WASHINGTON (apro).- El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes del Congreso federal de Estados Unidos aprobó la acusación por “desacato” contra el procurador general de Justicia, Eric Holder, por su falta de cooperación en el caso “Rápido y Furioso”. En una votación claramente partidista, los 23 republicanos que integran el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental se impusieron a los 17 demócratas y formalizaron la acusación contra Holder. Aun cuando antes de la votación el presidente Barack Obama había invocado a su Privilegio Ejecutivo para defender a Holder, Darrell Issa, el representante republicano por el estado de California y presidente del Comité, alineó a sus colegas para que se votara y se acusara formalmente al procurador general de incumplir con los pedidos del Capitolio de entregar toda la información relacionada con “Rápido y Furioso”. Encabezados por Issa, los republicanos del Comité exigen que Holder devele todos los documentos relacionados con la operación “Rápido y Furioso”, por medio de la cual agentes federales en el estado de Arizona permitieron el tráfico ilegal supervisado de más de mil 500 armas de distintos calibres a México que finalmente terminaron en manos de narcotraficantes. Según Issa, la petición de documentos es para aclarar si algún funcionario del Departamento de Justicia sabía que la oficina en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) estaba aplicando “Rápido y Furioso” y, pese a que la operación era un fracaso, permitió que las armas siguieran llegando a México. El plan original de ATF en Phoenix era usar la operación como una especie de trampa para desmantelar a las redes del tráfico de armas. Se trataba de contratar a reconocidos traficantes de armas para hacer compras múltiples y con ello rastrear el arsenal para desmantelar a la red del trasiego. Los agentes de ATF perdieron las pistas de las armas cuando llegaron a la frontera con México, y el resultado fue totalmente desastroso. Dos de las armas traficadas por “Rápido y Furioso” están incluso involucradas en el asesinato de Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos abatido el 10 de diciembre de 2011 y, según Issa, todas las exigencias de documentos que se le hicieron a Holder eran para aclarar quién en el Departamento de Justicia podría estar involucrado indirectamente en el asesinato del agente por no detener el evidente fracaso del operativo. La apelación del presidente Obama al Privilegio Ejecutivo “se queda corto en la aportación de razones para detener el procedimiento (del desacato)”, dijo Issa al iniciar la audiencia de acusaciones contra Holder. El anuncio de la Casa Blanca llegó al Comité unos minutos antes de que iniciara la audiencia, que duró poco más de cinco horas, y bajo la apelación del fuero ejecutivo por parte de Obama para que no se entregaran los documentos solicitados por los republicanos. La intervención de Obama libra a Holder de una acusación criminal formal, cuyas consecuencias implicarían una multa de hasta mil dólares y una sentencia de hasta 12 meses de prisión. Bajo la invocación del Privilegio Ejecutivo se evita que los documentos solicitados por Issa sobre “Rápido y Furioso” sean entregados al Congreso antes de que concluya la investigación que sobre el asunto lleva a cabo el inspector general del Departamento de Justicia. En la maratónica sesión legislativa, los 17 demócratas de los 40 que integran el Comité que preside Issa, acusaron a sus 23 colegas republicanos de querer procesar a Holder por puro interés electoral y partidista. “Esta acción divisoria no nos ayuda a resolver el problema”, señaló Holder en reacción a la acusación formal que por votación le fincó el Comité que preside Issa. Los documentos que, bajo la invocación de Obama a sus derechos constitucionales no serán entregados al Comité, según Holder, contienen información confidencial que pondría en riesgo la integridad y los aspectos esenciales de la investigación interna del Departamento de Justicia. La Casa Blanca también acusó a los republicanos de querer sacar beneficio electoral al caso de “Rápido y Furioso”. En medio de la contienda presidencial que se definirá el próximo 6 de noviembre, a los republicanos y a su candidato, Mitt Romney, les conviene acusar al presidente demócrata y a su procurador general de ocultar información para presuntamente esconder la verdad de los implicados en el caso del asesinato de un agente estadunidense. Con la aprobación del cargo de desacato contra Holder en el Comité, el siguiente paso es que la acusación sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Representantes. John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos, adelantó que el caso de desacato contra Holder podría ser sometido a votación del pleno la próxima semana. La Cámara Baja del Congreso federal de Estados Unidos está compuesta por 242 legisladores republicanos y 190 demócratas, tomando en cuenta que tres de las 435 curules están vacantes. De ser reafirmado el cargo de desacato contra Holder, y tomando en cuenta que bajo la invocación que hizo Obama el procurador queda inmune a cualquier proceso judicial, el caso pasaría a manos del fiscal federal Ronald Machen, de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.).