de investigación más fuerte fue la del robo de madera y la tala clandestina. Por su parte, los habitantes de esta comunidad aseguraron que no son narcotraficantes ni miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Felipe Ixta Medina, entonces alcalde de Chilchota, perteneciente a la región purépecha de los Once Pueblos, aseguró que él no "les echó a los soldados", aunque todas las comunidades saben que los de la ranchería de Huécato desde hace años se dedican al robo de madera. Además, dijo que pertenecen a su comunidad los bosques de donde los comuneros extraen ilícitamente la madera, ya que desde hace años los de Huécato acabaron con sus bosques. Sin embargo, abundó, la gente de Huécato también responsabiliza al representante de bienes comunales de Chilchota, Rafael Bautista, de haber llamado a los militares. "Nosotros no fuimos, fue una casualidad, incluso se ha informado que los soldados andaban en otra encomienda. Lo que le pedimos a la gente de esa comunidad es que reflexione y que ya paren los problemas, que se les han complicado porque actúan al margen de la ley." El entonces subprocurador Jaime Castro señaló que además de la línea de investigación sobre tala clandestina, se trabajaba en una posible relación con el narcotráfico. Aunque acotó que era poco probable que se tratara de un conflicto de esa naturaleza, ya que carecían de algún reporte sobre sembradíos de estupefacientes en la región. La marginación De las aproximadamente 178 viviendas, 20 tienen piso de tierra y unas 26 cuentan con una habitación. Al menos 163 disponen de instalaciones sanitarias, el resto no. Sólo hay una computadora, en la jefatura de la tenencia, pero no la saben usar; 46 habitantes dijeron contar con una lavadora y 154 con televisión. Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca que “aparte de los 47 analfabetos de 15 y más años que existen en la comunidad, cinco jóvenes de entre 6 y 14 años no asisten a la escuela”. De la población mayor a 15 años, unos 48 carecen de escolaridad, 282 la tienen incompleta, 90 tienen formación básica y sólo 15 cuentan con una educación posbásica. Eliezer Elías Jasso, comisariado de bienes comunales, dice que el Procampo sólo les llegó una vez, de 1986 a 1987, y jamás regresó. Los habitantes viven, incluido 30% que recibe remesas, de la siembra de maíz y leña y un poco de pastoreo. “Invitamos al licenciado Fausto Vallejo y a su equipo para que se den una vuelta a esta población y constaten las condiciones en las que vivimos”. Descarta asimismo que los comuneros tengan vínculos con el EPR o cualquier otro grupo guerrillero. Por otra parte, el dirigente de la Nación Purépecha, Abundio Marcos Prado, apuntó que espera que lo ocurrido en Chilchota no sea un pretexto para militarizar la región. Traería graves consecuencias, dice, para la estabilidad política y gobernabilidad de la región. Indica que el problema de tala clandestina se debe a la miseria en que viven cientos de familias indígenas, y a la mala administración de gobiernos anteriores que se olvidaron de atender las causas que generan la miseria extrema. A lo largo de los últimos años, en Huécato se han promovido proyectos de desarrollo alternativo, “como una trituradora de grava y arena, viveros florícolas y plantaciones de brócoli”. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente y discontinua, como recuerda el también migrante y cultivador de orquídeas en Estados Unidos, Jesús Zamora Rubio, presidente de la organización Flores de Huécato. El principal obstáculo, advirte, ha sido el conflicto agrario que los comuneros mantienen con el núcleo de Tanaquillo, el que reclama la totalidad de tierras del pueblo serrano. Desde décadas ha sido un foco rojo. Los habitantes aseguran que son gente pacifica, pero desafortunadamente por ahí pasa mucha gente de fuera y ellos son los culpables de los ilícitos: “El 2 de marzo pasado, algo así como a las ocho de la mañana, bajaron por la calle Vicente Guerrero, la principal, varias Hummer del Ejercito, y a un lado del templo estaban unos compas durmiendo. Una mujer grito ‘¡soldados!’ y, cuando vieron a los verdes, corrieron y los militares empezaron a tirar plomazos. “Los tipos corrieron y a uno le dieron en una pierna, llegaron y lo remataron; al otro también le dieron y lo mismo; otros se alcanzaron a pelar por la sierra”. La versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo consignó que dos presuntos delincuentes murieron en un “enfrentamiento”. La versión oficial destaca que en los momentos en que los militares realizaban patrullajes por la Meseta Purépecha, se dieron cuenta de que en la comunidad de Huécato circulaba sobre la carretera un convoy de cuatro camionetas con sujetos armados a bordo. “Los delincuentes, al percibir la presencia de los soldados, imprimieron mayor velocidad a sus unidades para darse a la fuga, iniciándose una persecución con dirección al lugar conocido como Cerro Grande, hacia la comunidad de Huécato, en donde descendieron de las unidades y se dieron a la fuga. “Cuando los militares entraron a la comunidad de Huécato ya los esperaban más sujetos armados en otras tres camionetas, por lo que se inició un enfrentamiento en la esquina de las calles Vicente Guerrero y Madero, cayendo en ese momento dos de los agresores sin vida, uno de ellos de aproximadamente 28 años de edad, mientras que el otro traía entre sus ropas una identificación a nombre de Santiago Morales Serrano, de 30 años, originario de Petatlán, Guerrero, asegurándoseles dos armas largas y dos pistolas calibre .38 súper. “En el lugar, el personal de la Sedena confiscó una camioneta Ram doble cabina, color guinda, con placas de circulación JHL-38-62, de Michoacán, una Grand Cherokee blanca, de reciente modelo, matrícula 259-XZW del Distrito Federal, una Nissan Pathfinder color arena, placas HWU318, del estado de California, Estados Unidos, así como una camioneta Ford Escape gris, placas PGZ-87-37 de esta entidad federativa, cuyas unidades presentaban impactos de arma de fuego en toda la carrocería”. Los habitantes denuncian que la incursión de fuerzas federales es continua y constante. Casos de pobreza Eva Mercado, que vive en una casa de cuatro metros cuadrados, denuncia que el gobierno de Felipe Calderón le quitó la ayuda de Oportunidades, por la que recibía 200 pesos cada dos meses. La razón, porque ya “vive mejor”. Ahora cuenta con una casucha de madera con láminas de cartón, donde tiene cocina y horno para hacer pan cada ocho días y dormitorio. Evangelina González trabaja desde años barriendo la placita del pueblo y por esa labor le pagan mil cien pesos quincenales; es viuda, con hijos y sorda; le urge un aparato auditivo, pero nadie la ayuda. Alfredo Ramírez, de 63 años, también es sordo y padece de toroides, no tiene dónde vivir y sobrevive de la ayuda que le da la gente. Adelaida Mercado, de 46 años, padece del corazón, no puede caminar y los medicamentos y consultas hacen trizas su economía, y así se suman los casos en esta comunidad. Huécato es un pueblo más de Michoacán, sumido en la miseria y el abandono oficial.