COLIMA, Col. (apro).- Con un aumento de 70% en el monto de su deuda pública en el último año, Colima se colocó en el séptimo lugar nacional entre los estados con mayor porcentaje de crecimiento de sus pasivos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondientes al periodo de diciembre de 2010 a diciembre de 2011. El aumento del endeudamiento de Colima prácticamente triplicó la media nacional registrada en ese año, que fue de 24%, al pasar de 314 mil 664 millones de pesos en 2010 a 390 mil 777 millones a finales de 2011. En cuanto a los estados, el primer lugar fue ocupado por Zacatecas, que en ese lapso elevó su deuda en 443%, seguido por Coahuila, con 341%, y Campeche, con 207%. Después de esas entidades se colocaron Morelos, Nayarit y Chiapas, mientras que entre los estados que redujeron su deuda destacan Sonora, Baja California Sur, Guerrero e Hidalgo. Al cierre de 2010, el gobierno estatal y los municipios de Colima tenían registrada una deuda de mil 303 millones 900 mil pesos, y un año más tarde la cifra había ascendido a 2 mil 223 millones de pesos, de acuerdo con el documento “Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios”, de la SHCP. En comparación con el volumen de su población reportado en el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Colima ocupa el lugar número 12 entre los estados con la deuda pública per cápita más alta, al registrar un adeudo de 3 mil 417 pesos por habitante. El primer lugar lo tiene Coahuila, con 13 mil 283 pesos, seguido de Quintana Roo, con 9 mil 826 pesos; Nuevo León, con 8 mil 292; Distrito Federal, con 6 mil 353, y Sonora, con 5 mil 267 pesos por habitante. El doctor Juan Flores Preciado, profesor investigador de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, consideró grave que en el caso de Colima la deuda pública del gobierno estatal y los municipios se haya incrementado en alrededor de 920 millones de pesos tan sólo en el último año, es decir en 70%. En entrevista, el académico comentó que un endeudamiento de esa magnitud sólo se justifica si los recursos son destinados para obras de infraestructura, porque lo que no sería viable es que el gobierno se endeude para solventar gasto corriente o para pagar otras deudas. En noviembre pasado, el Congreso local autorizó al gobierno del estado contratar un endeudamiento por hasta 1 mil 200 millones de pesos, para varios fines, entre ellos la reparación por daños ocasionados por el huracán Jova, pero según el secretario de Administración y Finanzas, Jesús Orozco Alfaro, sólo se hizo uso de 900 millones de pesos. El dictamen no contó con el apoyo de todos los diputados locales y algunos legisladores de oposición externaron sus dudas en el sentido de que los recursos podrían ser utilizados por el gobierno estatal para apoyar a su partido en el proceso electoral de este año. De acuerdo con Juan Flores, “al menos lo que yo percibí, no hubo consenso para ver si se justificaba esta nueva deuda; se manejó prácticamente de la noche a la mañana, no sé cuál hubiera sido la urgencia, pero por parte de la población no fue bien visto ese endeudamiento”. Lamentó el hecho de que no exista transparencia en el manejo de las cuentas públicas del gobierno estatal, pues ni siquiera todos los diputados tienen acceso a la información detallada de las finanzas públicas. “Los mismos diputados piden información a las autoridades y no se las dan, entonces los ciudadanos tenemos menos posibilidades de pedir cuentas, pero definitivamente debe haber un mecanismo que permita que eso sea más transparente”, puntualizó. Flores dijo que aunque en teoría los legisladores son representantes de la sociedad, cuando se encuentran en el poder muchas veces toman decisiones en función de los intereses de sus partidos, no de la población.