Complacencia es la palabra más suave para describir la actuación del IFE durante el proceso que culminará el domingo 1 de julio. Prácticamente todos los partidos señalan una u otra de sus múltiples deficiencias para fundamentar su escepticismo respecto del órgano al que, optimista él, su presidente ve en cambio como garante de unos comicios sin contingencias. Su posición contrasta con  la percepción de muchos  mexicanos, y de académicos, expertos electorales y observadores extranjeros, de que la imparcialidad está en duda y que es posible incluso un fraude a escala nacional.

Justo a una semana de la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio, el Instituto Federal Electoral (IFE) no ha podido reducir el escepticismo de amplios sectores de la población en el sentido de que puedan garantizarse elecciones creíbles, justas y equitativas, con certeza en su legalidad y certidumbre en sus resultados. Es decir, sigue permeando en millones de mexicanos el fantasma de la elección presidencial de 2006, de un IFE poco transparente y eficaz, presionado –doblegado inclusive– por el gobierno federal, los partidos políticos y los poderes fácticos, en particular por el duopolio televisivo. No ha tenido, tampoco, capacidad para comunicar de manera efectiva y contundente a toda la sociedad los cambios que introdujo la reforma político-electoral de 2007-2008. Según el IFE, con estas modificaciones se hace difícil, al menos en teoría, una reedición del complejo de irregularidades e insuficiencias del proceso de 2006, las cuales llevaron a un conflicto poselectoral que puso en vilo al país. Más aún, el instituto llega a la recta final del proceso acusado por el PRI de ser muy permisivo, por lo menos en lo que toca a la propaganda política y sobre todo a la “guerra sucia” a través de promocionales de radio y televisión, que han generado encono y división en la sociedad. Carga también la autoridad electoral con el recurrente cuestionamiento del PRD –y de los otros dos partidos, PT y Movimiento Ciudadano, que también impulsan a Andrés Manuel López Obrador– sobre la poca aplicación del IFE para frenar el derroche de recursos económicos en las campañas y transparentar su origen, particularmente en el caso del priista Enrique Peña Nieto. El PAN le reclama al IFE que no haya establecido, o no la haya difundido ampliamente, una acción conjunta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR para reducir al mínimo la presencia de las viejas prácticas de compra y coacción del voto, para evitar las famosas “mareas rojas” mediante las cuales grupos de priistas movilizan y/o atemorizan a grupos de votantes, para que sufraguen en su favor. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1860, ya en circulación)