Financiamiento fiscal de la educación pública

Financiamiento fiscal de la educación pública
Manuel Pérez Rocha
El financiamiento de la educación —de educación pública, se entiende— es nuevamente motivo de discusión Funcionarios públicos, patrones y representantes universitarios han vertido en los últimos meses sinnúmero de declaraciones sobre este asunto; destacan entre ellas las de los gobernadores Pedro Zorrilla y Héctor Mayagoitia hechas el pasado mes de noviembre durante la ceremonia de inauguración de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas
Según dichos gobernantes “los 31 gobernadores del país realizaron un estudio, y lo presentaron al presidente Echeverría, en el que proponen que se reestructure el sistema educativo nacional para democratizarlo —en todos sus niveles—, con el objeto de que quienes tengan con qué pagar su preparación lo hagan, y bien, a fin de impedir que la mayoría de los presupuestos —federales y estatales— se destinen en su mayoría a la educación, y para poder de esta manera incrementar el desarrollo de las entidades” (¡el desarrollo nacional depende de las colegiaturas!)
El estudio “realizado por los 31 gobernadores” (la nota periodística en que se publican las declaraciones señala que la comisión que realizó el documento estuvo integrada por los gobernadores Zorrilla, Mayagoitia y Ducoing) no ha sido dado a conocer a la opinión pública, sin embargo en las declaraciones publicadas se expresan los criterios que sobre el problema han sido discutidos largamente
No hay novedad en los argumentos con los que pretende apoyarse su proposición, la cual implica una reforma al artículo tercero constitucional pues éste establece categóricamente que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita” (fracción VII) Se argumenta, por una parte, la insuficiencia de recursos del Estado y, por otra, el propósito de practicar la “justicia distributiva”, “la necesidad de que quienes poseen dinero paguen su preparación, porque no pude tratarse igual al que tiene que al que no tiene que quienes no tengan recursos económicos de ninguna especie estudien sin cargo alguno, porque resulta injusto que las clases menos pudientes subvencionen a los que tienen mucho”
Respecto a las restricciones financieras del Estado los declarantes se limitaron a mencionar cifras que a pesar de que pretenden impresionar no tiene significado alguno: en seis años el número de educandos será de 16 millones a 26 millones (1982) y en dicho año se requerirán 160,000 millones de pesos para la educación, “por lo que será imposible al Estado —concluyen— seguir subvencionándola como hasta ahora ha ocurrido” ¿Por qué será “imposible”? ¿a cuánto crecerían para ese año los ingresos del Estado, aun cuando se conservara el actual raquítico e ineficiente aparato fiscal?, ¿a cuánto podrían ascender si se llevara a cabo la reforma fiscal que haga salir al Estado mexicano de su condición de uno de los más pobres del mundo? ¿no falta algo en la “lógica” de los gobernadores?
Al no abordar estos aspectos los gobernadores y proponer sí, en cambio, la intervención directa de la iniciativa privada en al educación pública se ponen objetivamente del lado de quienes combaten los gastos sociales del Estado y pueden la “privatización” de muchas de las actividades que éste realiza, se ponen del lado de quienes no pueden soportar la existencia de actividades que escapan al comercio, al criterio mercantil, al toma y daca ventajoso del que viven
En el fondo, amén de los aspectos prácticos y políticos que suponen las medidas con las que pretende sustituirse el sostenimiento público de la educación pública, hay varias cuestiones ideológicas y cabe señalar la capacidad que tiene la burguesía para adaptar su ideología a cada situación concreta en función de sus intereses
La intervención de la “iniciativa privada” pretende justificarse porque ésta se ve beneficiada con los egresados de la educación y ésta debe ser pagada por quien la recibe porque le significa un bien personal, individual, privado La educación pública, la que imparte el Estado, se entiende pues como la instrucción que puede entrar al proceso de compraventa y ya no como el “desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano”, el “fomento del amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, la “comprensión de nuestros problemas”, la “defensa de nuestra independencia política”, la “convicción del interés general de la sociedad”, y tantas otras lindezas no comerciables que defendió la burguesía “revolucionaria” de las últimas décadas
Sobre la pretensión de propiciar la “justicia distributiva” cobrando más colegiaturas al que más dinero tiene apenas es necesario señalar el propósito ideológico, demagógico atrás de dicha proposición ¿En qué proporción contribuirán las colegiaturas a borrar las injusticias sociales de este país?, ¿qué proporción del ingreso percibido por los más ricos pasaría a los sectores de ingresos más bajos?, ¿dejarían con eso de subvencionar las clases menos pudientes a los que tienen mucho? ¿cuánto tiempo les tomaría a “los que tienen mucho” accionar los mecanismos que les permitirían compensar esta carga?
La “contribución” de la “iniciativa privada” a la educación pública es indispensable, debe exigirse, pero para recabarla y para aplicarla están el aparato fiscal del Estado y los órganos gubernamentales (Congreso de la Unión, Ejecutivo Federal, congresos locales, ejecutivos estatales, etcétera) Si no cabe esperar de este aparato estatal la implantación de justicia, sin embargo defender y hacer valer tales inventos de la democracia burguesa es apremiante cuando las fuerzas más reaccionarias pretenden reemplazarlos con estructuras abiertamente corporativas

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