MÉXICO, D.F. (apro).- El representante en México de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera Aragón, emplazó a los candidatos a la Presidencia a poner en el centro del debate la defensa de los derechos humanos y el replanteamiento de la lucha contra el narcotráfico. En la presentación del Informe 2012. El estado de los derechos humanos en el mundo, específicamente el capítulo sobre México, Herrera Aragón manifestó la preocupación de AI por “la ausencia de los derechos humanos en el debate electoral”. Antes, destacó que la “deuda acumulada” del Estado mexicano en esa materia “tiene proporciones de escándalo”. En el acto participaron el director y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y Vidulfo Rosales Sierra, quienes denunciaron las amenazas de muerte recibidas por este último que lo orillaron a abandonar el país ante la falta de garantías para realizar su trabajo. Luego de recordar que el año pasado murieron unas 12 mil personas a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, el activista comentó que, a 37 días de la jornada electoral, aún hay tiempo para que los candidatos “incluyan, en sus proyectos de gobierno, reformas y política cruciales que contribuyan a poner fin a la gravísima situación que enfrenta el país”. A seis meses de que concluya el sexenio, Alberto Herrera criticó que, al declarar la guerra a los cárteles del narcotráfico, Felipe Calderón “no haya tomado precauciones para evitar violaciones a derechos humanos, que eran previsibles desde el momento en que decidió lanzar a las calles a 50 mil militares, y garantizar que si esto llegara a ocurrir, esas agresiones no quedaran en la impunidad”. Para el defensor “definitivamente tiene que haber un replanteamiento de la estrategia de seguridad, el cual tiene que partir del retiro progresivo de las fuerzas armadas, a mediano y corto plazos, así como llevar a juicio, en el fuero ordinario, a los militares violadores de derechos humanos, pues la impunidad es el campo fértil para que los abusos se propaguen como fuego con pólvora en este país”. En el capítulo dedicado a México, AI documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidos en 2012, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a miembros de las fuerzas armadas. Asimismo, documentó torturas, ataques a defensores y periodistas y abusos a comunidades indígenas. También declaró como presos de conciencia a dos defensores del agua: José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz. En la presentación del reporte, el defensor de pueblos indígenas Vidulfo Rosales denunció que emigrará a Estados Unidos luego de recibir amenazas de muerte. En entrevista con apro, Rosales Sierra contó que desde 2009 él y su familia recibieron advertencias para que abandone su labor de defensa, pero que en ese momento desestimó los mensajes porque “se daban en un contexto en que todos los integrantes de Tlachinollan éramos perseguidos y hostigados”. Reconoció que desde ese año a la fecha, Tlachinollan interpuso 19 denuncias por amenazas y hostigamientos, pero “ninguna ha prosperado, y de hecho esas denuncias fueron fundamentales para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretara medidas provisionales para 107 activistas”. A partir del año pasado, la cifra de beneficiarios se redujo a 80 defensores, entre ellos Rosales Sierra y el mismo director de Tlachinollan. También reveló que a partir de que tomó la representación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, agredidos por fuerzas estatales y federales el 12 de diciembre del año pasado, hechos en los que fueron asesinados dos jóvenes, “el seguimiento hacia mi persona se incrementó: el 26 de marzo, hombres armados con apariencia de judiciales me siguieron hasta las oficinas de la Red Guerrerense de Derechos Humanos en Chilpancingo, y estuvieron fuera de las instalaciones hasta que llegaron estudiantes y pude eludir el seguimiento”. Unas semanas después, bajo la puerta de la oficina de la Red Guerrerense, desconocidos deslizaron una advertencia anónima, que por las circunstancias anteriores “fue tomada en serio, y decidimos que no había condiciones para que se pudiera continuar el trabajo de defensa sin correr riesgos, por eso es que abandono el país, en espera de que se realicen las investigaciones pertinentes”.