MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó este miércoles a Napoleón Gómez Urrutia contra la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para otorgarle la toma de nota como secretario general del sindicato minero para el periodo 2008-2013. Con tres votos contra uno, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que fue ilegal la resolución de la dependencia que encabeza Rosalinda Vélez, ya que ésta carece de facultades para verificar si Gómez Urrutia reunía los requisitos de elegibilidad previstos en los estatutos del sindicato minero. Según la STPS, Napo no cumplía el requisito de acreditar que había sido trabajador de planta sindicalizado de alguna empresa del sector minero metalúrgico, por lo menos durante los cinco años previos a su elección. Asimismo, argumentó que Gómez Urrutia se encontraba prófugo de la justicia en Canadá al enfrentar diversas órdenes de aprehensión por un presunto fraude de 55 millones de dólares. Pese a ello, la SCJN resolvió que “se otorga el amparo para el efecto de que el director general de Registro de Asociaciones de la STPS deje insubsistente la resolución de 24 de junio de 2008, emitida en el expediente 10/670, y en su lugar emita otra, en la que tomando en consideración lo establecido en el considerando cuarto de esta ejecutoria, resuelva atendiendo la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte”. La jurisprudencia, aprobada el año pasado, destaca que la única facultad de la STPS es la de cotejar las actas de la asamblea sindical con los estatutos para ver si se cumplieron las etapas para la elección de dirigentes, pero que no puede hacer pronunciamientos o juicios de valor sobre irregularidades, pues ello compete a los tribunales laborales. Así, lo más probable es que el amparo llevará al otorgamiento de la toma de nota, pues el presunto incumplimiento de requisitos de elegibilidad por parte de Gómez Urrutia era el único argumento de la STPS para negarla, ya que la propia dependencia reconoció que la convención sindical en la que fue electo se desarrolló de acuerdo con los estatutos. “Al revisar las actas, la autoridad administrativa no puede intervenir efectuando indagaciones del proceso electoral, como hizo en el caso que se examina”, se agrega en el fallo, que también desecha el argumento de que Gómez Urrutia no gozaba de sus derechos por estar prófugo en Vancouver desde 2006. Con esta sentencia es la segunda vez que Gómez Urrutia derrota en tribunales a la STPS, pues en abril de 2007 un tribunal colegiado de circuito ordenó reconocerlo como secretario general para el periodo 2003-2008, luego de que la autoridad laboral indebidamente otorgó toma de nota al disidente Elías Morales, en febrero de 2006. El caso también revela la actitud cambiante del gobierno ante el sindicato minero, pues en agosto de 2000, aún durante el sexenio de Ernesto Zedillo, la STPS negó la toma de nota a Gómez Urrutia precisamente porque no acreditó ser miembro de ese gremio. Sin embargo, en noviembre de 2001, ya en el sexenio de Vicente Fox, la misma dependencia cambió de opinión y le otorgó la toma de nota, situación que cambió dramáticamente en 2006, cuando se reconoció al grupo disidente y Gómez Urrutia huyó del país por la acusación de fraude.