Además de los ya detenidos Ángeles Dauahare, Dowe y Escorcia, cinco militares más de alto rango están siendo investigados por la PGR debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Son los generales Antúnez Pérez, Rico Gámez, Aguilera, Rodríguez Bucio y García Ochoa; tres de ellos estuvieron al frente del Centro de Inteligencia Antinarcóticos en años pasados. Un mayor del Ejército asegura a Proceso que la SIEDO quiso obligarlo a hacer declaraciones falsas contra ellos. Se trata, aseguran fuentes de la Sedena, de una purga con miras a la sucesión dentro del instituto armado. La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cinco generales que en los últimos 12 años han ocupado puestos clave en el Ejército Mexicano. Se les indaga por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En la lista de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de los generales ya detenidos Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia están Cuauhtémoc Antúnez Pérez, jefe de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero; Roberto Aguilera, general de división retirado, titular del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) en el sexenio de Vicente Fox; Luis Rodríguez Bucio, jefe del Cian a inicios del sexenio de Calderón y actualmente comandante de la Guarnición Militar número 64 de Cancún, Quintana Roo, y el general de brigada Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de los hombres más cercanos al titular de la dependencia, Guillermo Galván Galván. García Ochoa dirigió el Cian en el sexenio de Ernesto Zedillo y se le menciona como fuerte candidato para suceder a Galván Galván al frente de la Sedena. De hecho ya ha tenido reuniones con el candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Los nombres de estos generales salieron a relucir el pasado 2 de mayo durante el interrogatorio que el agente del Ministerio Público José Francisco Rubio Salgado –de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud– le hizo al mayor Iván Reyna, recluido en el Cereso de San Juan del Río, Querétaro. Reyna está acusado de ser el pagador de la red de protección del cártel de los Beltrán Leyva dentro del Ejército, según la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010; a esa red presuntamente pertenecen también Ángeles Dauahare y Escorcia. En entrevista con este semanario realizada el pasado lunes 18, el mayor Reyna narra los pormenores del interrogatorio y sostiene que fue objeto de presiones y amenazas para hacer declaraciones falsas contra los generales mencionados. Esta versión quedó consignada en la queja folio 47014 presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 11 de mayo, de la que Proceso tiene copia. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1860, ya en circulación)