MÉXICO, D.F. (apro).- Al rememorar el sexto año de la represión contra habitantes de San Salvador Atenco, organizaciones sociales, así como mujeres abusadas sexualmente por policías, advirtieron sobre los riesgos para el país en caso de que el priista Enrique Peña Nieto gane las elecciones presidenciales de julio próximo. En la presentación del libro Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, compilado por el Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las 47 mujeres ultrajadas entre el 3 y 4 de mayo de 2006, Edith Rosales, consideró que un eventual triunfo del exgobernador mexiquense abriría la puerta a “un periodo de mayor represión para los movimientos sociales”. Rosales coincidió con Italia Méndez, otra de las mujeres agredidas hace seis años, en que “es vital recordar los nombres” de personajes como Peña Nieto, así como Vicente Fox, en cuyas administraciones ocurrieron los hechos represivos por los que 207 personas fueron detenidas en San Salvador Atenco. En rueda de prensa, las activistas destacaron que pese a que Peña Nieto y Fox tuvieron responsabilidad política en la represión, ambos contaron con la protección del presidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno no hubo justicia para las mujeres agredidas. El libro recoge los testimonios de Edith e Italia, dos de las 11 mujeres que llevaron su queja hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las mujeres también alertaron sobre la “mano dura” del priista Peña Nieto, aunque reconocieron que la respuesta que dio a los movimientos sociales en el Estado de México forma parte de una “política global de criminalizar la protesta social”. Después de enumerar los intentos fallidos de encontrar justicia en México, la abogada Jacqueline Sáenz Andujo subrayó que, en el litigio ante la CIDH, “el Estado mexicano tiene una estrategia de dilación”. Al parecer, abundó, “lo que se pretende es que la resolución de fondo de la Comisión Interamericana no se cruce con el proceso electoral”. Y recordó que la impunidad alrededor de las torturas sexuales inflingidas en 2006 a las mujeres de Atenco forma parte del incumplimiento de los compromisos del exgobernador mexiquense. “Antes de que Peña Nieto dejara su gobierno, el procurador Alfredo Castillo se comprometió a resolver el caso de las mujeres de Atenco pero, hasta ahora, los dos únicos policías estatales procesados por actos libidinosos y abuso de autoridad, ya fueron absueltos”, aclaró Sáenz Andujo. Cabe recordar, puntualizó, “que el hecho de que el 2 de noviembre del año pasado la CIDH haya dado entrada al caso, implica un reconocimiento de que el Estado mexicano cometió graves violaciones a los derechos humanos en Atenco, y que las víctimas no han encontrado ni justicia ni verdad”. Alberto Herrera, director en México de Amnistía Internacional (AI), organización que lanzó una campaña de apoyo a las mujeres de Atenco, puntualizó que “sin soslayar” la responsabilidad de Peña Nieto en los abusos cometidos en los actos de represión, “lo cierto es que en México la falta de acceso a la justicia es una falla estructural, que forma parte del sistema de procuración y administración de justicia”. Sin embargo, acotó, “si bien los gobernantes se van y entran otros, quienes permanecen en las procuradurías son los que prolongan estos procesos dejando a las víctimas sin acceso a la justicia”. El representante de Amnistía sostuvo que en el proceso electoral que concluirá el próximo 1 de julio “debe recordarse que hay deudas pendientes en materia de derechos humanos que no fueron saldadas en estos seis años, convirtiendo este periodo en un sexenio perdido”. La gestión de Calderón, acusó, “puso a la impunidad como su máximo símbolo, y no se trata de fallas técnicas o de pericia de ministerios públicos, sino de una práctica sistémica”. Herrera resaltó que hasta ahora los funcionarios responsables de las agresiones “siguen libres, sin rendir cuentas, mientras una vez más las víctimas tienen que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos en busca de justicia”. Durante estos seis años, denunció, “no bastaron cinco condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para corregir el rumbo”. El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, añadió que la “impunidad está enquistada en la política de Estado en México”, pero que la lucha de las mujeres e integrantes del movimiento de Atenco ha ido transformando esa realidad. Recordó que la reciente aprobación del protocolo de uso de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad pública y militar, “fue una recomendación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando analizó las violaciones cometidas en Atenco”. Marroquín remarcó el papel jugado por las mujeres que mantienen su demanda contra el Estado mexicano, pues ellas “se han convertido en un ejemplo de resistencia en estos últimos seis años”. Por último, la coautora Rosalva Aída Hernández, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sugirió a los abogados del Prodh “colectivizar” el litigio que se sigue en el sistema interamericano por el caso de Atenco, “porque si sólo se litiga por ganar un caso, sin trascender en los movimientos sociales, no hay una total reparación del tejido social”. Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia es prologado por Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997; el texto también contó con colaboración de Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); de Clemencia Correa, Académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (IACM); Martha Figueroa Mier, defensora de derechos de las mujeres indígenas en Chiapas, y Valentina Rosendo Cantú, indígena guerrerense abusada por militares en 2002.