MÉXICO, D.F. (apro).- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfredo Castillo, calificó de absurda la demanda por daños y prejuicios que Lizzette Farah, madre de la pequeña Paulette Gebara, presentó contra el gobierno estatal y que tasó en más de 531 millones de pesos. "Es un absurdo y lo que no quiero es hacerle el 'caldo de cultivo', pero si el tema se está ventilando en el derecho civil, pues nosotros haremos valer nuestros derechos ahí", advirtió. El procurador mexiquense señaló que la manera como se quiere cuantificar la demanda, “en el sentido de que (Lizzette Farah) requiere escoltas de por vida y seguridad extrema, cuando ha salido en Facebook y ha salido que se la pasa en bares todos los días y haciendo una vida social bastante amplia, nos queda claro que nada tiene nada que ver" con el caso en cuestión. Y es que los abogados de la madre de Paulette –la pequeña que murió asfixiada en marzo de 2010 y cuyo cuerpo fue hallado en un recoveco entre el colchón, la cama y el suelo dentro de la recámara donde dormía– tasaron la demanda por daños y perjuicios en contra del gobierno estatal en 531 millones 662 mil 441 pesos. Se trata, según el procurador, de mantener un nivel de vida con gastos de aproximadamente 120 mil pesos mensuales, más actualizaciones de precios, por los próximos 35 años. La demanda que interpuso Lizette Farah la semana pasada es contra el exgobernador Enrique Peña Nieto; el exprocurador Alberto Bazbaz; el procurador actual, Alfredo Castillo, y la psicóloga Sandra Yaduem Angulo, quien aseguró que la mujer tenía "características de un trastorno". En mayo de 2010, dos meses después de la muerte de Paulette Gebara Farah, el entonces procurador general de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alberto Bazbaz Sacal, informó que la niña murió “accidentalmente” en su cama, “de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias y presión torácica”, y que el cadáver permaneció en ese lugar durante los nueve días en que la buscaron. Por esa “tragedia”, dijo entonces, no se ejercitará acción penal contra nadie. Ese día, después de leer a los representantes de los medios de comunicación un reporte con las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR), Bazbaz Sacal aseguró que estaban “plenamente sustentadas y son producto de la colaboración de varias instituciones”, entre las cuales nombró a las procuradurías de Justicia del Distrito Federal y de Nuevo León, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España. El procurador dio por finiquitado el caso, no sin antes reconocer que hubo errores de la dependencia no sólo en la investigación, sino en la forma de comunicar a la opinión pública del asunto. De estas deficiencias, sostuvo, “asumo la responsabilidad institucional y personal que me corresponde como cabeza de este Ministerio Público”.