GINEBRA (apro).- Las detenciones arbitrarias en Cuba “contra elementos políticos hostiles al régimen” pueden durar hasta una semana, las llevan a cabo diferentes organismos de seguridad del Estado y habrían sido 2 mil 400 en lo que va del año, unas 420 sólo en el pasado mes de marzo. Así lo denunció el Comité de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes ante el que Cuba compareció la semana pasada en Ginebra. La acusación –negada en forma unánime por los delegados cubanos-- fue pronunciada por dos de los diez expertos independientes de diferentes nacionalidades que componen este Comité: la noruega Nora Sveaass y el español Fernando Mariño Menendez. La denuncia significaría una criminalización de la protesta social, definida por la peligrosidad potencial de las víctimas, un fenomeno que hermana en la técnica represiva a la socialista Cuba con varios otros paises capitalistas latinoamericanos. Sin embargo, para el embajador de Cuba en Ginebra, Alfonso Reyes, la información es falsa y su origen abreva en agentes de los servicios de inteligencia estadunidenses que trabajan para anexar a la isla mayor del Caribe a Estados Unidos. Sveaass y Mariño pidieron asimismo a Cuba, entre otros casos, que aclarara dos muertes: la del disidente Wilman Vilar Mendoza, condenado a 4 años de cárcel, quien sucumbió el 21 de enero de 2012 tras 50 dias de huelga de hambre; y la del opositor Juan Soto García, el 7 de mayo de 2011, presuntamente abatido de manera salvaje en cautiverio. El vicefiscal general de Cuba, Rafael Pino Becquer, quien también participó en las dos jornadas de debates en Ginebra, indicó que los fallecimientos de presos en Cuba son objeto de control judicial por investigaciones de oficio, con sus debidas autopsias, y que no existió violencia en las causas esos fallecimientos. No obstante, Pino Bécquer admitió que “del 2007 a 2011 fueron atendidas en la Fiscalía 419 mil 982 personas que presentaron denuncias, quejas o peticiones”, de las cuales 263 fueron por malos tratos en lugares de detención, en razón de lo cual “resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas del orden”, castigados con sanciones entre uno y ocho años de cárcel. Durante las deliberaciones la experta de Marruecos, Essadie Belmir, estimó que la justicia en Cuba no es independiente porque no existe separación de poderes en el sistema de gobierno y los tribunales dependen de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, la estructura ejecutiva de gobierno nacional, lo que consideró que es una debilidad para prevenir y combatir la tortura. Pino Bécquer le salió al paso. Afirmó que los magistrados en Cuba obedecen la ley, existen garantías jurídicas, no existen lugares secretos de detención ni se practica la tortura. La experta de Estados Unidos, Felice Gaer, abogó por su compatriota, Alan Gross, detenido el 4 de diciembre de 2009, reiterando la petición de liberación efectuada por el expresidente James Carter. Cuba replicó que Gross fue condenado por atentar “contra el orden constitucional cubano”, supuestamente instigado por Estados Unidos, al que ha ofrecido “dialogar para encontrar una solución”, sin tener todavía respuesta. El experto de Senegal, Abdoulaye Gaye, criticó que la tortura no sea un delito que se castigue en el Código Penal de Cuba, que haya detenciones de caracter indefinido, sin plazos maximos, y requirió se le informe si un detenido puede elegir a un médico para que lo examine. Cuba reconoció que el delito de tortura no está aun tipificado como tal en su legislación. Aseguró que esta ausencia legal se va a remediar por medio de una reforma en curso y agregó que las detenciones sólo las puede llevar a cabo la policia y por 24 horas, las que pueden prorrogarse hasta 72 horas bajo orden de la fiscalía. Luego el juez procesa o libera al detenido. El experto de Japón, George Tugushi, manifestó que la situación en las penitenciarias de Cuba es de hacinamiento, malnutrición, mala higiene y propagación de enfermedades, en las que se propinan palizas a los que protestan, y se fuerza al exilio a detenidos, con penas de 5 años de carcel si no aceptan. Cuba lo desmintió. Dijo que la capacidad carcelaria es holgadamente suficiente: hoy de 57 mil 337 presos. Aseguró que las condiciones son humanamente aceptables, carentes de golpizas e intimidaciones. Los representantes cubanos no asumieron la existencia de traslados forzozos ni desplazamientos en el territorio nacional. Tampoco reconocieron el exilio interno o externo. El chileno Claudio Grossman, presidente del Comité, cuestionó el criterio de “proclividad” a cometer delito contra “la forma de vida socialista” que rige en Cuba para sostener condenas a muerte, insistiendo en la posición de la ONU en la materia, de promover su abolición. Grossman sostuvo que existen juicios sumarisimos de tres dias, sin intervencion visible de los abogados defensores, ante tribunales que han proclamado la pena capital. Cuba adelantó que espera algun día se reunan las condiciones para prohibirla, y avanzó que estudia ratificar los dos pactos fundadores de Naciones Unidas: el de los derechos civiles y politicos y el de los derechos económicos, sociales y culturales, para dejar de ser el unico país del mundo que no lo ha hecho. Además, y con ambiguedad diplomática, dejó vislumbrar que podría alguna vez ratificar las Convenciones de la ONU sobre los Estatutos de los Refugiados y de los Apátridas, adoptadas respectivamente en Ginebra, el 28 de julio 1951, y en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954.